La ola de desalojos en la Ciudad de Buenos Aires no para. En las últimas horas seis familias fueron echadas de su vivienda sin una orden judicial, argumentando un supuesto “peligro de derrumbe” del inmueble. El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 de anoche, en medio de la lluvia y en el barrio de La Boca, uno de los sectores más postergados de la Ciudad. En el edificio ubicado en la calle Suárez al 200, habitaban alrededor de 20 personas de las cuales 12 eran menores, entre los que se encontraban bebés, niños, niñas y adolescentes. Quién determinó sacar a las familias fue la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, a cargo de Walter Gómez Diz; organismo dependiente del ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

“Este desalojo está por fuera de causas judiciales porque fue uno de tipo administrativo, que se da producto de una clausura que hace la ‘guardia de auxilio’ en el lugar, y argumentando un inminente riesgo de derrumbe”, contó a este medio Natalio Quinto, referente del movimiento La Boca Resiste Y Propone (LBRP), una organización que nuclea a varias agrupaciones barriales que luchan por mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas del barrio.   

“Ese inminente peligro de derrumbe el gobierno porteño lo conoce desde por lo menos hace 3 o 4 años, aproximadamente, cuando intentaron hacer este desalojo a plena luz del día y no pudieron. Esto quiere decir que el gobierno de la Ciudad tuvo todo ese tiempo para hacer un desalojo ordenado y reubicar a las familias en diferentes lugares. Pero la decisión fue sacarlos de un momento a otro”, agrega Quinto.

Foto: FM Riachuelo

Finalmente, la administración porteña concretó anoche el desalojo de las familias, y fue cerca de las 23 horas en horario nocturno, situación que no les permitió a las familias poder acceder a cobrar el subsidio habitacional para pasar la noche en algún hotel. Muchos de los vecinos y vecinas de la zona, aseguran que el gobierno porteño quiere tirar abajo ese inmueble para construir  un nuevo edificio y volcarlo al negocio inmobiliario.

“El desalojo comenzó con un supuesto allanamiento que tenía como objetivo buscar a dos personas y, según la fiscalía, en dos hechos que son aislados pero coincidentes en el tiempo. En el momento que transcurre el allanamiento se hace presente la guardia de auxilio para verificar las condiciones de habitabilidad, declara que están en un alto peligro de derrumbe y ordena la clausura del inmueble y el desalojo de las familias”, detalla la referente social.

Las familias desalojadas no podían asistir a los paradores de la Ciudad por dos razones: estaban colapsados y, además, debían despojarse de sus pertenencias y dejarlas en la calle, dado que sólo podían ingresar con una bolsa con ropa. Estos operativos se realizan sin depositarios, por lo que las familias no tienen dónde dejar sus objetos personales, muebles, mascotas, etc.

Foto: FM Riachuelo

“Nosotros en el año 2019 empezamos una acción de amparo, donde la justicia porteña el mes pasado, ordenó al gobierno de la ciudad presentar un protocolo para los casos de desalojos con programas específicos para el barrio de La Boca, porque está declarado en emergencia ambiental y urbanística, en lo que hace a vivienda y hábitat”, cuenta Quinto. La líder social señala que la justicia ha dado claras indicaciones sobre  que es necesario generar un protocolo para acompañar a las familias, porque La Boca se encuentra en una situación de emergencia, en comparación a otros barrios del distrito. “Pero el gobierno porteño lo que ofrece es un subsidio habitacional como única herramienta de acompañamiento a las familias desalojadas”.

Recién en horas de la tarde de este jueves, las familias fueron llamadas para ir a buscar el subsidio de desalojo: “les dieron un cheque fuera del horario bancario, quiere decir que esta noche van a volver a dormir en las calles”, termina Quinto.

Casi doscientas familias podrían terminar en la calle

La semana pasada, Tiempo alertó que en los próximos días, más de 100 familias podrían ser desalojadas de un edificio de Parque Patricios. Son un total de 106 familias que viven en un inmueble ubicado de Parque Patricios sobre la calle Santa Cruz 140, en la unidad funcional 15 de la manzana de la ex fábrica Selsa, una hilandería abandonada que fue transformada en una cooperativa de viviendas. La justicia determinó que el gobierno porteño tenía 90 días para ofrecerles una alternativa habitacional a las familias, pero jamás lo hizo. Esta situación se suma a las 70 familias de un hotel de Constitución ubicado en la calle Solís, un desalojo que, por ahora, la justicia porteña suspendió.