La Villa 31 no tiene paz. Cuenta con dos leyes de una urbanización nunca concretada, fue la más afectada por el Covid-19 en CABA, y ahora un funcionario de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta anunció que buscan subastar unas 20 hectáreas de este barrio llamado Padre Mugica, buscando cristalizar el proyecto macrista de un corredor inmobiliario que una Puerto Madero con la Costanera Norte, donde estaría el cuestionado barrio náutico de lujo de Costa Salguero. La decisión traerá otro foco de conflicto con Nación, porque los terrenos forman parte de los numerosos traspasos que realizó Mauricio Macri a la Ciudad tras su derrota en las PASO, analizados por su ilegalidad.
“Estamos avanzando con la mensura de estos dos grandes terrenos. Una vez conformadas las parcelas, podemos iniciar la subasta pública de estas propiedades”, fue la frase del arquitecto Ignacio Perotti, de la Secretaría de Inclusión Social y Urbana, que encendió las alarmas de los habitantes del barrio, cuando lo vieron en un Zoom con Mariano Bernárdez, del PI Institute, subido a internet a fines de agosto.
Según lo que exhibió, son más de 20 hectáreas –un tercio del barrio–, que se conocen como los sectores Flecha Bus (en la entrada por Retiro) y Maersk (el más cercano al puerto). La idea del macrismo es crear un gran corredor inmobiliario de lujo que una el norte y el sur de la ciudad por la Costanera: desde el Distrito Joven y las viviendas de lujo en Costa Salguero, puestas en discusión en la audiencia pública récord de más de 7000 disertantes (sumado a la participación de Nicolás Caputo con el Distrito Quartier, en el límite con el puerto); hasta Puerto Madero y la continuación en La Boca. Crearon el Paseo del Bajo para mayor conexión entre ambas. Pero en el medio están la 31 y la 31 Bis.
Perotti trabaja en esa secretaría a las órdenes de Diego Fernández, el principal apuntado por la explosión de casos de Covid en el barrio: el 53% se habría contagiado, en medio de falta de servicios esenciales como el agua, que ya debía estar brindada como en el resto de la ciudad según las metas de urbanización. Fernández posee una off shore en Panamá y $ 25 millones en títulos de deuda, entre ellos de BlackRock, el litigante más duro.
“No es lo que se buscó originalmente, digamos, urbanizar ese sector para poder liberar esa tierra y así subastarla. Pero forma parte de todo lo que es el proyecto estratégico”, reveló el funcionario, y adujo que la venta a privados permitirá “el desembarco de ciertos equipamientos, servicios y prestaciones que hoy por hoy no tiene el barrio y demanda, en una articulación público-privada. Hoy el barrio cuenta potencialmente con un banco, un kiosco, un Farmacity”, citando a una empresa de vínculos estrechos con el macrismo a través del ex funcionario nacional Mario Quintana, titular de la firma hasta 2018. Incluso exhibió una imagen donde se ven posibles empresas que llegarían, como Veglia o Kentucky, lo que parece reflejar que ya hubo contactos previos a la subasta.
“Si hay terrenos públicos en desuso en la Villa 31, como el de Flecha Bus, destinémoslo para viviendas dignas de los vecinos y vecinas del barrio y para un hospital, que no hay uno en toda la Comuna 1 y eso se puso de manifiesto en la pandemia”, plantea a Tiempo la comunera Sofía González (FdT), quien cuestionó el anuncio ante los representantes de la Ciudad en la última reunión del Consejo de Gestión Participativa (CGP) de la Villa 31. Ellos lo negaron: “Desconocemos las declaraciones del funcionario, vamos a ver de qué se trata”. Al finalizar la reunión, el video había sido quitado de internet.
Los terrenos mencionados forman parte de los cien que Mauricio Macri cedió a la Ciudad después de la derrota electoral en las PASO. La Ley de Responsabilidad Fiscal impide esas decisiones en los últimos dos trimestres de gobierno. Flecha Bus y Maersk, con números de escritura 332 y 331 respectivamente, fueron transferidos el 12 de septiembre de 2019, y otro deseable para subastar, Loginter (número de escritura 371), el 24 de octubre. La Agencia de Administración de Bienes del Estado anunciaría su sentencia en marzo. Pero la Ciudad ya piensa en subastarlos.
La situación llegó a la Legislatura porteña, con la presentación de un proyecto de resolución de la diputada María Bielli (FdT) para que el Ejecutivo porteño explique en menos de 30 días si se encuentra en la agenda de la Ciudad realizar una subasta de esos terrenos, si ya tuvieron contactos con empresas o inversores interesados en esos lugares, y si se están respetando las disposiciones de las leyes de urbanización y reurbanización del Barrio Mugica. “¿Es posible que un funcionario de la propia Secretaría de Integración Social y Urbana haya adelantado los reales intereses del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre terrenos y/o propiedades del Barrio Mugica? –se pregunta Bielli–. ¿Tiene interés el Ejecutivo porteño en propiciar el ‘desembarco’ de empresas en este lugar? ¿En llamar a una subasta pública para vender terrenos de dominio público de la Ciudad y desplazar habitantes legítimos del Barrio?”.
Créditos
Volviendo al registro audiovisual de la exposición del funcionario de CABA, Bernárdez le consulta si lo recaudado iría al barrio, a los propietarios, a Nación o a Ciudad. Respondió Perotti: “Lo obtenido de las subastas va a Ciudad, no solo se ponen a subasta estos mismos sino algunos otros en lugares estratégicos de la Ciudad, como pueden ser ferroviarios, cercano a Mataderos, ciertos polos donde se liberaron con las propuestas de urbanización ciertos terrenos vacantes». Y argumentó que las ventas son necesarias “para ser sostenibles este tipo de urbanizaciones”.
Sin embargo, si hay una villa con fondos suficientes para urbanizarse es la 31. Para eso, la gestión macrista tomó deuda por 300 millones de dólares con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y le sumó 32 millones de dólares del 20% de la venta del Tiro Federal, cuya subasta se justificó precisamente con el argumento de que una quinta parte de ella iría a urbanizar la 31. El total, esos 332 millones de dólares para el Barrio Mugica equivalen a más de un punto de coparticipación.
En la realidad no se ven avances de urbanización. La primera ley de urbanización de 2009 establecía que debían construirse 2500 viviendas. La de 2018 bajó ese número a 1200, y quedarían otras 8800 “soluciones habitacionales”. Hace un mes el gobierno porteño anunció que el tendido eléctrico no será subterráneo, como en el resto de la Ciudad. Lo harán aéreo. Algo que el ENRE prohíbe para barrios formales o en proceso de urbanización.
En el último encuentro del CGP agregaron otra idea: un sistema de medidor prepago de luz. Como el celular: cuando consumen todo el “crédito”, se les corta el servicio.
“La urbanización se está haciendo solamente en el borde del barrio, en las avenidas, cuando una se mete adentro no hay nada hecho. No hay obras de infraestructura, las cloacas que hicieron en su momento están todas tapadas porque fueron mal hechas, pusieron caños más chicos de lo normal”, denunció Silvana Olivera, vecina de la Manzana 6 e integrante del Comité de Crisis. Y completó: “La plata que pidieron al Banco Mundial y al BID nunca llegó al barrio, no hubo nada de agua ni electricidad. Tenemos incendios, inundaciones, derrumbes. Ahora nos proponen que el tendido eléctrico vaya por arriba, cuando originalmente debía ser soterrado como el resto de la ciudad, y que haya medidores prepagos para la luz, no queremos eso. Es un derecho humano que debe garantizarse. Si comparás las casas que hicieron acá con las que urbanizaron en otras villas como la Rodrigo Bueno o la de Chacarita, vas a ver que acá son de chapa y durlock, allá de ladrillos. Cuando la plata que debía destinarse acá era muchísimo mayor que la de esos otros barrios populares. Las casas del sector de la Containera son invivibles, las paredes se caen a pedazos, hay rajaduras, filtraciones, problemas estructurales de los edificios. Y mientras, avanzan en la enajenación de terrenos para que tengamos que discutir con privados y no con el Estado. Nos exponen a la gentrificación y nos ponen a merced de todo el sistema inmobiliario, sabiendo que somos personas de bajos recursos que terminamos en villas para no vivir en la calle”.
El temor a la gentrificación en una zona cotizada
“No es lo que se buscó originalmente, digamos, urbanizar ese sector para poder liberar esa tierra y así subastarla. Pero forma parte de todo lo que es el proyecto estratégico”, reveló Perotti en el video, mientras exhibía los terrenos en verde estipulados para la venta, con precios fijados: $ 463.001 en el caso de Maersk; $ 235.000 + IVA en la mitad del sector de Flecha Bus, y $ 255.000 + IVA la otra parte. El m2 lo promedian en 3040 pesos, bastante inferior a los 8 mil pesos que les cobran a las familias de la villa para ser propietarias en la urbanización, según denunció la delegada vecinal Silvana Olivera. El antecedente es la ley que Larreta consiguió el año pasado que “enajena” terrenos públicos transferidos por Nación en la era Macri para cubrir parte de los más de 200 millones de dólares que pidió de deuda a la Corporación Andina de Fomento para construir el Paseo del Bajo. Seis eran de la Villa 31. La contrapartida es que, con una segunda ley de urbanización votada en 2018 tras la de 2009, la Ciudad permite que los habitantes sean propietarios de sus futuras viviendas, con un asterisco: a partir de la tercera cuota de la hipoteca pueden venderla. Con precios superiores a cien mil dólares por casa, en una zona tan cotizada, el peligro de la gentrificación se vuelve concreto. Y en este caso, hasta promovido por el propio Estado.
