Ni las enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación, ni la necesidad de que el Estado intervenga sobre la industria alimenticia en función de ello, ni el lobby empresarial que intenta evitarlo son exclusividad de la Argentina. Varias leyes de etiquetado frontal de alimentos vigentes en la región sirven como antecedentes sobre los que poner la lupa para analizar los efectos positivos, las dificultades y las cuentas pendientes. Especialistas de Chile y de Perú, dos países pioneros en la materia en América Latina, dan su mirada sobre una iniciativa necesaria, que en la Argentina corre riesgo de perder estado parlamentario si no se trata en la Cámara de Diputados, algo que se intentó el martes último. Como es sabido, el proyecto se topó con el freno de la oposición, que decidió no dar quórum para su debate.
“La regulación se implementó bien, la gran mayoría de las industrias cumplieron, las personas comprendieron lo que significa el sello. Hoy entienden que un producto que tiene más sellos es menos saludable. Les parece bien la política y que el gobierno informe a los consumidores qué es lo que están comprando. Y en consecuencia observamos una disminución de la compra de alimentos por sellos en algunas categorías en particular, como bebidas, jugos, lácteos, galletas y aderezos. Las personas están comprando más saludablemente”, resume Camila Corvalán, directora del Centro de Investigación de Ambientes Alimentarios y Prevención de Obesidad (Ciapec) del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos (Inta) de la Universidad de Chile. En diálogo con Tiempo, agrega que “desde el lado de las industrias hubo un intento de reformulación: disminuyeron las cantidades de azúcares y sodio en los alimentos envasados. La industria es capaz de adecuarse y generar nuevos productos. Vemos un resultado positivo en diferentes aspectos”.
Corvalán formó parte de un estudio realizado junto con la Universidad Diego Portales, de Chile, y la Universidad de Carolina del Norte, de Estados Unidos, y el relevamiento sobre la primera fase de implementación de la ley reflejó que las compras de bebidas azucaradas disminuyeron un 25% y las de cereales, 9 por ciento.
Claro que el camino para llegar a esos resultados no fue fácil. La Ley de Etiquetado Frontal en Chile se sancionó en 2012, pero recién entró en vigencia en 2016, y la implementación gradual solo pudo completarse hacia 2019. “Hubo muchísimas trabas. El proceso duró años. Lo que vemos es que la industria tiene una postura muy negativa frente a este tipo de políticas, hay muchas amenazas y por eso resulta importante mostrar que cuando se implementa, no hay una catástrofe, no cae la economía, ni los empleos. Análisis posteriores de los discursos de la industria muestran que ellos mismos han cambiado su postura sobre la ley. Incluso destacaron lo que significa en términos de innovación para las empresas alimentarias”, resalta Corvalán como un factor para tener en cuenta en la Argentina.
El debate y sus efectos
Perú fue el segundo país de la región en contar con una ley de este tipo, en 2013. Recién se reglamentó en 2017 y los octógonos negros llegaron a las góndolas en 2019. Desde entonces, “se redujo el consumo de algunas categorías que antes se consideraban saludables, como yogures o cereales, muy orientados al consumo para niños”, señala Lorena Saavedra García, coordinadora del proyecto Crónicas del Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Incluso, pese a que no todos esos productos sumaron octógonos, el debate sobre el tema alimenticio tuvo un “efecto indirecto y, por ejemplo, se puso sobre la mesa que los yogures tienen alta cantidad de azúcares”.
Saavedra García formó parte de una investigación que relevó el impacto de estas medidas en las escuelas de Lima. El resultado no fue alentador, pero sirvió para diseñar más políticas relacionadas con el etiquetado y reforzar su efecto. “Encontramos que en la mayoría de los colegios (70%) se seguían vendiendo ultraprocesados y que, además, en las puertas a la salida había gran cantidad de vendedores ambulantes con estos productos. Por eso en julio de este año salió una ordenanza para Lima indicando que se prohíba la venta de estos alimentos en un radio de 200 metros alrededor de los colegios”. En Perú la educación sigue siendo a distancia en el marco de la pandemia de coronavirus, por lo que aún no pudo ponerse en práctica esta iniciativa, pero la nutricionista la considera “un avance”.
Tanto Corvalán, en Chile, como Saavedra García, en Perú, encienden una alarma con respecto a los edulcorantes. Las normativas de ambos países no contemplaron un etiquetado al respecto, y muchas de las reformulaciones de productos que hicieron las empresas tras su puesta en vigencia se basaron en el uso (y abuso) de esas sustancias. “Nunca consideramos un etiquetado para edulcorantes, y se ha incrementado el uso de maltodextrina, por ejemplo, que tiene las mismas propiedades que los azúcares pero no son consideradas como tales”, cuenta la nutricionista peruana. En la Argentina, el proyecto que espera ser tratado en Diputados sí contempla advertencias ante la presencia de edulcorantes, igual que la ley ya aplicada en México.
Tras el impulso y el efecto de las leyes de etiquetado, tanto en Chile como en Perú van por más. “El mercado de personas que buscan alimentación saludable es pequeño aquí, pero se ha visto que está creciendo. Esa es la tendencia”, destaca Saavedra García. A nivel empresarial, “hay empresas orientadas a producir alimentos sin nutrientes críticos o con menos cantidad de aditivos, que ya tenían esta orientación y ahora están aprovechando el contexto: tenemos más oferta de eso”.
Corvalán, por su parte, dice que “está en discusión si los alimentos que llevan octógonos negros deberían pagar más impuestos, para no solo advertir, sino que sean menos fáciles de comprar”.
Ambas coinciden en los efectos positivos de la medida que aquí por ahora es solo un proyecto, e instan a no bajar la guardia una vez que se apruebe: “Cuando lo logren, no dejen de monitorear”. «
Leche que no era leche
En Perú, cuando la ley de etiquetado ya había sido sancionada pero llevaba cuatro años de trabas en su implementación, un factor extra aceleró el proceso. Y puso en evidencia la urgencia de contar con este tipo de medidas informativas sobre qué se come. Fue el “escándalo de la leche”, de alcance internacional.
“Había una mezcla láctea que era muy popular en Perú como leche y se empezó a exportar a Panamá. Pero allí se rechazó, porque no era leche”, recuerda la nutricionista peruana Lorena Saavedra García. El conflicto dejó en evidencia que empresas peruanas promocionaban como “leche evaporada” productos elaborados a base de leche, soja y otros ingredientes. Tras el rechazo de Panamá, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios denunció a las compañías, y la Defensoría del Pueblo las acusó de estar “engañando” a la sociedad.
“Eso presionó para que avanzara la reglamentación” en 2017, y luego tomó otros dos años la llegada de los octógonos a las góndolas.
