“Si los pueblos fuéramos consultados y tuviéramos la posibilidad de ejercer nuestro derecho a elegir nuestro modelo de vida, diríamos que no. Hace más de 18 años que Chubut lo viene diciendo. Y en todos los lugares de América Latina en los que se ha consultado sobre megaminería, la población dice que no”, remarca la abogada Silvia de Los Santos, de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh). En un escenario todavía convulsionado por la aprobación de la Ley de Zonificación en una sesión sorpresa, seguida por repudio y represión, advierte que se está “pensando la posibilidad de una estrategia judicial”. Mientras tanto, “la ley ya se promulgó y estamos exigiendo la derogación. Vamos a seguir en la calle”. Tras cinco días consecutivos de movilización, el reclamo por el veto suma adhesiones y se alzan más voces contra la represión policial.
La letrada advierte que “el modelo extractivo solo es posible imponerlo con represión” y recuerda que, cuando hubo consultas a la población por proyectos megamineros –como en Esquel en 2003 y en Loncopué en 2012- el rechazo fue masivo. “Está vigente el Acuerdo de Escazú (sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe) y debiéramos ser consulados y tener participación. Pero nada de esto se hace”. Las asambleas habían organizado una vigilia para el jueves, cuando estaba prevista la sesión, pero por una jugada de último momento se adelantó un día. “Fue una sesión sacada de la galera. Todavía no logramos interpretar qué parte del reglamento utilizaron y estamos analizando eso”, indicó la abogada.
Paz y agua
Una de las consignas levantadas por militantes ambientalistas, vecinos y vecinas de una Chubut en ebullición es “paz y agua”. De Los Santos destacó que “el agua es el fundamento del extractivismo. En especial, de la megaminería. Para extraer minerales hoy se necesitan millones de litros de agua por día, hora, minuto. Son los que se usan para encontrar el mineral, que está disperso en el territorio. Tienen que dinamitarlo para que el material se pulverice y luego lo cuelan con agua y químicos”, detalló. Ese proceso deja residuos peligrosos y “la lluvia los barre y provoca drenaje ácido, altamente perjudicial para la salud”.
La escasez de agua en la provincia ya es una realidad. El yacimiento Navidad, el más avanzado de Pan American Silver –la firma beneficiaria de la normativa votada a espaldas de la población- está cerca del río Chubut, uno de los dos que atraviesan la provincia. “Una cuenca subterránea que la empresa dice que utilizaría es la que abastece de agua a toda la meseta de la provincia”, contó la abogada, y alertó sobre el caso de la localidad de Yala Laubat: “Está a 30 kilómetros de la minera. Desde mediados de este año ya no tiene agua. El pozo se secó y el Estado no se ocupó de buscar alternativas de provisión. La falta de agua responde a los procesos exploratorios de las mineras, que han ido perforando todo el territorio y los han ido dejando sin el agua natural que tenían. Todo eso se hizo sin permisos”.
Sobre las características de La Meseta, el lugar al que apunta la compañía minera, la asambleísta señaló que “en el yacimiento, la actual Pan American Silver -que antes se llamaba de otra manera, porque ha ido mutando- declara plata, cobre, zinc y plomo. Pero en el último tiempo se han ocupado de que en sus discursos no aparezca la palabra plomo, porque sabemos que es altamente perjudicial para la salud. Además, lo que no dicen es todos los demás minerales que se llevarían de la región sin declarar”. Cuestionó además la promesa minera de generar distribuir beneficios a nivel local: “Hay una ley nacional de promoción minera y establece un 3% de regalías. Ninguna ley provincial podría modificarlo. Acá no dan un monto, trataron de esquivar el tema diciendo que los municipios van a coparticipar de las regalías, como los sindicatos, y que se va a crear fondo compensador y un observatorio de ambiente, todas estructuras que sabemos que después nunca se crean. Con el fondo compensador crearían un tributo paralelo, pero en la jurisprudencia las mineras se ocupan siempre de judicializar este tipio de tributos: piden su inconstitucionalidad y la logran. La ley crea una empresa del juicio a favor de las mineras”, advirtió la abogada.
