El próximo miércoles se tratará en el Senado de la Nación el proyecto de ley de alquileres. Redactada por las organizaciones de inquilinos de todo el país (que componen el Frente de Inquilinos Nacional) y presentada por la senadora Silvina García Larraburu (Frente para la Victoria), la iniciativa pretende hacer más justa y equilibrada la relación entre propietarios e inquilinos.

Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, una de las entidades que integran el frente, explicó a Tiempo que “la clave de este proyecto es el índice de precios que se va a establecer para la actualización de los contratos de alquiler. Frente a los aumentos de los alquileres por encima de todos los índices de inflación, vemos que desde hace mucho tiempo es el mercado inmobiliario el que decide cuál es ese valor en todo el país en función de su especulación y su rentabilidad. Es decir que ni los propietarios ni los inquilinos tenemos la posibilidad de negociar y plantear las condiciones de un alquiler”.

–¿Cuál es el rol del Estado en todo este tema?

–De ausencia. Porque el Estado ausente permite al mercado inmobiliario hacer lo que quiera. Ante este abandono regulatorio, con esta nueva ley, podríamos establecer un índice promedio entre el índice de precios, el de inflación y el salarial para calcular el precio de los alquileres. Pero más allá del precio, con esta legislación se podría reordenar el mercado. Su aprobación significará un cambio radical en la cultura del alquiler en la Argentina. La actualización de los precios sería anual, bajo este índice establecido, y además se generaría mucha previsibilidad tanto para inquilinos como para propietarios porque permitiría firmar contratos por cinco o diez años.

–¿Cómo está reglamentado esto actualmente?

–La actual disposición en relación con los contratos de alquiler establece que el plazo máximo para alquilar una propiedad para uso no comercial es de dos años, y para uso comercial, de tres. Con este proyecto, proponemos un contrato mínimo de tres años para alquileres no comerciales, lo que no impediría firmar vínculos de más duración. Además, con esta iniciativa se desplaza al mercado inmobiliario como el único factor de decisión sobre el mercado de la vivienda en alquiler, porque el Estado estaría regulando.

–¿Cómo surgió Inquilinos Agrupados?

–Hace dos años, un grupo de ciudadanos empezamos con un reclamo muy puntual en la Ciudad de Buenos Aires: que se cumpliera lo que establece la ley y que el cobro de la comisión fuera del valor de un mes de alquiler y no de dos como estaban haciendo las inmobiliarias. Yo creo que la aprobación de la legislación va a devolverle el prestigio a una actividad que está muy desprestigiada, que es la de corredor inmobiliario. Hoy solo les interesa cobrar la comisión y que los alquileres suban, lo que generó que mucha gente ya no confíe en ellas. Esta es una oportunidad para que las inmobiliarias tengan el rol que siempre debieron tener: el de intermediarios entre propietarios e inquilinos a través de una relación sana, equilibrada y justa.

–¿Qué expectativas tienen?

–Creemos que la norma será aprobada en el Senado y Diputados la ratificará, porque hay mucho consenso entre los legisladores y no creo que lo puedan frenar. En la Argentina hay 6,5 millones de inquilinos. Con esta ley, la cultura especulativa e irracional del acceso a la vivienda en condición de alquiler se transformará en una cultura previsible, seria, racional. Propietarios e inquilinos dejaremos de ser rehenes de las decisiones unilaterales y mezquinas del mercado inmobiliario. Si esta ley se aprueba, será por el trabajo colectivo de los inquilinos. Es el resultado del esfuerzo y del trabajo, arduo y comprometido, de un sector que ha empezado a organizarse en todo el país. El inquilino nunca tuvo identidad, ni voz. Éramos más no propietarios que inquilinos. Pero hemos logrado organizar el sector y ser parte de la agenda política. «