Casi diez años después, en la puerta del Tribunal Oral Penal de Goya, en Corrientes, que juzga por segunda vez al empresario agropecuario Ricardo Prieto por el homicidio culposo de Nicolás Arévalo, un chico de apenas cuatro años, su madre Gladys evoca en pocas palabras la tragedia personal: “Se sentía olor cuando echaban, y cuando le pasó a Nico y a Celeste se sentía seguido. Recuerdo que él se me enfermó, que se me siguió enfermando, lo llevé al hospital, pero no tuve solución, seguí con eso que no sabía qué era hasta el fin. Ahí me ayudó el forense, yo no podía entender”.
Eso que le pasó a Nicolás y que luego debieron explicarle a la madre era el endosulfán, un insecticida extremadamente peligroso que Prieto aplicó de manera negligente sobre su cultivo de tomates y que intoxicó el cuerpo del niño, matándolo en pocos días. “Esperemos que el juicio sirva para que no se tire tanto veneno químico. Cuando fumigan es impresionante el olor que queda en la zona, hace que a uno le duela la panza. Vamos a seguir luchando para que todo esto salga a la luz”, promete la familia de la víctima.
El 30 de marzo de 2011, en el Paraje Puerto Viejo de la localidad correntina de Lavalle, una zona de producción intensiva de tomates y pimientos a través de carpas plásticas conocidas como “tendaleros”, Nicolás y su prima Celeste, de entonces cinco años, estaban en la calle de tierra que separaba su casa de la chacra de Prieto cuando, distraídos por el caballo de un vecino, pisaron una zanja usada como desagüe por el productor para que desemboque en el río Paraná.
“Ese día habían estado fumigando y lo habían estado haciendo con las carpas abiertas. Además, los vecinos confirmaron que también habían estado lavando los tachos de agroquímicos que usaban; toda esa agua iba a parar al desagüe que cruzaba la calle. Nicolás se cayó, apoyó los pies y las manos, y Celeste solo lo pisó”, detalla Jorge Cefarelli, periodista de FM La Chicharra, el único medio que acompañó a la familia en el comienzo del juicio.
Esa noche, Nicolás comenzó a experimentar un fuerte malestar con vómitos. La madre lo llevó a una sala de primeros auxilios de la zona, pero el médico le dijo que era una gastroenteritis. Los síntomas empeoraron, y Nicolás fue trasladado sucesivamente del Hospital de Santa Lucía al de Goya, y por último al Hospital Escuela de Corrientes, donde murió el 4 de abril.
La autopsia confirmó la presencia de endosulfán en sangre e hígado. El mismo producto apareció en las muestras de suelo y agua que se tomaron tanto en la calle, donde habían estado los chicos, como en la chacra de Prieto.
Celeste, en tanto, tuvo más suerte. Fue trasladada de urgencia al Hospital Garrahan. Permaneció internada tres meses y aún hoy continúa con tratamiento médico por las lesiones permanentes: tiene problemas en la piel y dificultad para respirar. Su madre contó que, además, le cuesta prestar atención y por eso le va mal en la escuela.
En 2016, Prieto fue llevado a juicio, pero el Tribunal lo sobreseyó demostrando, según Cefarelli, “la connivencia entre el Poder Judicial y el sistema productivo contaminante de la provincia”.
Envenenamiento
El ingeniero agrónomo, docente y coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal), Javier Souza Casadinho, explica que el endosulfán, prohibido en la Argentina desde 2013, “es un insecticida extremadamente peligroso que provoca intoxicaciones agudas muy fuertes, problemas a nivel de páncreas y a largo plazo también puede afectar el sistema nervioso provocando, por ejemplo, Parkinson”.
Para Diego Rinaldi, el bioquímico que en 2011 realizó las pericias tóxicas al cuerpo de Nicolás, “el problema de las intoxicaciones de la gente que trabaja o vive en zonas cercanas a donde se desparraman agroquímicos es algo frecuente”, y agrega que el peligro también es para nosotros que al ingerir esos productos “vamos acumulando plaguicidas en el cuerpo”.
Con respecto a la responsabilidad de Prieto, el abogado Herminio González que representa a la familia Arévalo sostiene que “está plenamente acreditado que hubo maniobras negligentes en la implementación de un agroquímico”.
“Tanto en la autopsia de Nicolás como en la historia clínica de Celeste surge con total claridad el envenenamiento por endosulfán y está acreditado que las órdenes para su aplicación eran dadas por el acusado –concluye–. Lo que no deja dudas sobre la autoría y la calificación legal de homicidio culposo por la negligencia, por la imprudencia y por la violación de los deberes y los reglamentos que debía cumplir”.
Otro tomatero, otra víctima
Apenas un año después de la muerte de Nicolás Arévalo, otro chico de cuatro años que vivía en Lavalle, Corrientes, llamado José Rivero, murió en una cama del Hospital Garrahan.
José vivía con su familia en un campo lindante al del productor tomatero Oscar Candussi. Las constantes fumigaciones sobre el «tendalero» habían convencido al padre de José de mudarse. Pero ya era tarde. Su hijo comenzó a sufrir varias crisis convulsivas, propias de los intoxicados, que obligaron a su traslado a la capital provincial y luego a la Ciudad de Buenos Aires.
El trabajo del abogado Julián Segovia, quien también fue el primer patrocinante de la familia Arévalo, logró relacionar la muerte de José con la aplicación irresponsable de plaguicidas por parte de Candussi. El acusado no era cualquiera, se trataba del presidente de la Asociación Hortícola de Lavalle.
Segovia, integrante de la Fundación Infancia Robada, y que murió en 2019 de cáncer, alcanzó a ver el procesamiento del Juzgado Nº 1 de Goya contra el productor, por homicidio culposo. La familia de José, sin embargo, aún aguarda por el comienzo del juicio.
