La pandemia no terminó. La crisis económica tampoco. Los malabares de muchas familias para llegar a fin de mes, menos aún. Pero la asistencia alimentaria del Gobierno de la Ciudad (GCBA) a través de las escuelas públicas, sí. Llegó a su fin con el cierre del ciclo lectivo 2020. Pese a los reclamos judiciales, las canastas dejaron de repartirse en vacaciones. En una primera instancia, igual que con la falta de vacantes, la Justicia porteña volvió a fallar en favor de la gestión de Rodríguez Larreta.
“Desde colectivos de familias y sindicatos habíamos pedido que se reemplace la entrega por una tarjeta (para la compra de alimentos) en verano. Pero no lo hicieron”, apunta Patricia Pines, referente de Vacantes para Todxs. En un año escolar atípico, la alimentación en los colegios fue uno de los ejes claves en la discusión sobre las acciones oficiales durante la pandemia. Sin clases presenciales, el GCBA repartió en un primer momento una serie de viandas cuestionadas por su cantidad y calidad, hasta que instauró la Canasta Escolar Nutritiva. Asociaciones civiles y sindicatos llevaron a la Justicia el reclamo por su continuidad durante las vacaciones, pero fue rechazado. Esta semana presentaron la apelación.
“La jueza Romina Tesone dice que no existe obligación del gobierno porteño de extender los comedores porque están pensados para las clases, pero lo que planteamos es que la canasta implica una nueva política alimentaria, que tiene el fundamento de que las familias durante la educación a distancia necesitan alimentos por la crisis económica y sanitaria. No puede ser interrumpida en forma arbitraria, viola el principio de no regresividad, y además en el receso de invierno se otorgó, por lo que el receso no puede ser argumento”, puntualiza Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, uno de los firmantes del amparo.
Baldiviezo señala que, entre sus fundamentos, la jueza “sostiene que no está demostrada la necesidad, pero es el propio Gobierno el que la reconoce porque da la beca alimentaria”. En las comunidades educativas esa necesidad fue palpable durante todo el año, y en varios establecimientos debió ser cubierta con los aportes del plantel docente. “Muchas familias perdieron el trabajo. Viendo que la gente se quedaba esperando en la puerta para ver si sobraban algunas bolsas de fruta o un par de leches, un profe dijo ‘¿y si ponemos algo de plata entre docentes y les compramos alimentos?’. Lo sostuvimos de abril a diciembre”, relata a Tiempo Carolina Bregy, profesora de Lengua en la Escuela Rumania, de Villa Real. La «vaquita» complementó las viandas del GCBA, que por ser para una escuela de jornada simple solo incluían leche, té, galletitas y algunas frutas. La entrega oficial fue hasta el 11 de diciembre. Las y los profesores se organizaron para hacer otra el 23, en la puerta de la escuela ya cerrada. “Nos preguntaban qué iba a pasar en enero. Les decíamos que si llegaban cosas del gobierno las repartíamos, pero no hay nada. Están mucho más preocupados por otras cosas como las ‘burbujas’ y las clases presenciales”, contrasta Bregy.
“Cuando terminó (la entrega oficial) dieron un poco más de mercadería los maestros con plata que juntaron ellos, igual que todo el año. Nos dieron un montón: fideos, aceite. Mi marido estuvo todo el año sin trabajo y fue una gran ayuda”, remarca Gabriela Castillo, mamá de dos estudiantes de la Escuela Rumania. En la Tomás Espora, de Liniers, la comunidad docente también se organizó para otorgarlas por cuenta propia, pero pudieron sostenerlo hasta octubre. Antes habían reclamado mayor y mejor asistencia, sin éxito. “Venían más de 200 familias. Si se tomaban dos bondis por una manzana, es que realmente lo necesitaban”, grafica Mariana Biscotti, docente de teatro de ese colegio, que recibe a muchas familias del Bajo Flores. En una de las entregas, un representante del GCBA les labró un acta por distribuir comida por fuera de la indicada oficialmente. Luego de eso, mudaron las mesas a la vereda. «
Los caminos judiciales
Así como rechazó la cautelar para la continuidad de las canastas nutritivas, la jueza Romina Tesone dispuso de todos modos que el gobierno porteño difunda las vías por las cuales las familias que lo necesiten puedan solicitar el acceso a la asistencia alimentaria. Al filo del plazo, el Ejecutivo local publicó un link con los datos para tramitar esa asistencia mediante el Ministerio de Desarrollo Humano. Desde esa cartera indicaron que aún no hubo mucha demanda, pero que es demasiado reciente como para conocer su impacto. El fallo se sumó a los guiños de la Justicia porteña hacia el macrismo en relación a su política educativa, tras la decisión del Tribunal Superior de ordenar que solo obtenga vacante pública la familia que no puede pagar una privada.
En la Legislatura porteña, el Frente de Todos presentó un proyecto de ley para que continúe la entrega alimenticia durante el receso. “Fue tras hablar con muchos directivos y docentes que planteaban esta necesidad. Propusimos que exista la doble opción: la continuidad de la canasta o la tarjeta alimentaria”, dijo la legisladora Maru Bielli. Sin embargo, ni siquiera se llegó a discutir en la Comisión de Educación antes del final de las sesiones ordinarias.
