A pesar que a último momento estuvo latente el rechazo por parte de los legisladores del Partido Justicialista y del Partido Intransigente, la decisión política ya estaba tomada. Pese al reclamo de mayor tiempo para estudiar el proyecto, la norma provincial fue sancionada por 24 votos positivos contra 14 negativos.
Desde temprano, los taxistas mendocinos se manifestaron en contra de la medida en dos puntos clave de la capital provincial: el Parque General San Martín y la esquina de las calles Mitre y Godoy Cruz. Luego marcharon hacia la Legislatura con el fin de ejercer presión pero la iniciativa obtuvo el visto bueno de más de la mitad de los miembros del Senado, el mismo resultado que tuvo previo al receso invernal en la Cámara de Diputados. En los próximos días el gobernador Cornejo deberá reglamentar la Ley y se espera que en septiembre la compañía ya pueda empezar a operar.
Desde la Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza (Aprotam), se quejaron con los mismos argumentos que lo hacen en Buenos Aires: “Es una empresa que no aporta nada, y se lleva toda la plata afuera del país. En Mendoza no hay monopolio de las empresas de taxis, es más, es el lugar del país donde más distribuido está el servicio que brindamos”.
La polémica ley sancionada establece que la o las compañías podrán funcionar bajo la modalidad de «servicio de transporte privado a través de plataformas electrónicas de interés público”. En tanto, los taxis y remises quedarán englobados como «servicios de interés general y servicios habilitados».
Entre lo acordado, se detalla que UBER deberá abonar un impuesto que se destinará a un fondo para el financiamiento en la adquisición de nuevas unidades de transporte y que los choferes de taxis también podrán ser parte de la compañía, esto es, ofrecer ambos servicios.
