En la madrugada del 27 de septiembre de 2019, el incendio en una de las tres naves de la empresa Sigma Agro S.A., ubicada sobre la Ruta Provincial 42, en el paraje La Verde, a unos cinco kilómetros del casco urbano de Mercedes, provocó un daño ambiental sin antecedentes en el país. La explosión –cuya causa todavía se desconoce– liberó por el aire y el suelo un millón de kilos-litros de químicos usados en herbicidas e insecticidas como glifosato, clorpirifós, atrazina, 2,4-D y Paraquat, entre otros, considerados peligrosos por su toxicidad. Todo es más trágico si se tiene en cuenta que Sigma nunca debió estar allí: por tratarse de una industria de tercera categoría, la ley la obliga a instalarse en zonas especialmente adecuadas como parques industriales o alejadas de poblaciones. “Esta catástrofe no debería haber existido, pero sucedió y después de un año sigue impune”, se lamentan los vecinos.
Rubén Ponce tenía 43 años, una esposa y una hija adolescente. En plena vorágine de llamas, entró al playón de Sigma para salvar una de las retroexcavadoras que le alquilaba a la empresa, pero resbaló y cayó en uno de los charcos formado por el derrame de los líquidos tóxicos. Sintió que se quemaba vivo y así fue llevado al hospital de Mercedes. Por la gravedad de las heridas, los médicos decidieron su traslado al Instituto del Quemado donde constataron que tenía el 39% del cuerpo ulcerado por el fuego. Al día siguiente dejaron de funcionarle los riñones y los pulmones. Lo entubaron y quedó en coma farmacológico. Murió al cumplirse una semana del incendio.
Sigma fue clausurada preventivamente por el municipio a la tarde siguiente de la explosión. A los días, la empresa presentó ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), la principal autoridad bonaerense en materia ambiental, un plan de remediación que fue aprobado, comprometiéndose a tareas de remoción de barros, líquidos y residuos especiales. Sin embargo, los vecinos dicen que recién a principios de septiembre, es decir, cerca de cumplirse el año, comenzaron a llevarse los tanques de mil litros de sustancias, aunque dejaron los escombros.
“Los cascotes todavía están ahí porque la OPDS los considera residuos comunes. Es obvio que están contaminados, hasta un chico de dos años se da cuenta de eso. La empresa también dice que los análisis de agua que hicieron en agosto dieron negativo de presencia de agrotóxicos, y la verdad que parece una tomada de pelo. Acá existió el mayor derrame de sustancias tóxicas de la historia de la Argentina y nos quieren decir que no pasó nada. Entonces se está operando un milagro. Dios atiende en La Verde”, dijo, irónico, Martín Barros, productor de semillas orgánicas y uno de los referentes de la Organización de Ambientalistas Autoconvocados.
Durante una entrevista con Radio Santa María, FM 88.1 de Mercedes, Barros concluyó que Sigma “no tenía ni uno solo de los permisos, certificados o seguros que exige la ley” y que por eso “era tan ilegal como una cocina de cocaína”.
Sin licencia
Gustavo Madeira es abogado y junto a Fabián Maggi patrocina a los vecinos de Mercedes. Para él, la responsabilidad penal de los funcionarios municipales es clara porque “Sigma estaba funcionando sin certificado de aptitud ambiental, por lo tanto, ni siquiera debió haber estado construida, no tendría que haber existido esta catástrofe”.
Madeira aclara que existe una causa civil y otra penal “en donde el fiscal está dilatando los tiempos ignorando que hay elementos concretos que demuestran el daño” y destaca que la caracterización del daño ambiental que se está haciendo es “irregular”.
“OPDS reclamó la realización de 12 freatímetros que son pozos para medir la calidad del agua en el predio de la empresa y a 500 metros a la redonda analizando 16 sustancias químicas. Al día de hoy apenas hicieron cuatro que encima analizan solo las sustancias elementales. Para nosotros ya está comprobado que hay contaminación y sabemos que va a llegar a los acuíferos y va a terminar en el agua de consumo”.
Otro dato que llama la atención fue el rechazo por “cuestiones formales” de la justicia mercedina a la presentación como amicus curiae de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
La organización destacó que el establecimiento Sigma “fue sancionado en reiteradas ocasiones durante 2018 y 2019 por no contar con declaración de impacto ambiental, plan de saneamiento, plan de remediación, medidas de contención, declaraciones de cantidad de residuos peligrosos o declaraciones de stock de sustancias peligrosas” y resaltó que “a pesar de las sanciones, los organismos de control estatales, tanto a nivel provincial como municipal, no pudieron prevenir este desastre o por lo menos limitar su impacto”.
