Solo en las doce horas posteriores a la publicación en el Boletín Oficial de la Reglamentación de la Ley 27350 de “Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados”, más de siete mil seguidores se sumaron a la página de Facebook de Mamá Cultiva, y otros tantos miles a las de Instagram y Twitter. Valeria Salech, referente de la organización que impulsó el cultivo de marihuana para mejorar la salud de sus hijos, aporta que ya dio como “cien notas”, evidenciando que lo del miércoles se trató de una conquista. “Se suponía que en marzo del 2017 (cuando se reglamentó por primera vez el uso medicinal del cannabis) –reflexiona ahora con más distancia – se había cambiado el paradigma, pero haber visto cómo explotaron nuestras redes sociales me hizo pensar que nosotras habíamos pateado la pelota, pero recién ahora entró al arco. Todo este tiempo la sensación fue de algo que está suspendido. Por suerte pudimos festejar”.
Con el Decreto N° 883/2020, entró en vigencia en el país la nueva reglamentación de la ley de cannabis medicinal que deroga la anterior con el objetivo de ampliar, de manera progresiva, “el acceso a un producto seguro y accesible a través de los laboratorios de producción pública y privada”.
En detalle, la nueva reglamentación impulsa la investigación científica orientada a los posibles usos terapéuticos de la planta y sus derivados (a diferencia de lo que pasaba con la anterior, que sólo contemplaba la epilepsia refractaria). Además, avanza en “garantizar el acceso a las terapias de forma segura e informada para todos los usuarios y usuarias”; permite el acceso al aceite de cannabis mediante “el autocultivo, el cultivo solidario o bien a través de la utilización de especialidades medicinales en los casos en que exista indicación médica” y garantiza, también a través del Estado, “la provisión gratuita de cannabis y derivados para quienes tengan cobertura pública exclusiva, así como a través de obras sociales y prepagas”.
Los pacientes podrán inscribirse en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) para “obtener la autorización de cultivo para sí, a través de un familiar, una tercera persona o una organización civil autorizada”, que era uno de los reclamos de las ONGs.
“En febrero –recuerda Salech– nos citaron junto a otras organizaciones al Ministerio de Salud. Me acuerdo que estaban Sonia Tarragona (subsecretaria de Medicamentos e Información estratégica) y Carla Vizzotti (secretaria de Acceso a la Salud). En ese momento, antes de la pandemia, a Carla no la conocía nadie y tomaba nota de todo lo que nosotras les decíamos. Todavía tengo esa imagen mental de ella y nunca voy a olvidar que finalmente nos cumplió”.
Salech reconoce que “este derecho conquistado viene a traer la tranquilidad de no ser criminalizadas por ejercer nuestra autonomía cultivando nuestra terapia”, pero aclara que ya pasó el tiempo –apenas un par de días– de la euforia y el papel picado y comienza el camino de una ley superadora.
“La actual reglamentación quedó vieja –explica– porque cuando nosotros empezamos allá en 2016 nos conformábamos con que exista un registro para cultivadores, que nos sintiéramos tranquilas, que salgamos de la clandestinidad. Lo que ahora necesitamos es que haya capacitación en las universidades, en el Poder Judicial, en las fuerzas de seguridad. De esa forma, cuando un policía reciba una denuncia va a tener la obligación de informarse antes de ir y romper todo”.
Una posibilidad real
Desde Mamá Cultiva postulan la necesidad de una nueva ley que regule el acceso al cannabis en todas sus formas de producción: desde el cultivo hasta la venta “impulsando el cambio de paradigma que la planta viene a proponernos, es decir, una sociedad diversa, inclusiva, centrada en los cuidados, en la solidaridad y la comunidad”.
Salech destaca que ese proyecto ya existe y fue ingresado a la Cámara de Diputados. Se trata de la iniciativa de «Regulación de Cannabis para la Salud», presentada por la diputada Carolina Gaillard, del Frente de Todos, y que plantea el control sobre cada uno de los accesos al producto; desde el autocultivo a la producción solidaria, a través de la compra en farmacias y también mediante la adquisición de semillas en tiendas de cultivo. Incluso, prevé que Fabricaciones Militares «tenga las licencias para producir» y el Ejército «la facultad de elaborar todo para abastecer la demanda del sistema público».
“La Argentina –agrega Salech– tiene muchas ventajas con respecto a otros países. Nosotros acá tenemos la capacidad científica, agropecuaria y hasta climática. Canadá que es el abanderado del cannabis porque fueron los primeros en legalizar en América el autocultivo y están muy avanzados no tienen donde cultivar por el frío. Uruguay, que legalizó todos los usos, no tiene los laboratorios públicos que tenemos nosotros. Podríamos convertirnos en un referente de la región que exporta al mundo. Nosotras hemos acompañado a miles de personas y es hora de poner en valor lo que hacemos las organizaciones, nuestro conocimiento, nuestra capacidad productiva, el recorrido de estos tres años y pico, la experiencia de la aplicación terapéutica en primera persona, todo ese material sobre el uso del cannabis está a disposición. Por eso necesitamos una regulación integral que garantice la capacitación y formación. Si lo que sabemos no se enseña en la Facultad de Medicina no va a servir de nada la legalización”.
Salech insiste en las posibilidades económicas reales del cannabis, pero advierte que la implementación de un modelo nacional que promueva la producción debe ser urgente: “Que haya licencias de comercialización, exportación y cultivo para pequeños y medianos productores, que se paguen impuestos y que ese dinero vaya a un instituto nacional del cannabis. Necesitamos todo el aparato porque sino, las empresas extranjeras van a terminar apropiándose del mercado y las que luchamos y logramos que el cannabis sea legal, nos vamos a quedar afuera”.
– ¿Se puede salir de la crisis que nos dejó la pandemia con la marihuana?
– No podemos más que celebrar que en un contexto como éste el Gobierno nacional haya escuchado el pedido de la sociedad y haya visto que la marihuana no sólo no es un flagelo, sino que puede ser una solución para muchos problemas socioeconómicos que nos dejó el neoliberalismo y que nos dejará la pandemia. Pero antes tenemos que intervenir en la regulación del mercado y del desarrollo productivo. El abordaje integral es lo urgente. Si se demora, como ya dije, las empresas van a empezar a importar productos y vamos a perder soberanía. Necesitamos cannabis con justicia social.
Legal, seguro y gratuito
Los puntos superadores de la nueva reglamentación de la ley 27.350 están relacionados al acceso, la gratuidad, investigación y ampliación de patologías.
El decreto reconoce el derecho de los pacientes a no ser criminalizados por el uso del cannabis medicinal al destacar que es «absolutamente relevante para una importante cantidad de personas que atraviesan una situación de necesidad que demanda un Estado presente, rector, que los reconozca y no los penalice». El Estado garantizará el autocultivo, pero además amplía este derecho y permite también el “cultivo solidario” que era uno de los mayores reclamos de las organizaciones y una de las diferencias fundamentales con la reglamentación anterior . También se implementarán medidas para proveer en forma gratuita por parte del Estado derivados de la planta de cannabis para los pacientes que cuenten con indicación médica con cobertura pública exclusiva. En caso contrario, la cobertura deberá brindarla las obras sociales y agentes del seguro de salud.
Otro aspecto central es la «ley Nacional de Investigación Médica y Científica de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados» que permitirá impulsar la investigación sobre los usos terapéuticos de la planta, pero también «garantizar el acceso a las terapias de forma segura e informada para todos los usuarios y usuarias”. El objetivo de la reglamentación, dice el decreto, es que de «manera progresiva» se amplíe «el acceso a un producto seguro y accesible a través de los laboratorios de producción pública y privada».
