“Nada podrá detener la lucha por justicia”. La frase la pronunció María Viera, la mamá de Fabián Gorosito, cuyo crimen, en agosto de 2010, está siendo juzgado –por segunda vez– en los tribunales de Morón con 11 policías y una mujer –la pareja de uno de ellos– sentados en el banquillo, aunque hubiera podido salir de boca de Mariana Sánchez, la mamá de Nazareno Vargas, acribillado en Merlo; de Mónica Alegre, mamá de Luciano Arruga, hostigado por la comisaría de Lomas del Mirador hasta su muerte; o de Sandra Gómez, mamá de Omar Cigarán, fusilado por un agente de Quilmes. Todas reunidas para repudiar el violento ataque a uno de los testigos que declaró en el juicio contra los acusados de matar a Fabián.

Durante la madrugada del sábado, cuatro hombres encapuchados y armados irrumpieron en la casa de Daniel Mancini. Lo amenazaron y golpearon causándole heridas en la cabeza que obligaron a internarlo de urgencia. Convenientemente, la custodia que el testigo tenía asignada no estaba en su puesto.

“La custodia se fue de mi casa supuestamente a cenar y no volvió más. Una camioneta Dunster con vidrios polarizados embistió contra las rejas de mi casa y después esa misma camioneta fue hasta la casa de Daniel. La policía hace lo que quiere”, se quejó Viera a la agencia Andar. Este hecho es el último y más grave de una serie de amenazas y hechos intimidatorios que la familia de Fabián viene sufriendo desde el comienzo del segundo juicio.

“Hace una semana –siguió la mujer–, cuando volvíamos de una reunión con nuestro abogado, patrulleros sin patente rodearon nuestro auto y nos siguieron durante varias cuadras”. Por ese hecho, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó ante el Juzgado de Garantías 6 de Morón un habeas corpus preventivo denunciando que “la falta de protección para víctimas, abogados, testigos y familiares resulta fundamental en un proceso de estas características donde los acusados – todos policías en funciones – tienen todavía la capacidad de seguir atacando, hostigando y amedrentando a sus víctimas”, que fue rechazado sin escuchar a las víctimas.

El 12 de agosto de 2010, tres días antes del asesinato de Fabián, Maximiliano Silva, Daniel y su hermano José Mancini fueron secuestrados por un grupo de policías vestidos de civil y trasladados a la comisaría 2ª de Mariano Acosta. Allí, los tres jóvenes fueron torturados e interrogados por su relación con Fabián.

Estos hechos –las torturas a Silva y los Mancini y el crimen de Fabián– son los que están siendo juzgados en el segundo juicio (el primero fue anulado por el Tribunal de Casación Penal que criticó «una valoración arbitraria de las pruebas» y los cuestionamientos por parte del tribunal hacia algunos testigos y denunciantes).

“Nos quieren proteger –concluyó en conferencia de prensa el hermano de Daniel– los mismos policías a los que le estamos haciendo juicio, los mismos policías que me torturaron toda una noche y un día”.