Cuando todavía el fervor original casi un credo provocaba su viaje sin retorno a las efemérides trágicas del rock, apareció un nuevo entusiasmo: la búsqueda de más muertos. A una semana del recital del Indio Solari en Olavarría, la Justicia confirmó un par de víctimas pero aún no fue capaz de precisar si sufrieron algún tipo de lesión durante el show o si solo se trató de una intoxicación fatal por el consumo de drogas y alcohol. Tampoco pudo definir el grado de culpabilidad que la hubo de los productores (apenas imputados como sospechosos) ni del municipio, porque espera el resultado de pericias clave. La única cabeza que rodó por el momento fue la del jefe de Gabinete de la administración de Ezequiel Galli. Así, el intendente se regaló algo de tiempo ante el aluvión de críticas que amenaza con apartarlo del cargo.
El sábado 11, cerca de la 1 y media de la mañana, cuando los celulares empezaban a recuperar la señal, los fanáticos el cálculo es imperfecto pero la mayoría coincide en una cifra cercana a los 400 mil se enteraban de las noticias que ya había leído o escuchado el resto padres, hermanos, amigos que esperaba lejos. «Hubo muertos por una avalancha». Siete, aseguró un cable desquiciado de la agencia oficial Télam cuyas autoridades habían decidido no cubrir el show para no pagar horas extras, a partir de un rumor en Twitter, sin chequear debidamente la información. El número llegó hasta trece, variando según el descaro del mensajero. En lo que no había dudas era en que Solari había interrumpido el concierto cuatro veces para pedir calma. En la última, fastidiado, confesó que andaba con pocas ganas de seguir.
La indignación fue inmediata y en cadena. Se cuestionó la logística, los accesos, la falta de baños y hasta la codicia de los vecinos que se pusieron a vender en la puerta de las casas y también la del artista, culpable de no tocar más seguido y más cerca. Pero lo cierto es que nada fue diferente, en términos de organización, a lo vivido en Tandil, Mendoza o Junín.
La granada, sin embargo, explotó en la mano del intendente de Cambiemos Ezequiel Galli. Paradójicamente (o no), el joven funcionario puso mucha voluntad en la realización de la «misa». Tanto que, por ejemplo, invirtió en el desarrollo de una aplicación para dispositivos Android diseñada exclusivamente para ofrecer información sobre el recital. Pero de poco sirvió cuando en la ciudad no había carteles, volantes ni personas identificadas que orientaran al público. Tampoco hubo puestos con agua fría y caliente, mapas, tachos para la basura, lugares para cargar los celulares y usar wifi o sanitarios. La aplicación no pudo impedir que Olavarría se transformara en un baño gigante a cielo abierto.
De posibles delitos
La fiscal del caso Susana Alonso ya les notificó a los hermanos Matías y Marcos Peuscovich, de En Vivo SA, la empresa productora del show del Indio, que hasta el momento son sospechosos y que aguardará el resultado de las autopsias de los cuerpos de Javier León, de 36 años, y Juan Francisco Bulacio, de 42, para determinar el delito que cometieron. Las víctimas habían ingerido estupefacientes y alcohol en dosis tóxicas, pero Alonso quiere saber si, por ejemplo, un aplastamiento por avalancha provocó las muertes. Mientras tanto, el juez de Olavarría, Carlos Villamarín, rechazó el pedido de la fiscal de prohibir la salida del país y embargarles las cuentas bancarias a los hermanos.
Con respecto al desarrollo del show, durante la semana desfilaron por la fiscalía bomberos, médicos y vendedores ambulantes que estuvieron dentro del predio La Colmena. También declaró la viuda de León y se espera que en las próximas horas se presenten los familiares de Bulacio.
La Justicia se encuentra analizando, además, una serie de videos del recital que podrían probar la sobreventa de entradas, la venta ilegal de alcohol y drogas o irregularidades en los controles de acceso. «Vamos a investigar todos los delitos», repite el entorno de Alonso, pero es difícil creerles con la apabullante cantidad de contravenciones que sucedieron el último fin de semana (orinar en la vía pública, montar parrillas en cualquier rincón, transformar una ruta en un estacionamiento, circular en contramano, falsificar entradas, vender alcohol y tomarlo en la calle, generar basura en cantidades industriales y todos los etcéteras posibles) sin que se labrara una sola infracción.
Esa desidia para controlar y, sobre todo, prevenir, hace evidente la responsabilidad del intendente de Olavarría, captado in fraganti en un video cuando discutía con los Peuscovich y vendedores locales la mejor ubicación para la venta de cerveza dentro del predio. Consecuencia o «manotazo», el viernes dejó su cargo el jefe de Gabinete Jorge Larreche, padrino político de Galli. Sería el primero de varios alejamientos para «oxigenar» la gestión.
La fiscal Alonso también investiga el movimiento patrimonial en torno al recital. Se cree que la venta de entradas estaría muy por encima de las 155 mil que, en función de la habilitación con la que contaba la productora, podían ofrecerse. Codicia, otra vez. La misma de los choferes que cobraron 900 pesos y acordaron volverse, abandonando a miles de chicos a su suerte, desvelando a sus familias. «
