A través del Ministerio de Seguridad de la Nación, el Gobierno creará un organismo «para defender los derechos humanos de los policía». Se trata de la Unidad de Garantías de Derechos Humanos, que funcionará bajo la órbita de la cartera encabezado por Patricia Bullrich.
Al respecto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, salió al cruce y criticó al gobierno nacional: «Están completamente locos, es una vergüenza lo que plantean, ¿qué quiere inventar ahora esta muchacha? Que dejen que la Policía cree un gremio, y que el Gobierno sanee de corrupción a las fuerzas, así se defiende los derechos humanos”.
En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por Futurock, la referente de Derechos Humanos pidió: «Que Bullrich no nos quiera engañar: la buena policía sabe hacer su trabajo y no necesita ninguna oficina de derechos humanos».
La iniciativa se enmarca en la idea del Ejecutivo de instalar el tema de la inseguridad en el medio de una campaña electoral en la que será duramente señalado por la situación económica.
El lanzamiento de la dependencia se dispuso a partir de la Resolución 234/2019 publicada en el Boletín Oficial, firmada por Bullrich. Entre los argumentos está «garantizar plenamente la protección de los derechos humanos de los efectivos de las citadas Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales».
La funcionaria dijo que los derechos humanos «son para todos los ciudadanos» y advirtió que hasta el momento «las fuerzas de seguridad estaban excluidas». «Debían ser garantes de la ciudadanía, algo que son, pero no eran concebidas como sujetos de este derecho», afirmó.
Bullrich habló de un «concepto inclusivo, una concepción que integra un derecho a un colectivo que estaba excluido» de estos derechos, dijo la ministra en una entrevista al diario La Nación.
El Gobierno muestra así otra señal de respaldo a la policía, después de disponer el protocolo que habilita a disparar contra sospechosos en fuga y la compra de pistolas Taser de descarga eléctrica, entre otras medidas.
Según el informe que registra casos de gatillo fácil y otras violencias del Estado desde la vuelta de la democracia, el gobierno de Macri es el que más episodios cuenta. Sólo en tres años, se dieron más de mil casos, lo que equivale a un muerto cada 21 horas.
Como cada año, la Coordinadora Contra la Represión Institucional y Policial (CORREPI) presentó el informe final de los casos de gatillo fácil y violencia institucional que se registran desde la vuelta de la democracia, puntualizando esta vez en las muertes a manos del Estado durante los tres años del gobierno de Mauricio Macri.
Con presencia de organismos de Derechos Humanos y familiares de víctimas, el informe precisó que desde 1983 se dieron 5462 casos de personas asesinadas por las fuerzas de Seguridad o fallecidos en contextos de encierro.
De ese total, 1003 se dieron desde que Cambiemos es gobierno, representando un 20 por ciento de todos los hechos.
