El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quedó judicialmente obligado a elaborar e implementar un plan integral de prestación y de mantenimiento de servicio de energía eléctrica para la Villa 21-24, también conocida como Zavaleta, en Barracas. Según informa la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que impulsó la demanda, este asentamiento y se caracteriza por ser la villa más grande y populosa, ya que ocupa 65 hectáreas de extensión en las que residen más de 50.000 habitantes, que se encuentran en riesgo porque la maraña de cables que la atraviesa genera daños a los bienes por incendios debido a cortocircuitos o sobrecarga de cables, y la electrocución de personas -que han dado lugar a muertes- debido a la electrificación de rejas y paredes o por el contacto directo con cables colgando o sin aislamiento adecuado.
Una demanda de la ACIJ, del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad y de integrantes de la Junta Vecinal del barrio, iniciada en 2010 terminó en diciembre pasado con un fallo del Tribunal Supremo de Justicia, que ordena al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a hacerse cargo de la situación, después de ocho años de dilaciones y trabajas judiciales que llevaron el caso por distintos tribunales hasta la instancia superior de la Ciudad de Buenos Aires.
«Por esto, el GCBA deberá elaborar e implementar el plan integral de prestación y mantenimiento del servicio de energía eléctrica para la Villa 21-24 -el que debe ser cumplido dentro del plazo de 105 días hábiles administrativos-, y de esta forma, hacerse cargo de su responsabilidad en la prestación segura y efectiva de este servicio básico, para así resolver -de una vez y para siempre- el riesgo eléctrico que amenaza a la comunidad que vive en la Villa 21-24. Este fallo tendrá un impacto sumamente relevante para mejorar la calidad de vida de quienes habitan en la Villa 21-24, pero a la vez deja un antecedente fundamental sobre la obligación estatal de garantizar que se brinde un servicio eléctrico de calidad en las villas -equivalente al que se brinda en el resto de la ciudad-. Es un gran paso para revertir definitivamente la desidia estatal histórica que tolera una realidad en la que hay personas que mueren sólo por el hecho de ser pobres», informó la ACIJ en un comunicado.
