Se confirmó el primer caso de coronavirus dentro de la población carcelaria de Argentina: se trata de un condenado a perpetua por matar a su hija de ocho años, que está alojado en la Unidad 42 de Florencio Varela y había salido la semana pasada de la prisión para someterse a un tratamiento médico. Ya fueron aislados preventivamente otros cinco detenidos y diez agentes penitenciarios que habían tenido contacto con el interno infectado, pero el caso encendió la alerta máxima porque los presos son uno de los grupos de mayor riesgo ante la expansión de la pandemia por Covid-19.
De acuerdo al parte oficial publicado por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), el preso, de 49 años, padece una enfermedad renal crónica que lo obliga a realizarse tres diálisis semanales. El viernes había sido trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos Presidente Perón, en Avellaneda, para cumplir con ese requerimiento cuando los médicos advirtieron que tenía fiebre, por lo que decidieron realizar el test con un doble hisopado.
En las últimas horas se confirmó el resultado positivo por lo que el hombre quedó internado a la espera de su evolución. La noticia provocó la aplicación inmediata del protocolo de contingencia por el COVID-19 dispuesto por las autoridades sanitarias, aislando a cuatro detenidos que compartían con él la sala en el sector de Sanidad del penal y un quinto a cargo de las tareas de mantenimiento en esa área.
Además, diez agentes penitenciarios que prestaban servicio en el sector de Sanidad y se ocupaban de los traslados del detenido para las diálisis fueron enviados a sus casas. Según la información oficial, hasta el momento ninguno de los detenidos ni de los oficiales manifestó síntomas compatibles con el coronavirus.
Exterminio
Los organismos de Derechos Humanos venían advirtiendo que la realidad de las cárceles del país ponía en peligro la vida de las personas detenidas. Por esa razón solicitaron medidas urgentes “orientadas fundamentalmente a descomprimir la situación de sobrepoblación y hacinamiento, haciendo uso de todas las potestades del Poder Ejecutivo”.
La semana pasada, la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional hizo una presentación en nombre de 653 personas alojadas en penales de la provincia de Buenos Aires en la que solicitó a la Suprema Corte bonaerense “libertades y medidas morigeradoras” para evitar “un exterminio a gran escala que podría producirse si no se toman cartas en el asunto”.
Por su parte, la Comisión por la Memoria (CPM), en su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, había enviado una nota al Ministro de Justicia, Julio Alak, para exigirle, entre otras medidas, “la aplicación de morigeraciones y arrestos domiciliarios para grupos vulnerables, la distribución de elementos de prevención, de comida y medicamentos y la habilitación del uso de celulares”.
