A mediados de septiembre, la justicia porteña resolvió que el gobierno de la Ciudad debía avanzar en el control sobre las escuelas privadas, que sistemáticamente se negaban a facilitar el acceso a la educación a los chicos con discapacidad. La medida fue festejada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que impulsó el recurso de amparo. Sin embargo, la Ciudad apeló la medida y ahora la Cámara de Apelaciones tiene la última palabra.
Este proceso judicial arrancó hace un año atrás cuando la ACIJ, con el asesoramiento de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, presentaron una demanda colectiva en donde se denunciaba la existencia de “una práctica generalizada de negar la matrícula a niñas, niños y adolescentes debido a su discapacidad en escuelas privadas y que el gobierno porteño omite controlarlas y sancionarlas”.
La idea era que el gobierno porteño adoptara las medidas necesarias para evitar los rechazos de inscripción por motivos de discapacidad en escuelas comunes de gestión privada. “De esta manera, las y los estudiantes con discapacidad y sus familias recorren decenas de escuelas para conseguir una vacante en una escuela regular, sin que el Ministerio de Educación de la Ciudad actúe para garantizar su derecho a la educación”, analizaron en un comunicado desde ACIJ.
Atendiendo que ya se encontraban abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2021, se solicitó como medida cautelar que se ordene al gobierno porteño la difusión del derecho a la educación inclusiva a los efectos de su conocimiento por parte de las familias, así como la implementación de un canal de denuncias eficaz para tramitar los reclamos que ellas presenten ante las negativas de matriculación.
Entonces, el 16 de septiembre pasado el Juzgado N° 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, le ordenó al Gobierno de la Ciudad la implementación de “un canal de denuncias accesible, transparente y efectivo que contemple expresamente las barreras económicas, educativas y tecnológicas a las que se enfrentan las personas”. Asimismo, se dispuso la adopción de una serie de medidas para la difusión del derecho a la educación inclusiva en los sitios web y las carteleras del Ministerio de Educación, de la Dirección General de Educación de Gestión Privada y de las escuelas privadas de CABA.
“El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apeló la medida cautelar resuelta favorablemente por la justicia. Desde ACIJ contestamos esa apelación y ahora estamos a la espera que la Cámara resuelva”, indicó a Tiempo Celeste Fernández, abogada y coordinadora del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ.
La abogada precisó que ahora la Cámara “puede confirmar esa resolución o revocarla, para lo cual en los próximos días deberíamos tener novedades. Pero es importante mencionar que la apelación no tiene efectos suspensivos con lo cual el gobierno de la Ciudad debería empezar a implementar la decisión y si, eventualmente, se revoca dar marcha atrás con esas gestiones”.
Cabe mencionar que el fallo del Juzgado N° 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño hizo hincapié en el derecho de todas las personas con discapacidad a una experiencia de aprendizaje inclusiva, equitativa, participativa y de calidad de conformidad con el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), afirmando que este derecho se erige como “principio general que debería guiar todas las políticas y prácticas educativas, a la luz de la concepción de que la educación es un derecho humano fundamental y los cimientos de una sociedad más justa” y en su trascendencia como medio para hacer efectivos otros derechos humanos.
Además, la resolución sostiene que las autoridades públicas deben “asumir un rol activo y proactivo en la implementación de medidas para contrarrestar actos de discriminación vinculados con arraigados prejuicios de toda índole”, con el objetivo de “derribar los muros que construyen la estructura de una desigualdad” en pos de construir sociedades más vivibles, libres, justas e inclusivas, a través del pleno conocimiento de los derechos y la garantía de una educación que abra sus puertas a todas las personas.
La justicia de primera instancia tomó la medida luego de analizar una serie de testimonios de distintas familias que se toparon con este proceso estigmatizante a la hora de buscar una vacante para que los chicos puedan estudiar. De la misma manera, la jueza subrayó que tomó la decisión de dar lugar al amparo, dada la proximidad del nuevo ciclo lectivo 2021 y especialmente a raíz de la crisis sanitaria y las medidas de aislamiento social, que requieren respuestas rápidas y efectivas para garantizar el derecho a la educación inclusiva de la niñez con discapacidad.
