Cada vez más tierra en menos manos. Eduardo Costantini se quedó con la última subasta pública del año realizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Se trata de una parcela ubicada en Retiro y conocida como Catalinas II por la que pagó más de 50 millones de dólares. Lo hizo a través de Consultatio, su empresa de bienes raíces que este año ya había adquirido otros tres terrenos en la zona por más de 110 millones de dólares y que también se benefició por el aporte de capitales provenientes del blanqueo. 

La AABE también anunció que a mediados de enero subastará uno de los últimos predios libres de Puerto Madero, donde estaba prevista la realización de una escuela. Mientras tanto, a menos de dos kilómetros de allí, los vecinos de la Villa 31 exigen que no sumen al remate 1,6 hectáreas que habían sido destinadas para la urbanización de su barrio. 

La anteúltima semana del año hizo estallar las campañas de marketing y cristalizó la relación entre el gobierno y los sectores populares. Así pudo verse que mientras el Congreso discutía un ajuste en los ingresos de los jubilados y una reforma impositiva que beneficia al sector privado, la calle se movilizaba en rechazo de las medidas y era reprimida. La estrategia había sido pensada con tiempo y dio resultados, al menos en el corto plazo. Lo mismo puede decirse de la planificación urbanística de Cambiemos.

Cronograma de una entrega

En mayo de 2016 el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.260 llamada de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. Bajo ese nombre ampuloso se escondía también el Régimen de Sinceramiento Fiscal que habilitaba el blanqueo de dinero no declarado y contemplaba la posibilidad de que los implicados pudieran colocarlo en Fondos Comunes de Inversión Cerrados que no pagarían ningún impuesto por haber mantenido sus fondos escondidos.

Ese mismo mes el presidente Mauricio Macri emitió el decreto 952 que autorizaba la venta de 17 bienes del Estado sin necesidad de que el Congreso aprobara su decisión. Se amparó para ello en la Ley 22.423 sancionada por la última dictadura militar en 1981. Luego sumó otros 36 bienes públicos a través de los decretos 1064 y 1173, siempre repitiendo la misma metodología.

El Partido Izquierda Popular, a través de Rafael Klejzer y Jonatan Valdiviezo, denunció penalmente al gobierno por esto y pidieron que se suspendan las subastas planificadas por la AABE. Aseguraron también que la ley que lleva la firma de Martínez de Hoz perdió su vigencia en el año 2010. Consultado por Tiempo, Klejzer señaló que su planteo nunca avanzó en el Juzgado Federal N° 10. 

Las que sí fueron más veloces fueron las desarrolladoras de Real Estate que presentaron proyectos de Fondos Comunes de Inversión con destino inmobiliario y en enero lograron la aprobación de la Comisión Nacional de Valores (CNV). En marzo, cuando venció el plazo para suscribir a esos Fondos, La Nación publicó cuáles habían sido los más exitosos. Argencons, la empresa de Miguel Camps, fue la que más recaudó, con 62 millones de dólares. Consultatio, de Eduardo Costantini, anunció haber reunido 44 millones de dólares. 

Dos meses más tarde, como informó Tiempo, el Gobierno de la Ciudad autorizó el desarrollo del proyecto «Distrito Quartier Puerto Retiro» en los terrenos del viejo Hospital Ferroviario, un predio que Nicolás Caputo había comprado en 2008 por 6 millones de dólares y revendió a Argencons en 2016 por 23 millones. Lo sugestivo es que esa ganancia la logró sin invertir un solo peso en el predio, apenas valiéndose de los proyectos anunciados por el Gobierno de la Ciudad para la zona que elevaron el valor del metro cuadrado. 

De yapa, el gobierno porteño también amplió 2000 metros la superficie a construir. Según informó Argencons, parte de la inversión necesaria para la obra saldrá del Fondo de Inversión habilitado por la ley de blanqueo.

Pero mayo fue un mes de buenas noticias para Camps. Argencons también adquirió a través de una de las subastas públicas de la AABE autorizadas por los decretos dictatoriales la manzana delimitada por las calles México, Azopardo, Venezuela y la avenida Huergo. Pagó por ese predio 26 millones de dólares, venciendo en la puja a IRSA y la Corporación América. 

Pero no sólo Camps aprovechó el buen «clima de negocios» que generó Cambiemos. En el mismo mes Consultatio anunció que destinaría los 44 millones de dólares obtenidos del blanqueo para realizar el proyecto Oceana Puerto Madero junto a Alan Faena en el dique 2. Y quedó a la espera las nuevas subastas.

Entre octubre y mediados de diciembre la ABBE subastó cuatro de las siete parcelas que componen el predio denominado Catalinas II. Consultatio adquirió tres de ellos por unos 140 millones de dólares y el tercero quedó para la desarrolladora TGLT en 50 millones.

Finalmente, a principios de noviembre, Consultatio se quedó con una nueva manzana subastada por AABE y ubicada entre Huergo, Venezuela, Belgrano y Azopardo (vecina de la obtenida en mayo por Argencons). Pagó esta vez 20 millones de dólares.

La última joya

Aunque todavía no se anunció oficialmente, la AABE y la Corporación Puerto Madero ya informaron a los medios que a mediados de enero volverán a subastar uno de los últimos lotes libres de Puerto Madero, ubicado a pocos metros de hotel Hilton y al lado del Campo de Deportes del Colegio Nacional Buenos Aires. Se trata de una parcela de 8800 metros cuadrados y tendrá una base de 60 millones de dólares. Actualmente está ocupado por el Ministerio de Defensa pero se prevé que en seis meses reubicarán a quienes allí trabajan. 

Con el dinero de todas estas subastas el gobierno pretende financiar su gran apuesta urbanística: el Paseo del Bajo, una obra que conectará la autopista Illia con la Buenos Aires-La Plata y que incluye el desarrollo de nuevos espacios verdes. Es la obra que aspira a inaugurar Larreta para 2019 y que subirá, a la vez, el valor de las propiedades que se encuentran a su alrededor. Las mismas que compraron empresas que se financiaron con dinero del blanqueo. «