El último martes se publicó en el Boletín Oficial una «contratación directa por urgencia» por 105 millones de pesos a ocho laboratorios destinados al programa CUS Medicamentos, que brinda remedios básicos a unos 7000 Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) en todo el país. La forma de adquisición llamó la atención de los sanitaristas, ya que se trata de un programa que lleva 16 años de existencia (antes conocido como Remediar) y que no hay motivos que justifiquen una compra de emergencia. El año pasado, durante la gestión de Jorge Lemus, el botiquín enviado a las distintas jurisdicciones desde Nación había bajado de 68 a 41 (un 40% menos) los remedios que contenía, obligando a las provincias a complementar con presupuesto propio los faltantes y dejando regiones sin insumos para la población.

«El programa CUS Medicamentos es el mismo que se conocía desde 2002 como Remediar. Es absolutamente previsible y se sabe con precisión cuántos medicamentos se van a usar porque son de terapia ambulatoria para los centros de salud. Por lo tanto, no hay una situación de pandemia que te obligue a salir a comprar desesperadamente. Los sistemas de compra directa se estipularon para situaciones de emergencia», explica a Tiempo Ernesto Antúnez, exjefe de Gabinete de la Secretaría de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria del Ministerio hasta principios de 2017.

Según se desprende de la Decisión Administrativa 395/2018 del Boletín Oficial, la compra debió haberse procesado en la Licitación Pública Internacional N°4, realizada en junio de 2016 en el marco del Proyecto PNUD ARG 15/001. Pero los medicamentos «o bien no fueron adjudicados o lo fueron en cantidades insuficientes». Por eso se hizo una convocatoria a contratación directa por medio del portal COMPR.AR. En junio de 2017 se abrieron las ofertas, pero recién en abril de 2018 se adjudicaron. «Con esos tiempos podrían haber hecho una nueva licitación», razona Antúnez.

En febrero de 2017, Tiempo había adelantado el vaciamiento del programa de entrega gratuita de medicamentos, a raíz de un reclamo elevado por los propios empleados del área. Una demora en las compras había dejado sin provisión de 27 remedios a los CAPS. Nunca más volvieron a entregarse.

Esa compra estaba a cargo de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (UFIS), conducida por María Cecilia Loccisano, esposa del ministro de Trabajo Jorge Triaca. Su área armó la licitación pública que, tal como admite la resolución ministerial, no adjudicó todos los remedios necesarios o lo hizo en cantidades insuficientes. Loccisano fue luego ascendida a subsecretaria de Coordinación Administrativa y el desmanejo en la compra de medicamentos continuó. En octubre de 2017, Tiempo denunció una injustificada adquisición de más de 2 millones de vacunas antigripales a un consorcio de laboratorios privados, que debían ser desechadas.

Tras estos casos y el faltante de anticonceptivos y vacunas, el ministro Lemus dejó el cargo en noviembre de 2017. Pero Loccisano, que seguía manejando administrativamente la cartera sanitaria, se mantuvo hasta febrero de 2018, cuando presentó su renuncia en el marco del escándalo de nepotismo que involucró a su marido. «