Invisibles. Victimas que, según la agenda de los Grandes Temas Nacionales, nadie llora o reclama. En lo que va del año ya hubo 15 travesticidios y en sólo tres la Justicia investigó las circunstancias de la muerte. El resto, apenas una estadística que, pareciera, a nadie le interesa. Se instala así la idea de que para una travesti o trans ese es el único final posible.

Laly Heredia Escobar tenía 36 años y hacía diez que había dejado Perú para instalarse en la Argentina. El domingo 3 de febrero su cuerpo apareció a la vera del Camino de Cintura, a la altura del barrio Los Pinos, en La Matanza. Poseía una herida de bala en la cintura.

Laly había salido de su casa en Morón, donde vivía con su pareja, el sábado a la medianoche. Se cree que alrededor de las 3 de la mañana, un hombre se le acercó a preguntar por sus servicios sexuales y terminó disparándole. Se sabe que el asesino apretó el gatillo varias veces por las vainas servidas encontradas en la escena. También que no se llevó el dinero que la víctima tenía encima. La familia de Laly asegura que no murió de inmediato: estuvo agonizando por lo menos hasta las 7 de la mañana, pero nadie se acercó para ayudarla.

Para María Eugenia Ludueña, docente, escritora y directora de la agencia de noticias LGBTI Presentes, «muchos de estos travesticidios están vinculados al trabajo sexual».

«Una travesti –explica– fue, primero, expulsada de su familia, y al mismo tiempo del ámbito educativo; después fue expulsada del ámbito laboral y, en consecuencia, obligada al trabajo sexual. Más allá de que hay travestis orgullosas de ser trabajadoras sexuales, la mayoría es de lo único que puede vivir, por lo que están expuestas a enfermedades, situación de calle, robos, asesinatos, etc.».

Ludueña acota que en el caso de Laly se habla de travesticidio, «que es el mayor grado de violencia ejercida contra una travesti o trans, pero también existe lo que llamamos travesticidio social, que es la muerte por falta de acceso a un montón de derechos».

La de Laly fue la segunda muerte violenta de una travesti en lo que va de 2019. El 27 de enero, Mirna Antonella Eva Di Marzo, 30 años, oriunda de Güemes, en Salta, murió después de una larga agonía en una cama de terapia intensiva. En realidad, Mirna había comenzado a morirse en la madrugada del 21 de octubre del año pasado, cuando un hombre la atacó a la salida de un boliche.

«El discurso de odio es el que mató a Mirna y es el que sigue matando a mujeres trans», dijo el abogado de su familia, José Lazarte, a Presentes, al conocerse la noticia.

El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Rodrigo González Miralpeix, imputó a José Gustavo Gareca, de 44 años, por el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género. Gareca, con antecedentes de brutalidad, había golpeado a Mirna hasta dejarla inconsciente y luego la abandonó semidesnuda en la calle.

«Los travesticidios no aparecen en los medios, no logran romper cierto cerco, son otro tipo de víctimas, ni siquiera mueven el amperímetro de las redes sociales. El femicidio ha logrado la condena social, con el travesticidio eso no pasa, es como si fuera el destino inexorable», opina Ludueña.

El último caso de este año que logró la atención de la Justicia es el de Jésica Benavidez, cuyo cadáver apareció en las primeras horas del 24 de enero en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos. Jésica era trans, pobre y prostituta. Un vecino la encontró sentada semidesnuda en el interior de su casa. El fiscal Martín Waisenger caratuló el hecho como «muerte dudosa».

La reconocida militante de los derechos LGBT, Keily González, opinó que, más allá de la investigación, «el gran responsable es el Estado. En 2019 para las personas trans es un privilegio existir. Jésica vivía de la prostitución, a cuentagotas, con la ayuda de sus compañeras».

La ausencia de políticas públicas orientadas al colectivo genera que no existan cifras oficiales con respecto a las muertes de travestis y trans. Lo que se sabe es producto del trabajo colaborativo de organizaciones sociales.

«Son pocas las voces que se alzan –cierra Ludueña–, que muestran interés. Los travesticidios no sólo no están en la agenda política, tampoco están en la agenda emocional del país».  «

El recuerdo de Lohana, a tres años de su muerte

El martes 5 de febrero se cumplieron tres años de la muerte de Lohana Berkins, pionera en la lucha por los derechos de la comunidad travesti y trans.

En 1994, Lohana fundó la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT), que presidió hasta el día de su muerte. Fue impulsora de la Ley 3062 de respeto a la identidad adoptada por travestis y transexuales, aprobada finalmente por la Legislatura porteña en 2009.

En 2002 se anotó en la Escuela Normal Nº 3 para ser maestra. Como no la dejaron hacerlo con su nombre, radicó una denuncia en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que en una resolución ejemplar ordenó a las autoridades de la institución que respetaran su identidad de género.

También fue asesora de legisladoras, convirtiéndose así en la primera travesti con un trabajo estatal.

«Yo soy Lohana Berkins: travesti. Si no seguimos aceptando que los genitales nos dan la identidad. El travestismo rompe con eso. Nos construimos». Ella lo pronunció. Luego se hizo bandera.