Rawson vivió sus horas más tremendas al caer la tarde de este jueves cuando una marcha inicialmente pacífica en reclamo del veto a la Ley de Zonificación Minera que aprobó la Legislatura provincial el miércoles, finalizó en quema de edificios públicos y represión policial. El gobernador Mariano Arcioni se apuró en promulgarla, pero las llamas de la sociedad chubutense están lejos de apagarse.
En la anteúltima sesión del año, la Legislatura decidió tratar el proyecto de Ley de Zonificación de la Actividad Minera, originalmente prohibida en todo el territorio provincial por la Ley 5001 desde el 2003. La norma permite la «diversificación productiva» en las zonas de Telsen y Gastre de la Meseta Central donde, afirman desde el Ejecutivo provincial, yacen unos de los principales yacimientos de plata sin explotar del mundo. El yacimiento de plata y plomo Navidad, que pertenece a la multinacional Pan American Silver, representa un 16% de la superficie de Chubut.
El proyecto resultó aprobado por 14 votos a favor, 11 en contra y 2 ausencias. Esta primera movida política generó malestar y marchas ese mismo día de vecinos y organizaciones ambientalistas, que terminaron con más de 20 heridos en una verdadera cacería llevada adelante por personal de la policía provincial.
El caldo de cultivo se estaba aún gestando. La ciudad Capital amaneció al día siguiente en un escenario de consecuencias bélicas. Restos de piedras y escombros, sinfín de botellas rotas y puntos ígneos entre varias calles y arterias cercanas al centro cívico de una ciudad que se caracteriza por su tranquilidad histórica, sacudida en estos últimos años por protestas anti mineras y reclamos salariales eternos de empleados públicos y docentes provinciales aún sin solución. El malestar en Chubut no es solo ambiental, pero en todos los reclamos las miradas apuntan a los mismos destinatarios: la gobernación, las fuerzas de seguridad y la justicia siempre con afinidades corporativas. Fueron precisamente dos de los 16 edificios públicos atacados.
Desde muy temprano la gente comenzó a concentrarse frente a distintas dependencias, exigiendo el veto de la Ley sancionada. Arcioni hizo todo lo contrario, y la promulgó en tiempo récord. La reacción social tuvo el punto cúlmine sobre el atardecer en la Peatonal Fontana, que divide la Casa de Gobierno y la residencia oficial del primer mandatario.
En un primer momento las marchas y movilizaciones se iniciaron de manera pacífica, y contaron con réplicas en otras ciudades como Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia. La llegada de la noche trajo incidentes violentos y previsibles. Bastó una chispa para dar inicio a la quema con bombas de tipo caseras y distintos elementos combustibles hacia el principal edificio público de la ciudad. El fuego tomó rápido las oficinas tanto de la peatonal como de la calle Vachina. Fue el inicio. El Superior Tribunal de Justicia, la Jefatura de Policía y la plaza central también ardieron en una escena inédita. Hasta vehículos oficiales fueron incendiados.
Entonces llegó la policía. Las piedras tuvieron como respuesta balas de goma y gases lacrimógenos. Efectivos contra familias y jóvenes. En la zona se agregaron disparos en locales comerciales, e incluso frente al Hospital Santa Teresita que ya venía de una noche extrema, cuando debieron atender la veintena de heridos producida en la primera represión del miércoles.
“El centro de Rawson quedó destruido. Debemos distinguir a quienes se manifestaron pacíficamente por estar en contra de la iniciativa minera, de quienes tuvieron la clara intención de hacer daño”, afirmó el intendente de la ciudad Damián Biss, que el próximo lunes debe dar apertura a la temporada veraniega 2022 en el balneario capitalino de Playa Unión.
Sin vuelta atrás
Las primeras palabras del gobernador iban a llegar este mediodía con un mensaje grabado, pero en la puerta de la Casa de Gobierno remarcó que no iba a dar «marcha atrás» y que iba a ir hasta «las últimas consecuencias» para dar con los culpables de los incendios. Luego en el mensaje grabado intentó ser más conciliador: “La violencia nunca es el camino. Son situaciones inaceptables de un nivel de violencia intolerable para una sociedad democrática como la que pretendemos. El respeto por el otro y sus ideas no pueden abolirse violentamente. Todos los canales de diálogo están abiertos, pero no voy a aceptar la violencia los desmanes ni los saqueos”.
“Chubut esta atravesada por una pandemia de violencia que nos debe hacer reflexionar a todos”, agregó Arcioni en el mensaje grabado. Y, sin referirse a la ley ni a posibles instancias de debate, acotó: «los responsables e ideólogos de la violencia deben pagar por sus hechos. Chubut merece paz, diálogo y consenso pero jamás con violencia».
Las autoridades optaron por generalizar la violencia de la protesta, atribuyéndosela a todas y todos los manifestantes. El recientemente nombrado Ministro de Seguridad, Leonardo Das Neves, indico a medios locales que “son varios los edificios gubernamentales que sufrieron daños en medio de violentas manifestaciones, incluso quemaron patrulleros. Entre los detenidos hay quienes llevaban botellas de combustible”.
Los relatos de manifestantes dan cuenta de una “cacería por las calles de la ciudad”. No solo los más radicalizados fueron objeto del accionar policial sino que también familias y comerciantes resultaron dañados con la represión estatal.
Las marchas contra el gobierno de Mariano Arcioni –que llegó a la gobernación con un discurso anti minero– no son novedad. Hace más de 3 años que la situación en Chubut es convulsionada: deudas salariales, paritarias inexistencias, extensos paros docentes y un cuarto lugar en las elecciones de noviembre pasado generaron un caldo de cultivo que explotó con la aprobación de la Ley de Zonificación Minera. El proyecto fue refutado por las asambleas ambientalistas que todos los 4 de cada mes se juntan a recordar su movimiento que había logrado transformar a Chubut en la única provincia donde estaba prohibida la minería. Hasta esta semana. La ley cuenta también con el rechazo de entidades científicas como la Universidad Nacional San Juan Bosco y el Centro Nacional Patagónico.
El escenario obligó al gobierno provincial a suspender las actividades en distintos organismos públicos para este viernes, montando solo guardias mínimas para evitar el tránsito de empleados y personal por una ciudad azotada por el conflicto. La Casa de Gobierno, el Superior Tribunal de Justicia e incluso el Banco del Chubut permanecen cerrados las horas posteriores al estallido.
Para este viernes a las 15 está convocada una nueva marcha masiva en el predio del Banco Nación de Rawson, bajo la consigna «No tenemos miedo, tenemos conciencia». Exigen la derogación, aunque la única salida institucional posible sería que no salga publicada en el Boletín Oficial, algo que Arcioni ya dijo que no va a aceptar. Mientras tanto, el combo de explotaciones mineras y largas sequías siguen atentando contra las cuencas del sur. Ayer, por ejemplo, se informó que el 2022 comienza sin agua para alimentar los ríos Neuquén y Limay. En Neuquén, las autoridades hídricas ya alertaron que los embalses deberán utilizar el agua acumulada como «ahorro».
