El dinero que la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, le exige a las familias de alumnos y alumnas de las tomas es casi el doble de lo que la Ciudad destina por día a infraestructura escolar.

Así lo denunció el legislador (FdT), Juan Manuel Valdés, quien expresó que hasta el momento lo que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta le exigió (incluso con policías que se aparecieron en los domicilios por la noche, el día del partido de Argentina) a familias de 8 colegios llega a 6.106.962 pesos. Mientras que por día, el GCBA destina a infraestructura y mantenimiento escolar unos $ 3.944.247. Eso en la teoría, basándose en el presupuesto votado por la Legislatura. En la práctica el número suele ser menor, porque la gestión de JxC suele subejecutar el monto destinado a infraestructura.

«Tan poco les importa la educación a Larreta y Acuña que el dinero que le exigen a las familias de los estudiantes por jornada de toma es más que el presupuesto diario en Infraestructura Escolar», reclamó Valdés.

Este martes la cartera educativa de CABA anunció que le exigirán a las familias el pago del «costo laboral de salarios del personal docente» durante la vigencia de la medida de protesta. En el caso de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas «Mariano Acosta» es equivalente a $1,5 millón diario.

Valdés calificó ante Télam a la medida como «un claro abuso por parte de la ministra de Educación y del jefe de Gobierno que quieren hacer campaña con esto. Necesitamos que la dirigencia política vuelva a la reflexión, que dialogue, porque el diálogo tiene que ser algo más que una consigna de campaña”.

Y pidió a Rodríguez Larrea que “escuche más a la oposición y a la comunidad educativa y menos a su asesor estrella Federico Di Benedetto”, en alusión al secretario de Comunicación porteño, que “se dedica a mostrarle encuestas y ‘focus group’”.

El protocolo ‘antitomas’

El Ministerio de Educación de la Ciudad tiene desde hace 4 años un protocolo que aplica cuando los estudiantes toman un colegio. Entre otros puntos, ordena a las y los directivos de los colegios que identifiquen a las familias que no retiran a sus hijos de la protesta y fotografiar los daños que producen al «patrimonio escolar», para luego «elevar» esa información a la Procuración General.

El protocolo de intervención antitomas, aprobado a través de la Resolución 643/MEGC/18 del 14 de febrero de 2018, ordena a los directivos de los colegios «labrar un acta» y enviarla a la «máxima autoridad» del Ministerio de Educación porteño, que luego «elevará» el «expediente administrativo para intervención de las áreas de la Procuración General».

«Ante la situación de toma de establecimientos educativos de gestión estatal, que impiden el normal dictado de clases e implican la pérdida de gobierno por parte de las máximas autoridades, resulta menester asegurar con absoluta prioridad la efectivización del derecho a la integridad de los niñas, niños y adolescentes, mediante la corresponsabilidad de las familias ante dichas situaciones», sostiene.

Además, los directivos deben «dejar constancia» de que no se pueden dar clases ni realizar tareas administrativas debido a la toma. Al comenzar la protesta, las autoridades de la escuela deben dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Servicio de Asistencia Médica de Emergencia (SAME). También tienen la obligación de citar «de manera inmediata» a los familiares responsables «para que retiren» a los jóvenes del colegio.

El acta que se labre debe incluir los «datos de los padres o de quienes ejerzan la responsabilidad parental que no hayan retirado a los jóvenes a su cargo del establecimiento educativo, dejando constancia de los motivos y de haberles hecho saber que la responsabilidad sobre el alumno recaerá exclusivamente sobre el adulto».

También debe proporcionar un «relato de los hechos por los que se efectivizó la toma y el estado del patrimonio escolar, documentado con fotografías». De ser posible, deben estar «certificadas por escribano público o con la presencia de dos testigos individualizados».

Al finalizar la protesta, los directivos del establecimiento deberán labrar otra acta, que también será elevada a la ministra, consignando el «estado detallado del patrimonio escolar al momento de cesar la toma del establecimiento educativo, que además deberá ser documentado fotográficamente». El protocolo, a su vez, pide a los directivos «identificar los daños en el patrimonio que podrían haberse ocasionado por la toma» del establecimiento.