En un año extraordinario por la pandemia de coronavirus y el consecuente decreto que estableció el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), lo que no se alteró en la Argentina fue la represión estatal: según el informe anual de la Correpi cada 20 horas una persona es asesinada a manos de las fuerzas de seguridad.
Bajo el título “Las necesidades del pueblo son esenciales, ¡la represión no!”, la organización anti represiva publicó su tradicional informe denunciando los casos de violencia institucional y policial cometidos durante el primer año de gestión del presidente Alberto Fernández. La última actualización hasta el 19 de noviembre de 2020 contabilizó 411 asesinatos (a razón de 1,19 muerte por día) de los cuales 348 se cometieron después del inicio de la cuarentena (20 de marzo) y 63 previamente.
Los casos registrados incluyen las desapariciones forzadas seguidas de muerte de Facundo Astudillo Castro y Francisco Cruz, en Buenos Aires; la de Luis Espinoza, en Tucumán; y la de Carlos Orellano, en Santa Fe.
El informe destacó que “si bien la Doctrina Chocobar impulsada desde el Ministerio de Seguridad por Patricia Bullrich en el período anterior dejó las cifras de asesinatos estatales más altas en democracia (1.831 muertes, a razón de una cada 18,34 horas y un promedio de 1,31 asesinatos diarios), el primer año de Gobierno de Fernández sostiene el piso de una vida humana que se pierde por día a raíz del aparato represivo”.
Con respecto a la anterior gestión de Cambiemos, la Correpi recordó que “instaló un verdadero estado de excepción, con suspensión de derechos y garantías, con el objetivo de imponer el más férreo disciplinamiento y control social para tratar de cumplir su objetivo de fondo, que no era otro que la profunda transformación de la relación capital-trabajo en nuestro país”.
En ese sentido, el informe repasó las palabras de Fernández ante la Asamblea Legislativa el día que asumió como presidente: “Debemos escapar al gatillo fácil y a la lógica de la muerte por la espalda”.
El informe destacó la presentación de una agenda con pedidos a la nueva ministra de Seguridad, Sabina Frederic, “que a menos de 15 días de asumir cumplió con cinco de ellas, referidas a los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad federales impuestos por su antecesora, Patricia Bullrich”.
“En todos esos casos –continuó el documento–, consideramos esas medidas como un avance progresivo, sin dejar de marcar que, tomadas de forma parcial y aislada, sin acometer el conjunto, no producirían cambios significativos, como lo probó en el curso de 2020 la constante de innumerables situaciones de violencia represiva”.
La Correpi señaló, además, algunos hechos que contradecían “aquel incipiente camino auspicioso”, como la designación de Sergio Berni como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el anuncio del Comando Unificado de fuerzas federales o la resolución que puso en manos de las fuerzas federales la implementación del ciberpatrullaje.
