Considerar al aborto como delito es algo muy reciente en la historia de la civilización occidental. Antiguamente, recuerdan los estudiosos del tema, no estaba prohibido que una mujer interrumpiera el embarazo. Más bien, no era una práctica tan común como la de eliminar directamente al recién nacido o abandonarlo a la buena de los dioses si por alguna razón no era bienvenido.

Curiosamente, sin embargo, había penalidades si como resultado de alguna disputa una mujer perdía el embarazo. En el código de Hammurabi, el antecedente más antiguo de un corpus legal ordenado (data de hace unos 3750 años) se establece que “si un hombre golpea a una hija de hombre y le causa la pérdida de un fruto de sus entrañas, pagará 10 siclos de plata”.

La Biblia tiene la mención más explícita sobre el aborto, según los entendidos, en el Éxodo capítulo 21, versículo 22. “Si en una riña los contendientes golpean a una mujer encinta, y la hacen abortar, pero sin poner en peligro su vida, se les impondrá la multa que el marido de la mujer exija y que en justicia le corresponda”. Los versículos que le siguen, 23 y 24, son la base para todo tipo de punitivismo: “Si se pone en peligro la vida de la mujer, esta será la indemnización: vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie”.

Aristóteles, por hablar de un filósofo de la Grecia antigua, que no tenía empacho en decir las cosas, escribió en la Política: “En cuanto a la exposición o crianza de los hijos, ha de haber una ley para que ninguna cosa manca o monstruosa se haya de criar; pero por tener uno muchos hijos no los ha de matar si la ley del pueblo lo prohíbe, aunque también se ha de poner término en el número de los hijos, y si alguno rebasara esta tasa, se ha de procurar echarlos del vientre antes que tengan vida ni sentido”. (Libro VII, capítulo IV).


Es a partir del humanismo cristiano que aquellas formas de control de la natalidad más extremas comenzaron a ser vistas como expresiones de barbarie. Y como colofón, también se inició el debate sobre el momento en que comienza la vida, lo que llevó a que el aborto fuera considerándose como una falta de índole moral o contra el designio de Dioa. Pero recién en 1869 el papa Pio IX reprobó el aborto desde el momento de la concepción, en Apostolicae Sedis (Acta Pío IX, V, 55-72).

A partir de entonces, la presión de la iglesia fue creciente y todos los países cristianos plantearon algún tipo de legislación que penalizara el aborto. Al mismo tiempo, a medida que fueron extendiéndose ideas más liberales el aborto fue siendo regulado de un modo más amplio.

La Revolución Rusa, bajo el impulso de su líder, Vladimir Lenin, es considerado el primer país en legalizar el aborto, en 1920. Una disposición oficial, decretada antes de que se creara oficialmente al Unión Soviética, reconoció el derecho de la mujer a detener un embarazo no deseado.

Poco a poco esta normativa fue ejemplo para otros países no comunistas, pero Suecia debió esperar hasta 1938 para contar con una ley que permitía la interrupción del embarazo aunque con ciertas restricciones que desaparecieron por completo en 1975.Las naciones bajo la infulencia soviética, como Alemania oriental, Hungría, Checoslovaquia y Rumania fueron reconociendo ese derecho. Sin embargo, sobre todo en Polonia y Hungría, fueron restrigiendo esa prerrogativa tras la caída de la Unión Soviética, en 1991.

En Estados Unidos fue la Asociación Médica Profesional la que dio impulso a la legalización al retirar el aborto de listado de malas prácticas, en 1967. Esta línea de pensamiento llevó a un fallo de la Corte Suprema de 1973 con la llamada sentencia Doe vs Bolton, una suerte de corolario del caso Roe vs Wade. El argumento de los magistrados es que “el derecho a la privacidad personal incluye la decisión de abortar”, y establece que debe hacerse antes de los primeros 90 días sobre la base de estadísticas que señalan ese plazo como el menos peligroso para la mujer.

En Inglaterra, el aborto es legal desde 1968 mientras que en Francia, y a instancias de la ministro de Sanidad Simona Veil, el aborto hasta las primeras 10 semanas está permitido desde 1975. Ese plazo fue extendido a 12 semanas y sin autorización de los padres en el caso de una menor, desde el año 2000. También China se sumó a esa despenalización, en 1975, mientras que Holanda legalizó el aborto en 1981, y se realiza en clínicas especializadas y en forma gratuita hasta las 23 semanas de la concepción.

En España, que recuperó la democracia a la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975, mantuvo las leyes del catolicismo ultramontano de ese régimen, que duró 39 años. Una normativa que prohibía la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia y que había barrido con las leyes de aborto de la República (1931- 1939) fue reformulada en 1985 para permitirlo en casos de violación, riesgo para la salud de la madre o malformaciones.

En 2010, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó una ley que en su Título II, artículos 13 y 14, despenalización el aborto inducido durante las primeras 14 semanas del embarazo, sin intervención de terceros en su decisión. El triunfo del Partido Popular, en 2011, implicó un retroceso en tal sentido, pero los dados ya estaban lanzados. Así, en intento del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de volver a la ley de 1985 quedó trunco por el rechazo de amplios sectores de la dirigencia política y sobre todo por una masiva marcha en setiembre de 2014 que convenció al gobierno de que ese era un tema ya saldado para la sociedad.

En América Latina los gobiernos conservadores y también algunos progresistas, son reacios a cambiar las reglamentaciones vigentes, en restrictivas en diferentes grados. Es el caso de Rafael Correa, en Ecuador, de formación católica, que se declaró contrario a una ley del aborto.
Lo mismo ocurrió en Argentina con los gobiernos peronistas.

En Brasil, el lobby mediático evangelista logró instalar en la campaña presidencial de 2014 que Dilma Rousseff iba a dictar una ley sobre el tema. Lo que motivó que la candidata del PT saliera a rechazar esa idea, aunque entre la dirigencia de ese partido muchos son proclives a la legalización.

Uruguay, en 2012, con el gobierno de José Mujica; Chile en 2017, bajo el mandato de Michelle Bachelet; y la Bolivia de Evo Morales son la excepción. No hay una posición común en las leyes de esos países, pero para saber el impacto que tuvo el debate baste decir que en los tres casos sectores más conservadores estuvieron al tope de las protestas contra la reforma.

Siguiendo el hilo, habría que decir que Irlanda, una nación católica en las islas británicas, ira a un referéndum a fines de mayo para decidir cambios en la actual ley de aborto, que solo permite legalmente la interrupción del embarazo si corre peligro la salud de la madre.