El viernes la noticia cayó como una bomba. El gobierno nacional concretaba el cierre de la guardia, internación y demanda espontánea del Hospital Laura Bonaparte, emblema nacional en Salud Mental, aunque tiene otros tantos servicios, como salud integral. La siguiente acción sería el cierre total del centro de salud. En el medio, 40 pacientes están internados esperando su suerte.

Horas después, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) interpuso una demanda ante la Justicia. Y luego vino la respuesta de los Tribunales: el juzgado Criminal y Correccional 44 le exigió que en 24 horas el gobierno nacional entregue información sobre el cierre de sus servicios, qué plan tiene para las personas internadas y, si serán derivadas, a dónde.

«La decisión del juzgado se produce por el hábeas corpus que presentamos ayer y ante la falta de respuestas de las autoridades del hospital donde se atienden más de 550 adultos y 360 niños, niñas y adolescentes», plantearon desde el CELS.

Desde el Ministerio de Salud de Nación, dirigido por el flamante ministro Mario Lugones, emitieron un comunicado donde hablan de una «re estructuración». Sostienen: «Desde el inicio de la gestión se trabaja en la normalización del Hospital producto de la subutilización en función de su capacidad, lo que se manifiesta en la reducida cantidad de pacientes que se atienden en la institución. Vale destacar que el establecimiento de salud recibe un presupuesto de 17 mil millones de pesos anuales y cuenta con una muy baja ocupación».

Hablan de «una internación promedio anual de 19 de pacientes diarios, los indicadores de cantidad de atención y consultas resultan muy bajos para (…) la cantidad de recursos humanos asignados”.

La comunidad de trabajadores y trabajadoras del Bonaparte rechazaron esos números que esgrime el Ejecutivo. Hoy realizaron un abrazo simbólico y por la tarde decidirán en asamblea los pasos a seguir.

Al mismo tiempo, amparados por la Ley Bases, Salud avanza con el desmantelamiento en otros hospitales, como el Garrahan y el Español, mientras aumenta exponencialmente la demanda de los servicios públicos, con una sociedad en crisis.