El gobierno inició una nueva ofensiva contra el sector audiovisual que tuvo dos caras, una a través de la resolución 942 que salió publicada en el Boletín Oficial el lunes 18 de septiembre y la otra una denuncia en contra del Instituto Nacional de Cine y Artest visuales (INCAA) por supuestas coimas y sobornos, que fue presentada en el programa La cornisa con el escandaloso aval de Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.
La resolución pretende modificar la modalidad por la cual los realizadores y las productoras podían llevar adelante sus proyectos cinematográficos. Su publicación, previa a la denuncia, fue el motivo por el cual desde las diferentes organizaciones convocaran a una asamblea que se realizará el jueves a las 18 hs. en Lima 319 desde donde se marchará hacia el cine Gaumont, Rivadavia 1635.
Nosotros venimos articulando con el resto de la comunidad audiovisual que involucra a los sectores con los que venimos trabajando cuando se inició el conflicto, explica Camilo Moreira Biurra delegado general de los trabajadores del INCAA.
Nos reunimos otra vez para enfrentar las medidas que atentan contra la organización cinematográfica nacional. Concretamente la resolución 952 que es sumamente restrictiva, poner requisitos imposible de cumplir para cualquier productora independiente, agrega Moreira Biurra.
Hasta el año pasado, el cine nacional llegó a realizar entre 180 y 200 producciones estrenadas y que tienen su proyección no sólo dentro de Capital Federal, si no que abarca todos los Espacios Incaa-Gaumont del país y su estreno y exhibición en Cine.ar (ex Odeón) la plataforma digital del cine argentino.
Este es un nuevo intento de vaciamiento. A principio de año se intento desfinanciar el INCAA y ahora aparece esta resolución. Todo esto tiene que ver con la lógica del gobierno de Cambiemos que es una lógica mercantilista y empresarial en la que por ejemplo se cambia la palabra fomento por la palabra financiamiento, expresa el trabajador.
Más allá de la realización cinematográfica el impacto económico dentro del cine es grande y abarca desde la posibilidad de los productores de exhibir y proyectar las películas en el país hasta el número de trabajadores que participan en cada hecho cinematográfico.
Por otro lado, Moreira Biurra hizo alusión a la denuncia que se presentó el domingo 24 en el programa que conduce Luis Majul. Se trata de una nueva pantalla de humo para ocultar lo que hay de fondo. Una nueva operación de prensa del mismo estilo que hicieron aquella vez cuando querían quitar el fondo de fomento que atenta contra el espíritu de la ley de cine que fue aprobada en 1994. Son operaciones que hacen desde el gobierno porque no se atreven a pagar el costo político, afirma.
Por otro lado, Luis Majul insiste en que con la plata del cine se podrían hacer cloacas. No entiendo por qué hace ese comentario pleno de ignorancia. El cine a través de un sistema ejemplar a nivel mundial se autofinancia y Majul debiera saberlo porque produjo películas con el INCAA por lo que debería saber cómo se compone el fondo de fomento, comentó el dirigente.
El delicado tema del contenido
En los últimos meses, además de la situación conflictiva, los trabajadores del Instituto Nacional de Cine y Artes visuales atraviesan una nueva crisis.
Para adentro, la situación es crítica porque lo que sucede es que hay casos de censura. En el caso de Arteve, se dieron de baja algunos títulos por su contenido ideológico. Eso es grave. Se trata de una suerte de terrorismo patronal que impacta en los trabajadores y trabajadores que se desempeñan en el sector de programación y provocan a su vez una especie de autocensura. Esto ya lo vivimos en la década del 70, es algo crítico, explicó.
Además, hay 300 empleados contratados que están atravesando la etapa final del contrato.
Esta situación nos obliga a permanecer en estado de alerta, sumado a que tenemos cuatro despidos de principio de año cuya situación está todavía en negociación, finaliza.
La actividad el jueves por la tarde tiene la adhesión de Argentores, TDA, SADAIC, SAGAI y alrededor de más de quince entidades vinculadas al trabajo audiovisual.