Mientras sigue vigente la conmoción por el asesinato de Lucas González en manos de la Policía de la Ciudad en el barrio de Barracas, el asesinato de Luciano Olivera, perpetrado por la bonaerense en Miramar, pone en evidencia que el gatillo fácil es transversal a todas las fuerzas de seguridad y que no alcanzan las definiciones ni las buenas intenciones políticas para terminar con este flagelo.

La provincia de Buenos Aires encabeza la lista de asesinatos en casos de gatillo fácil pero, además, en las muertes de personas detenidas por diferentes razones, lo que se conoce como “muertes bajo custodia. De acuerdo a un relevamiento realizado por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), entre 2016 y 2021 hubo un total de 1.634 muertes, de los cuales 436 son asesinatos de gatillo fácil y 1.198, entre asesinatos y fallecimiento por distintas razones, corresponden a personas detenidas. De esta última cifra se desprende que el 71% de las muertes ocurrieron entre 2020 y 2021 durante la pandemia.

La situación es desesperante y requiere de cambios urgentes que abarcan, desde la formación de las fuerzas seguridad pero, al mismo tiempo, decisiones políticas que está en manos de las autoridades del poder ejecutivo. “Entre diciembre de 2019 y marzo de 2020, el gobierno nacional lanzó una cantidad de señales positivas, empezando por la derogación de los protocolos Bullrich, siguiendo por la prohibición del uso del arma reglamentaria a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fuera de servicio, y la derogación del protocolo de personas LGBTIQ, que marcaban cierta expectativa. Desde la Coordinadora las apoyamos pero manifestamos fuertemente que no alcanzaba”, cuenta a Tiempo María del Carmen Verdú, titular de la CORREPI.

Si bien la prohibición de usar el arma reglamentaria a la PSA fue un paso importante, cabe destacar que es la fuerza de seguridad menos representativa de todas, pues posee la menor cantidad de efectivos, y no se encuentra en el patrullaje urbano. Al mismo tiempo la PSA tiene, en promedio, tres casos de gatillo fácil por año. A comienzos de 2020, por aquel entonces la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, reconoció en un encuentro con la CORREPI que, según datos propios, el 66% de los asesinatos de civiles en manos de miembros de las fuerzas federales ocurrían fuera de servicio.

“Nosotros venimos insistiendo muy fuerte con dos medidas que se pueden tomar aquí y ahora y que basta con la firma del ministerio de Seguridad de la Nación. Una es sacarles el arma reglamentaria cuando los policías están de civil y ese hecho baja automáticamente al 50% los casos de gatillo fácil en todo el país”, afirma Verdú. En ese momento la explicación de la Cartera de Seguridad fue que no se podía aplicar esa medida porque se le quita a las fuerzas el estado policial, condición que hace referencia a que un agente es Policía las 24 horas los 7 días de la semana.

Para la CORREPI ese argumento no es válido porque, la obligación que tiene el policía aunque esté de franco, de tener que intervenir ante un hecho delictivo, no implica el uso del arma de fuego. “Te pongo un ejemplo: si el policía está fuera de servicio y va a un bar a cenar con su familia y se bajó una botella y media de vino (que está en todo su derecho),si en ese lugar ocurre un hecho delictivo, lo que tiene que hacer es garantizar que no se vayan los testigos, asegurar la escena del hecho, llamar a los policías en funciones, etc. Puede realizar una cantidad de cuestiones que no implican sacar el arma, empezar a disparar y matar al mozo”, desarrolla Verdú.

Otra medida urgente que ningún gobierno plasmó, fue lo que determinó en 2003 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al ordenar al Estado Argentino a que derogue todas las normas que habilitan a las fuerzas de seguridad a detener, interceptar y requisar personas, por fuera de dos hipótesis constitucionales: el delito real o la orden judicial prexistente, ambas medidas escapan a la interpretación de sospecha que termina en una detención arbitraria. Esta sentencia se concretó a raíz del caso Bulacio, el joven que fue detenido arbitrariamente por la Policía en abril de 1991 y que durante su detención fue golpeado en numerosas ocasiones y una vez liberado ingresó a un hospital donde falleció el 26 de abril de ese mismo año.

“Si esta medida se hubiera cumplido por algún gobierno, no hubiese muerto Lautaro Rosé, el chico que la policía de Corrientes dejó morir en el río, porque no hubiera habido razia; tampoco habría muerto en el calabozo Alejandro Martínez en San Clemente del Tuyu; al igual que Florencia Magalí Morales en San Luís, en concreto: la mitad de los muertos en comisarías son detenidos arbitrariamente”, termina la titular de la CORREPI.