En línea con esta pretendida «naturalización» del discurso minero, el gobierno sale a ofrecer sitios para que las multinacionales extraigan minerales. Algunos en glaciares o provincias donde está prohibida la actividad.

Una piedra basal para el gobierno es el nuevo Acuerdo Federal Minero (AFM), con el que propone dictar la normativa de la minería argentina «de los próximos 20 o 30 años». Fija tope de regalías y autonomías a las provincias, y las obliga a adherir, a pesar de que siete tienen prohibida la actividad en sus territorios (Córdoba, Chubut, La Pampa, Tucumán, San Luis, Mendoza y Tierra del Fuego). Debe ser ratificado por los gobernadores y el Congreso, pero ya lo promocionan en el extranjero. «Buscan debilitar las legislaciones provinciales. Todas deben firmar. Hasta tiene obligaciones de que se dé minería en las escuelas», revela el abogado ambientalista Enrique Viale.

Julio Martínez, el ministro de Defensa de origen radical, construyó su carrera oponiéndose a la minería en su provincia, La Rioja, en contraposición al gobernador kirchnerista pro-mineras, Luis Beder Herrera. Apurado por los reclamos de las comunidades locales, Martínez salió a aclarar que no habrá megaminería en La Rioja y que Macri le prometió «respetar la licencia social» de cada lugar. Pero el gobierno ofreció a principios de marzo, en la feria minera PDAC 2017 realizada en Toronto (Canadá), nueve yacimientos de esa provincia, incluido el Nevado de Famatina, donde hay 46 glaciares y por ley no se puede intervenir.

Aunque es potestad de las provincias decidir la explotación de sus yacimientos, el gobierno prometió a empresas extranjeras –a través del Servicio Geológico Minero Argentino– explotar 126 sitios de once provincias, desde níquel y metales preciosos hasta uranio, por ejemplo en Laguna Salada (Chubut) y Huemul (Mendoza).

La semana pasada, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne relanzó el Plan Minería 2017 en la Embajada Argentina en Londres, junto al secretario de Minería, Daniel Meilán. Buscan atraer inversiones por «alrededor de U$S 25 mil millones en los próximos ocho años». Dujovne habló de «subexplotación» de la minería en el país.

Por si hacía falta, Meilán avisó que en nuestro país las cámaras de comercio, los gremios, ONG, institutos y universidades ya están preparados para establecer «un escenario predecible, que genere confianza». Los empresarios, beneficiados con la quita de retenciones a la minería y la posibilidad de llevarse sus ganancias sin límite, pidieron «seguridad jurídica» y «un firme y estable marco regulatorio». «