El alta definitiva del neurólogo se demoró cinco meses. «Estuve en coma –dice Fernando Abal Medina, 43 años, integrante de la agrupación JP Descamisados, víctima de una patota del PRO que atacó a vecinos de La Boca, Barracas, Parque Patricios y Pompeya el último 4 de mayo– y un total de 15 días internado. Sufrí dolores de cabeza y de vista y tuve afectada el habla. Lo que no pude recuperar es el olfato.»

El escueto parte médico de Fernando concluyó que sufrió una fractura de la base del cráneo. Lo que no contó es que después esa rajadura se desplazó y que por muy poco no afectó la médula ósea con el riesgo de, por ejemplo, quedar postrado. Por eso dice que tuvo suerte. Por eso y porque esa noche en la guardia del Hospital Durand había un cirujano plástico que le cosió la boca, rota a patadas, con la pericia de los expertos.

Horas antes, durante una reunión del Consejo Consultivo de la Comuna 4, alguien pretendía discutir la venta de los terrenos de Casa Amarilla al club Boca Juniors para la construcción de un estadio shopping, y un grupo de choque encabezado por Rodolfo Manuel Corzo, apodado «El Cordobés» y empleado del Gobierno de la Ciudad, se encargó de escarmentarlo (ver recuadro). El método fue más violento de lo habitual: Matías Scinica, de la Agrupación Boca es Pueblo, fue apuñalado en el cuello. Fernando, por intervenir en favor del herido y salir a buscar una ambulancia, recibió una paliza que pudo haberlo matado.

«El primer golpe –recuerda– me lo dieron en la nuca con una llave inglesa, o algo así, debió ser un objeto muy contundente, un fierro bastante macizo que hizo que perdiera el conocimiento. Me contaron que me desplomé, pero en realidad no me dejaron caerme al piso porque me agarraron de la campera y empezaron a golpearme. Cuando al fin caigo al piso, me siguen pegando y me fracturan un hueso de la cara». ¿Por qué fue a la asamblea esa noche? «Como vecino y militante político me interesa la concesión de los terrenos de Casa Amarilla, porque eso es lo que está detrás del ataque, eso de lo que nadie habla.

El 19 de enero, a poco más de un mes de la asunción de Mauricio Macri, el club Boca Juniors, único oferente, adquirió los 32.545 metros cuadrados comprendidos entre las calles Palos, Blanes, Almirante Brown y Arzobispo Espinoza con la intención de levantar allí el nuevo estadio. Un destino muy distinto al original: esos terrenos de Casa Amarilla debían resolver el problema habitacional del barrio. La compra por parte Boca viola la Constitución porteña, que dispone que las ventas de los terrenos públicos deben ser aprobadas por la Legislatura, además de que el Instituto de la Vivienda sólo puede transferir las propiedades al gobierno de la Ciudad para cumplir fines educativos, de seguridad o de salud.

«Terminaron construyendo unas poquitas casas que ni siquiera se abrieron para los vecinos, lo que implica expulsarlos del barrio, que es lo que sucede cuando una zona se empieza a valorizar inmobiliariamente y se la ofrece como un nuevo barrio. Nosotros no estamos impugnando una intencionalidad política, lo que estamos diciendo es que no están cumpliendo con las leyes de la Constitución de la Ciudad. También denunciamos el valor en que se vendieron estas tierras, mucho más bajo y financiado en un montón de cuotas a un interés más bajo del que se da para las viviendas sociales del Gobierno de la Ciudad.»

–¿Usted cree que el Gobierno de la Ciudad está protegiendo a los responsables del ataque?

–Hay un sector político que los está apoyando y apañando y aún hoy le sigue dando cobertura. Los Corzo, padre e hijo, el abogado que los defiende (Leonardo Mallo), y parece que también la mujer del hijo, por lo que declaró en la causa, todos trabajaban para el Gobierno porteño. Son demasiadas casualidades. También hay que destacar que la patota se presentó en esa asamblea con un fin político, que era acallar la discusión sobre los terrenos de Casa Amarilla. Es probable que algún interesado en ese negocio millonario los haya incentivado a ir, porque ellos no son un grupo político que va por propia voluntad. Por todo esto, la cobertura política y la protección son evidentes.». «

De los «trapitos» de La Bombonera a la tentativa de homicidio

A Rodolfo Manuel Corzo (hijo), procesado por tentativa de homicidio por apuñalar en el cuello a Matías Scinica, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional le ratificó la prisión preventiva. En tanto, el padre de Corzo, que tiene su mismo nombre, y Ezequiel Yedro, otro de los agresores identificados gracias a las filmaciones, serán indagados esta semana por el ataque.

Corzo hijo está detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto desde el 1 de septiembre cuando fue capturado en un operativo de control callejero, luego de permanecer prófugo cuatro meses. Durante ese tiempo se presentó todos los días en una dependencia del gobierno porteño a dar el presente como empleado de la Comuna 4, a través del servicio tercerizado de una cooperativa.

De Corzo padre se sabe que trabajó en el área de inspecciones de la Ciudad durante el mandato de Aníbal Ibarra hasta la tragedia de Cromañón. En 2009, «El Cordobés» figuraba en el Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), una lista de empleados de organismos públicos que fueron sumariados por mal comportamiento, pero en 2012 fue transferido a la Comuna 4 como agente con poder de policía encargado de revisar espacios públicos y labrar actas.

Su tarea de inspector le permitía “apretar” a los comerciantes y engrosar sus ingresos. También administraba un comedor que, según los vecinos que lo conocen, recibía donaciones de comida que luego revendía. Otra de las tareas de Corzo padre era administrar las “parrillitas” y los “trapitos” de la calle Villafañe, los días de partido en La Bombonera.

El pasado 2 de septiembre, el Tribunal de Ética y Disciplina del Partido Justicialista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió por unanimidad expulsar al padre y al hijo por “los hechos de público conocimiento que redundan en un desprestigio para el partido como para la política toda”.