Esta semana, a través de uno de sus voceros, el gigante Bayer pronosticó la resolución favorable (para sus intereses) de los cerca de 19 mil juicios que enfrenta por los presuntos efectos cancerígenos del glifosato, consecuencia no deseada de la compra millonaria de Monsanto. En la Argentina, más precisamente en Río Cuarto, Córdoba, también se dirime en sede judicial una cuestión que involucra a Monsanto, aunque en el papel de damnificado: la multinacional demanda al municipio por no haberle permitido la instalación de una planta experimental en 2013, luego del fuerte rechazo de la población. «El juicio tiene una importancia simbólica muy grande, porque significa que no es fácil decirles que no», advierten.

El miércoles, el Tribunal de la Cámara Primera en lo Civil de Río Cuarto escuchó las declaraciones de la periodista Lucía Maina y el geólogo Nelso Doffo  (se espera que el biólogo Raúl Montenegro lo haga esta semana), quienes ratificaron las falencias técnicas detectadas en el estudio de impacto ambiental que Monsanto había presentado y que derivó en un decreto del entonces intendente Juan Jure, impidiendo la instalación de una planta de experimentación de semillas en el municipio.  

«Me convocan a partir de una serie de notas que publiqué, con especialistas que decían que el estudio de impacto ambiental presentado por Monsanto era inválido legalmente. El principal motivo fue que el estudio se presentó tarde, cuando la planta ya estaba construida; después, había falencias técnicas como, por ejemplo, que no describía el tipo de semilla que iban a desarrollar ni se hicieron análisis de los agroquímicos que iban a utilizar», explica Maina a Tiempo.

Por su parte, Doffo, docente del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto, destacó ante el tribunal que el proyecto de Monsanto no incluía solamente un centro experimental en la ciudad, sino que contemplaba la realización de cultivares en un radio de 250 kilómetros a la redonda.

«Ellos plantearon que iban a estar desarrollando actividades a 250 kilómetros a la redonda sin explicar demasiado. Yendo para el sur de la planta está la última parte de bosque nativo que tiene la provincia. La sospecha era que iban a diseñar semillas que fueran resistentes a la sequía y así extender la frontera agrícola», afirma Lucía de Carlo, abogada de la Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos, la agrupación que movilizó al resto de la ciudad en el rechazo de Monsanto.

En julio de 2012, la multinacional anunció su intención de instalarse en la ciudad, lo que generó una inmediata reacción del pueblo.

«En ese momento –continúa De Carlo– estaba el juicio de las madres de Ituzaingó (el primer fallo que declaró que fumigar era un delito y que terminó sentenciando a un grupo de productores y aplicadores de glifosato) y la Asamblea había empezado a difundir la temática, así que cuando empezó el rumor de que Monsanto venía a Río Cuarto, intensificamos la concientización y la lucha».

La presión popular logró que la empresa presentara el estudio de impacto ambiental y el consecuente decreto del municipio, cuyos argumentos de rechazo fueron los incumplimientos e irregularidades en dicho informe, así como la necesidad de garantizar la paz social. En  septiembre de 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó un recurso del municipio de Río Cuarto y habilitó a Monsanto a iniciar una demanda por «discriminación», que es la que se está desarrollando por estos días.

«Yo creo que este juicio le sirve a Monsanto para probar que no se les puede decir que no tan fácilmente. Me cuesta mucho imaginar que el municipio, es decir, todos los ciudadanos de Río Cuarto, deba pagarle millones a Monsanto», afirman desde la Asamblea.

En tanto, De Carlo destaca que «un Estado municipal tiene la potestad de tomar esas decisiones, pero es la empresa quien no las acata. A ellos no les interesa el dinero, no buscan una indemnización. La discusión es conceptual y se trata de una batalla ideológica. Sabemos que Río Cuarto tiene un corazón sojero y que son muchos los campos que son fumigados, pero la mayoría de los que vivimos en esta ciudad no queremos que se instale Monsanto». «

Aeroaplicadores piden reducir el uso del glifosato

La Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (Fearca) emitió un comunicado en el que recomendó “a la comunidad aeroagrícola minimizar el uso habitual del glifosato, limitándolo a los casos que sean específicamente indispensables y prescriptos por profesionales agronómicos”, e instó a “no aplicar en forma aérea glifosato en cercanías de zonas sensibles, zonas de amortiguamiento, escuelas rurales y centros urbanos, con fundamento en el principio precautorio que resguarda el Medio Ambiente y la Salud Pública”.

Según Fearca, la aviación agrícola argentina viene siendo cuestionada por la aplicación aérea de glifosato, pese a que la comercialización del mismo está autorizada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). La recomendación apunta a «cubrirse de eventuales demandas en un contexto repleto de prohibiciones de todo tipo y color».

«La opinión pública interpreta que son los pilotos quienes deciden el uso del fitosanitario y su aplicación», señaló el documento y agregó que la intención es «evitar las falacias que demonizan la noble actividad del piloto aeroaplicador».