La intimidación, los escraches y las amenazas son moneda corriente en las últimas semanas por parte de los grupos que se oponen a la legalización del aborto.

Esta vez, atacaron a Fabiana Reina una médica tucumana que, a pedido de una víctima de abuso y de su mamá, hizo uso de la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) que está contemplado en el código penal desde 1921 escrachándola y difudiendo sus datos. 

Reina está al frente del Servicio de Ginecología Infantojuvenil del Hospital Avellaneda. Cuenta que el lunes 2 de julio y por recomendación de la profesional de un centro primario de atención de la salud de un barrio tucumano, ingresa al hospital una nenita de 12 años con un embarazo de diez semanas. Tanto la niña como su mamá reconocen que el embarazo es producto de una violación y manifiestan las intenciones de interrumpirlo.

“Desde un principio, la médica que recibe inicialmente a la nena advierte un posible caso de abuso y por eso la deriva. Fue clave su decisión”, expresa a Tiempo Argentino, Fabiana Reina. “Hago la entrevista con la nena y su mamá, y salta que es un embarazo producto de un abuso sexual con acceso carnal, es decir, una violación de situaciones reiteradas, que tiene como consecuencia ese embarazo. Eso es una indicación absoluta de denuncia por abuso a través del sistema donde se presenta la nena, y es indicación de la Interrupción Legal del Embarazo por el código penal y el fallo FAL de 2012”, explica.

La denuncia y las autorizaciones debían realizarse al día siguiente, es decir el martes 3 pero el lunes por la tarde, la llamaron desde el mismo hospital para frenar los trámites hasta tanto desde el ministerio de salud de la provincia no determine en cuál institución preparada para un ILE derivarían a la paciente. El motivo: el doctor Luis Medina Ruiz, actual director del hospital es objetor de conciencia e intenta que toda la institución lo sea a pesar de la negativa de muchos de sus profesionales.

“Él ya derivó al menos seis casos en otras ocasiones, algunos embarazos por abuso y otro por malformaciones. Pero él ya se negó a realizar ILE, que es un procedimiento completamente legal y los envía a Hospital del Este o a la Maternidad de Tucumán. En este caso, fue clave que las otras instituciones se hayan negado a aceptar el caso”, comenta Reina.

Desde los otros hospitales, reconocieron que el hospital Avellaneda tenía todos los recursos y que la médica que estaba al frente, en este caso, Reina estaba totalmente capacitada para realizar el aborto no punible.

Finalmente, la autorización fue firmada por el subdirector del hospital Miguel Enrique Ferre a pedido del doctor Gustavo Bigliocco quien pertenece al Sistema Provincial de Salud (Siprosa).

“Los trámites finalizaron el martes por la tarde, por lo cual, el procedimiento se hizo el miércoles por la mañana. Es decir, hubo una obstrucción de lo que se podría haber solucionado el mismo lunes. Apenas hacemos el procedimiento, comienzan a circular mensajes y audios de whatsapp escrachándome a mí, al doctor Bigliocco, pero lo más grave es que difundieron el nombre y los datos completos de la nena”, afirma la médica. Esa información sólo podría haber salido desde adentro del hospital. “Por otro lado, debo decir que como profesional, el único problema que tuve fue que demoraron 48 horas el procedimiento, por la objeción de conciencia instalada por el director del hospital. Luego vino el escrache público”.

-¿Es la primera vez que te enfrentás a una situación de estas características?

-Estoy hace 17 años en el hospital pero hace seis años concretamos la formación de un equipo multidisciplinario de atención integral a niños, niñas y adolescentes con abusos sexuales. Abusos sexuales he tenido incontables oportunidades de asistir y todos fueron denunciados. Pero la situación del abuso sexual con embarazo en niñas tan pequeñas sí es la primera vez. Hubo casos con adolescentes mayores o jóvenes. En este caso concreto, era fundamental resguardar a la paciente pero esta obstaculización que hizo la dirección del hospital entorpeció las cosas.

-¿Es habitual que el hospital reciba casos como lo de esta nena?

-No se llega a ILE porque la mayoría de las veces en los abusos sexuales los diagnósticos de embarazo son tardíos, es decir, las chicas vienen con cinco o seis meses y lo que hacen es continuar con el embarazo y ellas ingresan ahí al protocolo de asistencia integral a la embarazada adolescente.

-¿Cómo fue la intervención con la nena y su mamá?

– La doctora que la recibe en el CAPS (Centro Primario de Atención de la Salud) se entera del embarazo, se le comunica a la madre y ahí la madre le dice que por favor que se haga todo para que este embarazo no siga. Había algo destacable en esto y es que la nena a pesar de sus 12 años, es físicamente muy pequeña, por lo tanto ya era un embarazo riesgoso. Esa profesional la deria al hospital con mucho criterio y ante la sospecha de que se haya tratado de un abuso. En el momento de la entrevista conmigo tanto la madre como la nena confirman la sospecha y manifiesta la idea de interrumpir el embarazo. Se hizo entonces la declaración jurada correspondiente firmada por ambas y el consentimiento tanto para la interrupción como para la intervención médica.

-¿Cómo atravesó la nena esta situación?

-El procedimiento se hizo el día miércoles por la mañana. Estuvo evolucionada durante la tarde y el jueves se fue a la casa con  un implante anticonceptivo en el brazo. Ahora el caso está bajo la Dirección de abusos y la madre ya se presentó a declarar. La denuncia está en curso y nosotros logramos sacar material para tratar de determinar el ADN. Todo el procedimiento se hizo como corresponde.

-¿Por qué los ataques posteriores?

-El objetivo era escrachar. Yo planteé la situación el mismo lunes, lo aceptaron pero después por la tarde revocaron esa aceptación. Desde la dirección del hospital, estaban dispuestos a hacer lo que sea sin tener en cuenta que se estaba obstruyendo un procedimiento legal y que eso podía traerle consecuencias.

-Como profesional, ¿qué sucede con los grupos que están contra de la legalización del aborto?

-Primero, es necesario aclarar que esto se trató de una ILE, es decir, una interrupción legal del embarazo. Pero en caso del debate por el aborto, la religión pisa fuerte acá y está avalando muchas cosas. Por ejemplo, está arraigado esto de “no cuenten conmigo” que es una frase tremenda de abandono de persona y de ejercicio ilegal de la medicina. O al menos la manifestación pública de éste. Porque la ley de ejercicio de la medicina dice que uno tiene que asistir hasta donde le dé la capacidad y luego derivar. Eso tendrían que hacer los objetores de conciencia pero acá directamente ponen “no cuenten conmigo”. Hay videos que circulan con este discurso y hasta hay pegados en el servicio de salud del Avellaneda un cartel que dice “no cuenten conmigo”.

-¿Cómo es el panorama en cuanto a las cifras de embarazo adolescente?

-Hasta 2017 el 85% de los egresos hospitalarios de adolescentes mujeres está relacionado a embarazo, parto y pauperio. Esas son las estadísticas que maneja el Sistema Provincial de Salud en el área de adolescencia. Y es la quinta causa de muerte en adolescentes menores de 19 años en la provincia, todo lo que tenga que ver con embarazo, parto y pauperio. Ahora hay 79% de embarazos adolescentes hasta marzo de 2019. Y a Tucumán pertenece el 71% de las cifras de la Nación, o sea que está entre las provincias que tiene más alto riesgo de embarazo. Misiones ya disminuyó, Córdoba hizo una campaña importantísima y está disminuyendo mucho en sus cifras. La religión acá está instalada y está bloqueando esta progresión de lo que es educación sexual integral y anticoncepción libre. Tucumán es la única provincia que no está adherida a la ESI ni al programa de salud sexual y reproductiva. El problema está ahí, al punto de que se llega a un ejercicio ilegal de la medicina y de abandono de persona.

-¿Cómo viviste estos días posteriores al procedimiento?

-Quería manifestar la impunidad total con que los mismos profesionales y el mismo personal que no está de acuerdo con la legalización del aborto, ni conoce que la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) existe hace tantos años y que es legal. He recibido muchos mensajes de apoyo por parte de colegas y amigos pero me sorprende el nivel de impunidad total que han tenido desde estos grupos para escracharme socialmente.

En estado de alerta

El colectivo Ni Una Menos se mostró preocupado ante un posible intento de la judicialización del caso. A pesar de que Reina afirma que no haber sido notificada desde ningún juzgado los militantes están alertas a los movimientos de la justicia.

“Desde Ni Una Menos Tucumán respaldamos el accionar de la doctora Fabiana Reina y el equipo de salud que garantizo el acceso a una ILE a niña abusada y que un sector de médicos antiderechos intentó bloquear. No sólo demuestran su menosprecio por la salud y derechos de las niñas y mujeres sino sus mecanismos de apriete y terror para imponer sus intereses”, dice el comunicado.

Y agrega, “repudiamos especialmente a la fiscal Adriana Gianonni de la VIII Nominación que en absoluto desconocimiento del derecho, en vez de investigar el abuso sexual infantil, intenta someter a escrutinio judicial una prestación médica lícita, producto de una decisión legal tomada dentro de las opciones terapéuticas vigentes para la niña. Esta actitud judicial hostil hacia el equipo que garantizó a la niña el acceso a sus derechos se encuentra en franca violación de los derechos vigentes y de la expresa orden de no judicialización de estos casos que ha sentado la CSJN en fallo FAL”, continúa.

“Les recordamos que la Interrupción Legal del Embarazo en casos de violación es un derecho desde 1921 que debe ser atendido con celeridad con la sola declaración jurada de a quien solicite la ILE y sin que medie autorización judicial. NO vamos a permitir que sigan violentando a niñas y mujeres con el respaldo institucional”, finaliza el comunicado.