Los que vinieron a terminar con el «curro»
Mauricio Macri ya estaba en campaña cuando soltó una frase que definió cuál sería su política de Derechos Humanos. «Voy a terminar con el curro de los Derechos Humanos», dijo. Luego, como presidente, aseguró que no le interesaba el número de desaparecidos. Una simple enumeración da cuenta, a modo de balance, de las políticas que ejecutó a través de su secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, que caminaron en sentido opuesto a la lucha histórica de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS, Familiares y otros organismos que batallan por Memoria, Verdad y Justicia.
En cuatro años de gestión, Cambiemos recortó fondos, desarticuló programas, despidió personal, le dio más poder a las Fuerzas Armadas y quiso «mover» el feriado del 24 de Marzo, pero además se produjeron la detención ilegal de Milagro Sala en Jujuy, la desaparición de Santiago Maldonado durante la represión de Gendarmería en el Pu Lof Cushamen de Esquel, el asesinato de Rafael Nahuel a manos de la Prefectura en Villa Mascardi, y el intento de amnistía con el fallo de la Corte Suprema de Justicia por la aplicación de la Ley de 2×1 para los represores, evitado revertido luego de la masiva movilización popular de los pañuelos blancos en Plaza de Mayo.
La relación de Macri con los organismos de Derechos Humanos fue tirante desde el principio: cuando le pidieron una reunión, adujo que no tenía tiempo para recibirlos. Sólo lo hizo cuando supo que el presidente francés, François Hollande, tenía agendado un encuentro con Madres y Abuelas en su visita al país.
El primer año de gobierno de Macri coincidió con el 40° aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976. Al peso simbólico e histórico de la conmemoración se le contrapuso otro simbolismo de signo contrario: la visita del presidente norteamericano. Recién cuando Barak Obama expresó su intención decompartir un momento con los organismos en el Parque de la Memoria, Macri visitó por primera y única vez la ex ESMA.
Menos condenas y represores en sus casas
Los vientos de cambio se notaron desde el primer día en la Justicia e impactaron en los procesos iniciados en 2006 tras la caída de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Según los datos procesados por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y por el Cels, de las 3225 personas imputadas en causas de lesa humanidad, 915 fueron condenadas y 144 absueltas, y hay 655 procesados que aún no han sido juzgados. Pero el ritmo de las causas, que había tenido una leve recuperación en 2017, volvió a caer: en los últimos dos años la justicia dictó apenas 18 y 19 sentencias, respectivamente, en juicios por crímenes de lesa humanidad. Desde 2010 que no se registraban tan pocas sentencias por año.
En el gobierno de Macri, el otorgamiento automático de la prisión domiciliaria para represores condenados o acusados por crímenes de lesa humanidad se volvió una práctica generalizada en la Justicia Federal. El 67% (649 detenidos) están con arresto domiciliario, mientras que en el Servicio Penitenciario está sólo el 25% (248). El restante 8% (77) están detenidos en dependencias de fuerzas de seguridad o en centros de salud. En 2016, sólo el 49% de los represores presos tenían arresto domiciliario. Otro beneficio fue el traslado de más de cien de ellos alojados en cárceles comunes a la cárcel militar de Campo de Mayo.
El vaciamiento de la Secretaría de DD HH
Durante la gestión de Claudio Avruj, las partidas destinadas a ese organismo se redujeron nominalmente un 19%, aun sin computar el impacto de la inflación. Un informe del Observatorio de Políticas Públicas en DD HH de ATE Capital revela que en 2016 el presupuesto de la SDHyPC era de $ 718 millones, y fue reduciéndose hasta los $ 580 millones asignados en 2019. Por el contrario, los presupuestos del Ministerio de Justicia y DD HH y del Servicio Penitenciario Federal aumentaron 133% y 148%, respectivamente, en cuatro años.
Ya en el primer año de gestión de Avruj se produjo el debilitamiento y desarticulación de áreas dedicadas a la investigación de la responsabilidad de actores civiles en el genocidio. Fueron afectados, entre otros, el Programa Verdad y Justicia del ministerio; las direcciones nacionales de DD HH de las carteras de Seguridad y Defensa; la Subgerencia de DD HH del Banco Central; la Oficina de DD HH de la Comisión Nacional de Valores; y la Unidad Especial de Investigación del atentado contra la AMIA. El despido de trabajadores fue la principal vía: un estudio del Observatorio de ATE detalló que entre despidos, pases y retiros se perdieron en los primeros dos años de Avruj 200 puestos en la SDHyPC. Como detalla el Observatorio de Políticas Públicas en Derechos Humanos, el agregado de «Pluralismo Cultural» al nombre de la Secretaría buscó «instalar que las políticas públicas en derechos humanos de las anteriores gestiones estaban restringidas al pasado».
Negacionismo y teoría de los dos demonios
Una lista (incompleta) de nombramientos, declaraciones y medidas da cuenta del negacionismo oficial. Pablo Noceti, defensor de represores en La Pampa y Entre Ríos, fue el jefe de gabinete de Patricia Bullrich. Avruj recibió en la ex ESMA a miembros del Celtyv, grupo que llama «presos políticos» a los genocidas, y desistió de apelar los sobreseimientos en la causa Papel Prensa. El gobierno reeditó el Nunca Más sin el prólogo de 2006, que descartaba la teoría de los dos demonios. Varios funcionarios dieron rienda suelta a su negacionismo, los más notorios, el ex ministro de Cultura porteño Darío Lopérfido y el ex titular de la Aduana Juan José Gómez Centurión. Se reinvidicó el Operativo Independencia durante el desfile del Bicentenario, con la presencia de golpistas como Aldo Rico. Se posutló para integrar la CIDH a Carlos Horacio de Casas, defensor de genocidas. Y la larga lista de episodios que buscaron deslegitimar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia la cerró el propio Macri, participando en el homenaje del Ejército a los soldados muertos en acciones guerrilleras, la última el 3 de octubre, en el Regimiento de Monte 29 de Formosa.
La gestión de Macri estuvo plagada de ataques directos hacia la memoria simbólica de la lucha de los organismos. Basta recordar el intento de incluir entre los feriados turísticos al 24 de Marzo, o el intento de detener a Hebe de Bonafini, evitado gracias a la inmediata y masiva movilización popular. «
