La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció hace algunos días el lanzamiento del programa «Manos a la Obra» en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Su propuesta es producto de una mirada poco informada sobre la vida en las cárceles y sobre las políticas de trabajo en contexto de encierro.
Este anuncio ignora que ya existe el trabajo en las cárceles, y como indican las leyes de ejecución penal nacionales y provinciales, este es un deber y al mismo tiempo un derecho. Tanto en ámbitos federales como bonaerenses, las personas privadas de su libertad trabajan en las unidades penitenciarias, realizando distintas tareas como el mantenimiento general de las instalaciones, la producción de los alimentos, el trabajo en talleres de producción de bienes que se consumen internamente, proveen a los servicios penitenciarios, o son distribuidos y comercializados fuera de las cárceles, entre otras actividades.
Sin embargo, el trabajo no debe concebirse como un castigo, sino como una oportunidad para transformar la vida de las personas: lo principal es que las personas detenidas puedan adquirir herramientas que les permitan, luego de salir en libertad, no volver a la cárcel.
La política de trabajo en cárceles debe ser entendida como una política de inclusión que deriva en mayor seguridad para la comunidad, si se la piensa de forma integral y en continuidad entre el adentro y el afuera. Como militante del sector de la economía popular y actualmente funcionaria de la Provincia de Buenos Aires me interesa dar a conocer el trabajo que venimos realizando para que en las cárceles de la provincia de Buenos Aires el trabajo sea una herramienta para la inclusión social.
Desde que en marzo del 2024 se conformó la Subsecretaría de Inclusión Laboral y Comunitaria para Personas en Conflicto con la Ley Penal dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, buscamos promover la inclusión laboral y comunitaria de las personas que están y estuvieron detenidas. Esto significa contribuir a la reducción de la reincidencia a partir de políticas públicas que impulsen el trabajo, la formación laboral y el acompañamiento integral de las personas detenidas y liberadas en el contexto penitenciario y pospenitenciario.
En este sentido, nos encontramos desarrollando distintas líneas de trabajo vinculadas al desarrollo de espacios de trabajo productivo en contexto de encierro y post encierro, a la promoción de la formación laboral y el acompañamiento integral tanto dentro como fuera de las cárceles, que incluye el desarrollo de actividades de formación técnica y profesional, artísticas, culturales y laborales. Además nos proponemos generar intervenciones que visibilicen y acompañen la situación de las mujeres detenidas bajo la modalidad de arresto domiciliario, teniendo en cuenta su particular situación de vulnerabilidad.
Para esto, creemos que es necesario construir mecanismos de coordinación y ejecución de programas de forma articulada con organismos estatales a nivel nacional, provincial, municipal, empresas, iglesias y organizaciones de la sociedad civil, teniendo en cuenta que el trabajo territorial y junto a otros y otras es fundamental para la ejecución de políticas públicas que promuevan la justicia social
Desde la Subsecretaría, buscamos que quienes están privados/as de libertad se sumen a trayectos de formación laboral, proyectos educativos, culturales, y de trabajo dentro de las cárceles, entendidos como herramientas que permiten transformar sus vidas y proyectar su futuro en libertad. Presentar el trabajo de las personas privadas de libertad como una obligación y parte de un castigo es una mirada errónea; lo que necesitamos es generar oportunidades para que puedan formarse, empezar a pensarse a sí mismos como trabajadores y generar lazos de pertenencia, frente a una sistema que descarta y excluye a cada vez más personas.
En la Constitución Nacional se establece que las cárceles de la Nación serán para seguridad y no para castigo. A su vez, la Ley Nacional de Ejecución Penal N° 24.660 establece entre sus principios básicos que la pena privativa de la libertad tiene por finalidad lograr la adecuada reinserción social de la persona condenada, y que el trabajo es uno de los pilares fundamentales del tratamiento penitenciario. Para trabajar en pos de la inclusión social es necesario partir de reconocer que la población penitenciaria argentina en su mayoría presenta bajos niveles de escolarización y participación laboral, y que esto es producto de situaciones de exclusión que son previas al ingreso a la cárcel y que deben ser revertidas mediante políticas públicas presentes.
En las unidades penitenciarias de la Provincia de Buenos Aires, venimos desarrollando un modelo de trabajo innovador, por medio de la creación de Polos Industriales, en los cuales trabajan actualmente más de 597 trabajadores y trabajadoras privados de libertad. Estos Polos funcionan dentro de las unidades y son espacios de formación y trabajo a partir de los cuales se buscan generar condiciones laborales dignas y también incidir positivamente en la comunidad, produciendo bienes que den respuesta a necesidades sociales concretas. Esto genera un sentimiento de apropiación muy fuerte entre los y las trabajadores, al ver que lo que producen trasciende los muros de la cárcel y genera un bien para la comunidad. El mismo modelo funciona en Polos Industriales que producen guardapolvos escolares para los alumnos de la provincia de Buenos Aires o bibliotecas que equipan las viviendas entregadas por el gobierno provincial.
El anuncio de la Ministra Bullrich es confuso, el trabajo en las cárceles federales ya existe, y es un derecho y deber legal. Su propuesta parece reducir el trabajo de las personas privadas de libertad al mero mantenimiento de las cárceles. Es fundamental que el trabajo dentro de estas instituciones no solo se limite a eso, sino que también responda a las necesidades de la comunidad y se realice en condiciones que permitan a los detenidos iniciar un proceso de aprendizaje y acreditación de sus habilidades. En este sentido, una iniciativa como la de los Polos Industriales demuestran que el trabajo puede tener un impacto positivo tanto dentro como fuera de la cárceles, en lugar de ser visto como una mera forma de castigo.
Es fundamental entender que si se crean las condiciones adecuadas, las personas pueden cambiar sus rutinas y hábitos. En los espacios de trabajo y formación, ya no son solo personas detenidas, sino que se convierten en estudiantes y en trabajadores. Es necesario ampliar y fortalecer políticas públicas que garanticen el acceso a programas de formación y acompañamiento, tanto dentro como fuera de la cárcel. Para esto, nos proponemos además la creación de Polos Productivos de Inclusión Social en los territorios que, en articulación con organizaciones y actores locales, permitan la inclusión de los trabajadores/as formadas en la cárcel una vez que recuperan la libertad.
Hoy, en las cárceles bonaerenses hay más de 51.000 personas privadas de la libertad, y muchas de ellas accedieron por primera vez a determinados derechos como la educación y el trabajo una vez detenidos/as. Para una gran cantidad de personas, la cárcel suele ser el primer contacto que tienen con el Estado.
La inseguridad es una realidad que debe abordarse de manera profunda e integral, reconociendo su complejidad y sus múltiples dimensiones. Si no hay un estado presente en los barrios populares, queda un territorio vacío, donde avanza la delincuencia y el narco. El encarcelamiento termina siendo una política pública ante la falta de otras políticas públicas.
Es por esto que creo que el Estado debe llegar antes, generando oportunidades, fortaleciendo espacios en los barrios donde se pueda estudiar, trabajar, acceder a la cultura y la recreación y que la cárcel no debe definir a una persona para siempre; es una circunstancia que debe ser acompañada por políticas que permitan proyectar y sostener una vida en libertad. Buscamos en nuestro trabajo diario, en conjunto con otros y otras en el territorio, tender puentes entre el adentro y el afuera de la cárcel.
Nora Laura Calandra es subsecretaria de Inclusión Laboral y Comunitaria de Personas en Conflicto con la Ley Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
