«Hay momentos –dice Fernanda Álvez, 31 años, diagnosticada con esclerosis múltiple– en que no puedo hablar, no siento la parte izquierda de mi cuerpo, el dolor que siento es difícil de explicar. Es como un calambre eterno, como si me apretaran los músculos con una prensa. Vivir con un dolor así es imposible, te ahoga. Si encima tengo que lidiar con el peso de la paranoia, de la persecución, de ser criminalizada por plantar mi remedio, entonces todo se vuelve una locura».

La reglamentación de la ley que regula la investigación médica y científica del uso medicinal del cannabis sigue acumulando críticas, incluso por parte de los impulsores de la normativa, porque consideran que el Poder Ejecutivo no sólo dejó sin cobertura a la mayoría de los pacientes, sino que criminalizó a todos al penalizar el autocultivo, es decir, la principal vía de acceso a aquello que les permite paliar el dolor y mejorar su calidad de vida.

«Lo que se reglamentó es restrictivo y no contempla todas las aristas del tema, que es lo que se planteó en el debate en el recinto. Ha imperado la postura del Ministerio de Seguridad por sobre una mirada del derecho a la salud. Es fundamental que el Estado proteja y acompañe a los pacientes, y deje de criminalizarlos y perseguirlos», expresó la diputada Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara Baja e impulsora de la Ley 27.350 de Cannabis Medicinal, quien adelantó que seguirá trabajando para modificar la normativa y permitir el autocultivo por parte de los pacientes.

Los usuarios inscriptos en el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus Derivados y Tratamientos No Convencionales recibirán el aceite de cannabis –importado– en forma gratuita, mientras que quienes decidan no formar parte deberán pagarlo. También se autoriza al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a que cultiven cannabis «con fines de investigación médica o científica para la elaboración de la sustancia que como medicamento sirva para proveer a quienes estuvieren incorporados al Programa». Además, la reglamentación especifica que el Ministerio de Seguridad será quien establecerá «las condiciones de habilitación», algo que no estaba presente en la ley original.

«A mí el cannabis me permite tener una calidad de vida excelente, pero esta ley no me protege, me criminaliza, me obliga a acudir al mercado negro. Así que el plan de acción de los usuarios va a ser sostener el reclamo, no parar de cultivar y romper cada vez más las pelotas», avisa Fernanda.

La resolución, publicada el pasado martes en el Boletín Oficial, establece que «las personas que padezcan epilepsia refractaria, y a las que se prescriba el uso de cannabis y sus derivados, en base a las evidencias científicas existentes, son susceptibles de solicitar la inscripción en los Registros que le dependen». En ese sentido, Gaillard advirtió que se está dejando «afuera a miles de pacientes que padecen otras patologías, como mal de Parkinson, fibromialgias o pacientes oncológicos», que hacen uso del cannabis con fines terapéuticos. «Es increíble –concluye Fernanda– que una ley que nos tenía que proteger nos termine discriminando». «