Si el presidente Alberto Fernández se sorprendió por la cantidad de aspirantes a percibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que triplicaba lo esperado, el universo actual de inquilinos y personas con problemas de vivienda en la Argentina podría quitarle el aliento. Una parte de esa dimensión (desconocida por la informalidad y la falta de estadísticas) comenzó a asomar silenciosamente a partir de la firma del DNU 320/20, que en marzo suspendió por seis meses los desalojos por falta de pago y congeló los aumentos de los alquileres, además de prorrogar los contratos que estaban por caducar.
Ante la caída del empleo y la actividad económica por la pandemia, uno de cada cuatro inquilinos consulta por dificultades para pagar el alquiler, con deudas que se acumulan. El próximo 30 de septiembre es una fecha clave. Si el Ejecutivo no renueva el decreto, jueces civiles de todo el país tendrán desde el primer día de octubre las manos libres para efectuar todos los desahucios que no han podido ejecutar hasta ahora.
La norma sólo impide las expulsiones de inquilinos por deudas impagas, pero no incluye otras razones y tampoco tiene alcance en los casos abiertos por usurpación en el fuero penal, que en algunos casos afectan a lugares donde viven decenas de familias.
Tan grande es el nivel de informalidad que no hay números precisos sobre la cantidad de personas que corren riesgo de ser desalojados. Parte de esa cifra se cocina a fuego lento con el endeudamiento progresivo de los alquileres impagos y la falta de ingresos de los inquilinos ante el impacto de la pandemia. El decreto tampoco protege a quienes no tienen contratos de alquiler. Esa ausencia de documentación y derechos es el telón de fondo de los desalojos clandestinos, que se multiplicaron en los cinco meses que lleva la cuarentena, especialmente en los barrios populares, cuyas poblaciones cuentan con un 20% de inquilinos y llegan hasta el 40%, como en el Bajo Flores.
La mayoría de esas expulsiones suceden en silencio y ni siquiera llegan a los tribunales. Dueños que amenazan a inquilinos para que se vayan, que cortan servicios o recurren directamente al uso de la fuerza para amedrentarlos. Según los especialistas y organismos consultados, la ausencia de estadísticas se agrava por la informalidad, pero los desalojos forzosos, que ya sucedían en la clandestinidad en el Conurbano, comenzaron a multiplicarse en las villas y pensiones porteñas.
«Hay un gran sujeto en esta etapa de la crisis habitacional: los inquilinos precarizados, una categoría que recrudece con la pandemia, porque un 40% no puede acceder a un alquiler formal, más allá de las modificaciones a la Ley de Alquileres», caracteriza Gigi Krein, de la organización Consejerías de Vivienda. Esa población vive en hoteles y pensiones sin regulación y cuyos dueños cobran 12.500 pesos por una pieza de un ambiente en el barrio de Constitución. «Nos llegan denuncias de desalojos crueles, especialmente de mujeres solas y embarazadas», cuenta Gigi. Algunos ya provocaron muertes, como la de Leonardo Javier Macrino. Su cuerpo fue hallado el 7 de junio en la esquina de Sáenz Peña y Chile, en San Telmo. Tres días antes había sido desalojado por falta de pago del Hotel La Florida y la asistencia del programa Buenos Aires Presente (BAP), que desoyó el pedido de auxilio, llegó tarde.
De acuerdo a un relevamiento realizado por el Ministerio Público de la Defensa, al que accedió Tiempo, desde el comienzo de la pandemia distintos organismos del Estado recibieron 458 denuncias de desalojos ilegales realizados en plena cuarentena y durante la vigencia del decreto que los impide. Los datos representan a inquilinos, especialmente del AMBA, que hicieron alguna consulta o denuncia para impedir una medida que, en muchos casos, sucedió como un hecho consumado e irreversible. Los Centros de Atención Judicial del Ministerio de Justicia recibieron 91 denuncias; la Defensoría del Pueblo porteña contabilizó 100; el Ministerio Público, 41; el de Géneros, 58; y la Defensoría General de la Nación, otras 168.
El Hotel y la Casa
El conteo realizado por el programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Defensoría es parte de un continente incompleto y en pleno desarrollo. Está protagonizado por miles de experiencias personales, signadas por la tensión y angustia que se vive ante la posible pérdida del techo. Así se vive a diez cuadras de la Casa Rosada, en el viejo Hotel Odeón, de Esmeralda al 300, donde viven 60 inquilinos. En 2018, los presuntos propietarios que les cobraban el alquiler se fugaron. «Ahí nos enteramos que ellos habían usurpado el lugar y nos organizamos para resolver la situación, pero en plena cuarentena nos llegó la resolución del juez con la orden de desalojo. La apelamos hace dos semanas», cuenta Ester Ayala, delegada de los vecinos. Aguarda la respuesta de la Cámara de Casación penal ante la presentación que hicieron, con el patrocinio de la Defensoría General, en un expediente abierto por usurpación. Ella vive hace 14 años en el Odeón y, como trabajadora gastronómica, también afronta las consecuencias del aislamiento. Dice que el DNU frenó parte de esa maquinaria judicial, pero si no hay renovación, el futuro es más incierto aún.
En Parque Patricios, muy cerca de la sede del gobierno porteño, 106 familias transitan la misma situación, pero en un caso que instruye la justicia civil. Son los habitantes de la vieja fábrica textil ubicada en el 140 de la calle Santa Cruz. Viven allí desde 2002, pero la propiedad fue rematada ocho años después, y el comprador impulsa el desalojo. «Compró el lugar con las familias adentro por un millón y medio de pesos y ahora los quiere echar para vender todo para un emprendimiento inmobiliario», detalla la abogada Rosa Herrera, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. No es un caso penal porque no hay usurpación. «Pero en junio, el juez habilitó la feria judicial y ordenó el desalojo, que fue ratificado por la Sala A de la Cámara Civil. Cuando se confirme la sentencia, vamos a promover otros trámites, pero se nos agotan los recursos. Para nosotros es clave que haya una interpretación amplia del DNU y que una prórroga tenga presente estos casos».
Las realidades del Odeón y de la Casa Santa Cruz son dos pinceladas de un cuadro sombrío que empeoró de un tiempo a esta parte. Otro estudio de la Defensoría General contabilizó los juicios de desalojo realizados en el fuero civil, que confirma que el DNU sólo puso un freno provisorio a una virtual olla a presión, alimentada por la crisis económica de los últimos cuatro años.
En 2019 se iniciaron 3805 juicios por desalojo, el pico del último lustro. En 2018 se abrieron otros 2721. En 2017, 3212. Y en 2016 habían sido 3047 expedientes. Las denuncias por intrusión del año pasado registraron el número más alto desde 2013, con 542 casos. En total, esas denuncias totalizaron 2571 desde 2016, mientras que los contratos vencidos implicaron la apertura de 7021 expedientes y hubo otros 6654 por falta de pago. Los datos revelan un mosaico demoledor. Sólo en 2019 hubo 8780 ejecuciones por cobro de expensas, hipotecas y alquileres que podían terminar en remate o desalojo, aunque el relevamiento no lo detalla.
Los tribunales y el lobby
Algunos jueces y camaristas del fuero civil nacional han resistido los alcances de la cuarentena con uñas, dientes y sentencias. Tanto que a principios del mes de junio, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU les dejó una mácula inédita para la historia judicial argentina. Ordenó al Estado argentino que suspenda el desalojo de seis familias de la Villa 15, más conocida como Ciudad Oculta, que iban a ser sacadas de sus viviendas en medio de la pandemia por decisión del Juzgado N° 39, en manos de la jueza María Victoria Pereira, y de la Sala H de la Cámara, compuesta por Liliana Abreut de Begher, Claudio Kiper y José Benito Fajre. Todos fueron acusados de desconocer el alcance de la Ley 27.453 que creó el «Régimen de regularización dominial para la integración socio-urbana», que frena los desalojos por cuatro años en los territorios que fueron incluidos en el Régimen Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
En el Programa de Atención de Inquilinos, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, explican que desde la vigencia del DNU se multiplicaron las consultas por temor a desalojos. Reciben 100 por día. Un 25% están vinculadas a la posible prórroga del decreto, y otro tanto pide asesoramiento sobre cómo refinanciar deudas o rescindir contratos para no acumularlas. Otros inquilinos acuden por prórrogas fraudulentas realizadas por propietarios que los obligaron a firmar un contrato con otra fecha, para eludir el decreto. Y otros piden orientación para afrontar el cobro de comisiones de las inmobiliarias.
La cuenta regresiva también se vive con tensión en el interior del país. «En Rosario, el DNU suspendió muchas medidas que estaban por ejecutarse, pero detectamos que los especuladores han presionado a los deudores con las garantías de alquileres y también se han multiplicado las presiones extrajudiciales de inmobiliarias ilegales», explica Nire Roldán, del Centro de Estudios Metropolitanos de la Concejalía Popular de Rosario y dirigente del Frente Nacional de Inquilinos. Desde el comienzo de la cuarentena, recibe 50 denuncias semanales por amenazas de cobro, presiones e intentos de desalojo.
Al igual que los funcionarios judiciales consultados, Roldán advierte que lo peor puede ocurrir cuando venza el decreto de necesidad y urgencia. «Tememos que el 1 de octubre se desaten todos los casos acumulados –sostiene–. Por eso pedimos una prórroga de 180 días del freno a los desalojos y que se renueven automáticamente los contratos, porque entendemos que la situación de crisis no amerita que los precios suban, aunque las inmobiliarias sostienen una burbuja para empujar los precios».
Las presiones del mercado cristalizaron esta semana. El Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (CoFeCi), que reúne a «28 mil corredores» de la Capital y nueve provincias, advirtió que si bien acompañó la firma del DNU 320, ahora plantea «su absoluto rechazo, porque implicaría un daño irreparable al mercado inmobiliario de alquileres». Sostiene que es innecesario porque “se vienen dando estadísticas bajísimas sobre el incumplimiento de pago de los alquileres y un bajo grado de conflictividad entre las partes». En el razonamiento de los corredores, el mercado tiene una «bajísima rentabilidad». Una prórroga del DNU «implicaría un colapso total de la oferta de alquileres, porque habría una masiva migración a la venta de propiedades». Según la hipótesis del CoFeCi, eso “privará a miles de inquilinos de la oportunidad de acceder a una vivienda».
El DNU vencerá cuando la cuarentena haya cumplido seis meses y diez días. El colectivo Habitar Argentina pidió esta semana que el Gobierno extienda el decreto con una ampliación “que incluya en la suspensión a todos todos los casos administrativos y judiciales de los fueros civil, comercial, contencioso administrativo y penal». También recomendó una amplia campaña de difusión sobre los alcances del decreto y la «creación de un área específica dentro del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat», porque no hay hasta ahora una autoridad de aplicación que se encargue de hacer cumplir esa norma.
El reclamo también busca hacerles llegar un mensaje a los jueces que desconocen el decreto a fuerza de sentencias y lanzamientos: «Los desalojos pueden ser forzosos incluso cuando están justificados y se realizan con autorización judicial», aseguran desde Habitar, porque la ilegalidad de la expulsión opera «si el procedimiento no observa las garantías del debido proceso» y también «si no se toman los recaudos adecuados para prevenir que las personas afectadas queden sin vivienda».
