Las llamadas telefónicas a los equipos de conducción y los emails a las casillas personales de docentes porteños llamaron la atención de varios trabajadores de la educación, sorprendidos con la propuesta recibida: “Estimada/o, buenas tardes, mi nombre es Lorena, y en representación de la empresa Ledesma tengo el agrado de invitar a participar a los docentes del colegio a una capacitación exclusiva y gratuita, que se realizará de manera virtual a través de nuestra propia plataforma, por lo que no se requiere de ninguna aplicación o dispositivo en particular para acceder a la misma”.

De esta manera, el grupo económico Ledesma, propiedad del linaje Blaquier-Arrieta, investigado por su complicidad con la última dictadura cívico-militar, ahora busca incursionar en la educación pública. El curso online se realizó el pasado miércoles 14, e incluyó propuestas sobre el cuidado del medio ambiente, el ecosistema de la yunga jujeña, la materia prima sustentable de la empresa, las energías renovables y los biocombustibles y los productos que se obtienen bajo este sistema. Pero el objetivo final no parece ser la capacitación a docentes, sino tener un vínculo directo con los estudiantes, como se advierte en la frase al final de la invitación: “Al finalizar la capacitación le entregaremos un certificado simbólico y se le dará acceso a todo el contenido visto, así como la posibilidad de agendar una charla con sus alumnos”.

La intromisión en la educación pública de empresas privadas y ONGs no es algo nuevo, pero profundizaron su accionar durante la administración macrista. “Desde hace años buscan incidir en la orientación de las políticas públicas. El rasgo común es que quieren establecer los temas de agenda, y en el caso de las redes empresariales, legitimar los valores del mercado basados en la formación en capital humano: pensar que las escuelas tienen que formar en función de las demandas de un mundo competitivo, de las empresas y los negocios”, señala Myriam Feldfeber, licenciada en Educación y coautora del informe “La privatización educativa en Argentina”, elaborado por el Instituto de Investigaciones Pedagógicas “Marina Vilte”, de CTERA, que ya en 2018 advertía sobre esta situación. “Estas empresas tienen una forma de pensar a los estudiantes, la calidad educativa y la equidad, asociada al modelo de las competencias, de ahí la centralidad de las pruebas PISA, que promueve la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE), una organización preocupada por el libre comercio que se transformó en la principal referencia a la hora de ‘evaluar’ la calidad educativa”.

Hay casos paradigmáticos. En 2016, la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal firmó el decreto que permitió el ingreso a las aulas de capacitadores de la ONG Conciencia, presidida Magdalena “Beby” Lacroze Sánchez Elía y patrocinada por Pepsico, Bayer, Pampa Energía, HSBC, Telefónica y Shell, entre otras multinacionales. Quizás el más persistente es el de la fundación Junior Achievement, una ONG global de educación económica, emprendedorismo y formación para niños y jóvenes, que desde 1991 ofrece cursos en escuelas argentinas para estudiantes “interesados en indagar acerca de las finanzas personales, el ahorro y la inversión”. Y otro actor permanente en los colegios es Coca-Cola, cuya última iniciativa con penetración en las instituciones públicas y privadas es ProgramON, que así presenta su oferta educativa: “Es un curso a distancia que busca fortalecer tus competencias y habilidades para afrontar los desafíos del mundo del trabajo”. En un distrito altamente permeable a las irrupciones del establishment en el ámbito educativo, como la Ciudad de Buenos Aires, ahora es el turno de Ledesma.