Más policía y menos educación, cultura, ciencia y programas de desarrollo social. Con esa ecuación, el gobierno de Cambiemos aspira a pasar el verano y encarar el cada vez más complejo año 2019. El lunes se publicó en el boletín oficial una reasignación presupuestaria que pone en números la degradación ministerial de las tres áreas claves anunciada la última semana y achica los recursos del Ministerio a cargo de Carolina Stanley, que pierde 129 millones. En Educación se recortan unos 27 millones del Fondo Nacional de Incentivo Docente y en Cultura unos 700 mil de la Gestión de Museos Nacionales. Finalmente se realiza una reducción de 200 millones del ex Ministerio de Ciencia y Tecnología y de 212 millones del proyecto satelital de la CONAE, que son «compensados» con una partida de 412 millones destinados al Conicet para evitar su parálisis.
La Decisión Administrativa 1605/2018 de la Jefatura de Gabinete de Ministros publicada ayer en el Boletín Oficial detalla que “se amplían los créditos vigentes de la Policía Federal Argentina, actuante en el ámbito del Ministerio de Seguridad” y que “el incremento citado en el considerando precedente se financia con una reducción de los presupuestos de Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social”. Hay que remitirse al anexo para ver la cuantía y la distribución de esas modificaciones.
Lo primero que salta a la vista es el recorte en el Ministerio de Desarrollo Social, que pese a haber absorbido al Ministerio de Salud sigue figurando en el anexo como un ente aparte. Allí el ajuste duele más: 129 millones se quitan del programa de Integración Socio Urbana. Eso se compone fundamentalmente de unos 118 millones del programa de Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia. Pero también se sustraen casi 9 millones más destinados a actividades compartidas con los programas de Promoción y Protección integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; Promoción y Protección de los Derechos de Adultos Mayores; y Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes.
Ciencia para pocos
En el área de Ciencia y Tecnología se vislumbra un enroque de partidas que deja sin financiamiento dos programas de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), pero que compensa con un pedido de financiamiento al exterior por 300 millones que,
según se desprende de los considerandos de la resolución, se utilizarán para pagar anticipos financieros a INVAP, la empresa rionegrina de tecnología. Más allá de ello, la actual Secretaría de Ciencia y Tecnología, que sigue figurando en el anexo de la resolución como Ministerio, sufre un recorte adicional de 200 millones de pesos del programa de Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia,Tecnología e Innovación.
“Este ajuste tiene la impronta de Cambiemos, para quien la Ciencia y Tecnología no es un insumo importante para el desarrollo nacional, algo que va a contramano de los países más desarrollados del mundo”, explica Roberto Salvarezza, diputado nacional por el FPV y ex presidente del Conicet entre 2012 y 2015. “No apuesta al conocimiento para generar tecnología e innovación y condena a la Argentina a ser un país periférico y subdesarrollado”, añade en diálogo con Tiempo.
La moneda de cambio que arroja Cambiemos en este caso es una partida adicional de 412 millones de pesos para el Conicet destinados casi íntegramente para el pago de salarios. Los científicos creen que se trata de la promesa que hiciera hace dos semanas el secretario de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Jorge Aguado, en respuesta a la carta abierta firmada por 200 directores de institutos del Conicet en la que advertían que la falta de recursos había dejado al área de investigación “al borde de la parálisis”. El dato saliente es que son 100 millones menos de lo prometido y que no incluye presupuesto para infraestructura.
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En el caso del Ministerio de Educación, el recorte se da íntegramente en el Fondo Nacional de Incentivo Docente y Compensaciones Salariales, que con esta resolución pierde 27 millones de pesos.
El aparato represivo del Estado, por otra parte, sale favorecido en la reasignación presupuestaria. La Policía Federal Argentina suma 25,6 millones para la Formación y Capacitación de agentes y unos 42,5 millones para Seguridad Federal. El Ministerio conducido por Patricia Bullrich también añade unos 400 millones para pagar jubilaciones y pensiones de gendarmes y unos 17 millones para Acciones de Protección Civil, Prevención de Emergencias y Alerta Temprana a Desastres. Mientras que el Ministerio de Defensa suma 141 millones para el Estado Mayor General del Ejército.
Aclaración oficial
A última hora del lunes el gobierno emitió un comunicado realizando «aclaraciones sobre la decisión administrativa 1605/2018». Allí asegura que «no hay ninguna reducción del presupuesto educativo para destinarlo al Ministerio de Seguridad» sino que «la cita que generó las confusiones señala la transferencia que se realiza, regularmente cada año, para enviar a las instituciones educativas de la Policía Federal Argentina (PFA) el monto correspondiente al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FoNID)». Añade que «el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología transfiere a las jurisdicciones provinciales los fondos determinados por el FoNID para que ellas compongan el porcentaje correspondiente a este concepto en los salarios docentes, se envían al Ministerio de Seguridad para el pago de sus educadores» (sic). Por último, precisa que «los 25 millones de pesos destinados a este propósito, señalados en el Boletín Oficial, integrarán los salarios de aquellos que dictan clases en la Universidad de la Policía Federal».
Más allá de la aclaración oficial sobre ese párrafo, el recorte en los ex ministerios es mucho mayor al monto asignado para el FoNID y el aumento destinado a las fuerzas de seguridad también trasciende los 25 millones señalados, tal como detalla Tiempo. Por ende se recorta el presupuesto en las áreas degradadas y se aumenta a la Policía, la Gendarmería y el Ejército.
