Las topadoras avanzan sin control en la provincia de Juan Manuel Urtubey. El bosque nativo de Salta parece no estar protegido por la Ley de Bosques si la tierra pertenece a los amigos y socios del gobernador.
La organización ecologista Greenpeace denunció esta semana que la finca Cuchuy, cuya tierra está protegida por la Ley Nacional de Bosques, recibió un permiso especial del gobernador Urtubey para ser desmontada. La propiedad pertenece a Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, e integrante del directorio de varias empresas de la familia Macri. Otro de los dueños de la Finca Cuchuy SA es Pablo Clusellas, actual Secretario de Legal y Técnica de la Nación.
Alejandro Braun Peña compró 10 mil hectáreas (la superficie de media ciudad de Buenos Aires) con cuatro comunidades wichí dentro Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral, cuya manutención depende del bosque que está siendo desmontado. Al momento de hacer la denuncia, los miembros de Greenpeace, desde el lugar, informaron que ya se habían desmontado 7000 hectáreas a pesar de la prohibición: Esto demuestra la urgente necesidad de una ley de delitos forestales que considere un crimen el desmonte y el incendio intencional que se lleva puestos los bosques y las comunidades, declaró Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace
A pesar de la prohibición, ante el pedido del primo del jefe de Gabinete, el gobernador Urtubey otorgó un permiso especial de rezonificación, transgrediendo la ley nacional, como denuncia Greenpeace. No es la primera vez que el gobernador Urtubey toma este tipo de decisiones, ya antes benefició a su propio hermano, Facundo, y al presidente de la Nación. Mauricio Macri es propietario de la Finca El Yuto, cercana a la finca Cuchuy, que fue rezonificada, esto es, se cambió su estatus de zona protegida para que pueda ser explotada.
Greenpeace denuncia que en Salta, los cambios de zonificación prediales realizados ilegalmente por el gobierno de Salta para autorizar desmontes en zonas protegidas por la Ley de Bosques alcanzan, como mínimo, las 126.177 hectáreas (el equivalente a seis veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires).
La Ley de Bosques, sancionada en 2007, que tiene por objeto determinar qué zonas de Bosque nativo son aptas para el desmonte para ser utilizadas en la agricultura, ganadería o tala y qué zonas deben ser protegidas por su invaluable valor en la conservación de la biodiversidad. Los mapas marcan con rojo aquellas zonas donde está prohibido cualquier modificación; con amarillo las áreas que tampoco pueden desmontarse, pero puede utilizarse en aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica; y con verde aquellas que pueden ser utilizadas para la producción, previo permiso gubernamental con audiencia pública.
Las rezonificaciones que avala el gobernador Urtubey cambian zonas rojas o amarillas por verdes, contrariando la ley nacional, destruyendo la integridad medioambiental, afectando los intereses de las comunidades originarias. Todo esto en beneficio de unos pocos terratenientes, como el primo del jefe de Gabinete, el secretario de Legal y Técnica de la Nación y al propio presidente.
Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, advirtió: Somos nuevamente testigos de la impunidad con la que grandes terratenientes violan la Ley de Bosques y deforestan donde no está permitido con la complicidad de los gobiernos. Estos bosques, además de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen, advirtió en relación al desmonte de la finca Cuchuy.
Esta estancia informa Greenpeace fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I y II rojo y amarillopero se cambió a la Categoría III verde para poder deforestar 8.962 hectáreas.
Finalmente, Greenpeace denunció que el proyecto de ley para penar este tipo de delitos forestales realizados por los terratenientes, avalados por autoridades políticas, se encuentra demorado por la diputada jujeña María Gabriela Burgos, quien preside la comisión de Legislación Penal.
