Si algún ejemplo concreto nos dejó el aislamiento social durante la pandemia, es que la situación en materia educativa hubiese sido totalmente distinta, si la gestión del gobierno anterior, liderada por Mauricio Macri, hubiera continuado a ritmo sostenido la inversión en educación tecnológica y digital. Pero esa situación no ocurrió y, por el contrario, fue a la baja desde el 2015 al 2019, con presupuestos asignados muy reducidos que tuvieron un piso de 0,9% del total.
Con el cambio de gobierno, apenas asumió Alberto Fernández, decidió gestionar el 2020 sin Ley de Presupuesto y prorrogó los montos que rigieron en 2019 porque “sus números no reflejan ni la realidad de la economía ni las realidades sociales ni los compromisos de deuda que realmente se han asumido”, explicó durante su asunción. Ya en 2021, la realidad en materia educativa comenzó a cambiar. El año pasado, el presupuesto para programas destinados a la inversión en tecnología educativa representó el 3,6% del presupuesto total del Ministerio de Educación de la Nación, y se convirtió en el más alto de los últimos 7 años. Superó ampliamente la inversión de 2019 (0,9%) y 2020 (0,8%), pero aún está muy por debajo de los niveles récord de 2011, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que alcanzó el 12,9% del sector con el Conectar igualdad.
Los datos surgen del informe “¿Cómo fue la inversión nacional en tecnología educativa a través del tiempo?”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, realizado por Alejandro Andlovec (UBA), Gabriela Catri, Martín Nistal y Víctor Volman; con datos obtenidos de la plataforma de Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía. El documento focaliza en los últimos diez años y advierte que alcanzó el 12,9% del presupuesto educativo nacional en 2011, y se mantuvo relativamente alto en 2013 (9,6%) y 2014 (7,4%), pero cayó por debajo del 3% entre 2016 y 2020. Los años de menor inversión nacional en educación digital fueron 2019 (0,9%) y 2020 (0,8%). La mayor inversión se concentró en los primeros años del Programa Conectar Igualdad, específicamente en 2011, 2013 y 2014. Entre 2015 y 2020 se observa una retracción en el presupuesto ejecutado en los programas de inclusión digital; los años de menor inversión fueron 2010 (cuando comenzó el programa Conectar Igualdad), 2019 y 2020. Durante el año 2021, la inversión alcanzó el nivel más alto en siete años, con $17.767,1 millones.
Agustín Claus, especialista en Economía de la Educación de FLACSO, asevera que “la institucionalización de la política digital en educación se registró con una fuerte inversión entre los años 2011 y 2015, luego entre 2016 y 2019 se ajustó el presupuesto y en el medio de la pandemia se intentó recuperar la inversión 2020 y 2021”. El especialista agrega que analizando los años 2016 y 2019 se pueden estimar cuántos estudiantes tendrían que haber recibido las netbooks que les hubieran permitido estudiar durante los años 2020 y 2021: “Según mis estimaciones, al menos 3,5 millones de estudiantes tendrían que haber recibido las netbooks durante 2016 y 2019 y esto les impidió continuar estudiando en la pandemia”.
Cabe señalar que enlos últimos diez años, las políticas educativas en materia tecnológica fueron muy distintas: Mientras que Conectar Igualdad (2010-2016) y Juana Manso (2020-2021) intentan reducir la brecha digital distribuyendo un dispositivo por estudiante, el Plan Nacional de Educación Digital implementado por Mauricio Macri durante 2017 a 2019, sólo destinó recursos a equipar las escuelas con aulas digitales móviles.
Volver a la inversión de 2011-2014
El informe cuenta con el análisis de otros especialistas en materia educativa. Alejandro Artopoulos, director de investigación y desarrollo del Centro de Innovación Pedagógica de la Universidad de San Andrés, sostiene que “la inversión nacional en tecnología educativa se recuperó en la pandemia, aunque no a los niveles óptimos. Volver al promedio del período de oro de Conectar Igualdad (2011-2014) es prioritario para construir la sociedad del conocimiento”. Por su parte, Fabio Tarasow, coordinador académico del Proyecto Educación y Nuevas Tecnologías (PENT) de FLACSO, explica: “Las políticas nacionales de inclusión de tecnologías solo componen una parte de la acción del Estado con esta finalidad. A las acciones del Estado nacional deben agregarse los programas que generan las administraciones provinciales y municipales. Los esfuerzos conjuntos de los diversos sectores del Estado se revelan en la fragmentación, yuxtaposición y variabilidad de las políticas destinadas a la inclusión de tecnologías en educación”.
