“Queremos comentarle a la prensa para que se haga público que desde el día 5 de diciembre la mayoría de las cárceles nos hemos unido en huelga de hambre pacífica, requiriendo y pidiendo nuestros derechos constitucionales”, indicaron los presos en un comunicado hace unos días atrás en torno de la medida de fuerza que se lleva adelante en la mayoría de los penales bonaerenses.

A modo de exigencia para el gobierno entrante, los internos indicaron que “las cárceles argentinas están superpobladas, no hay medicamentos, no hay colchones, en las celdas no hay agua, se corta la luz cada dos por tres, no hay alimentos que suplementen la ingesta diaria de vitaminas y minerales que requiere un humano. Más que pagar una condena es una tortura”.

Las estadísticas marcan un elevado ascenso de las detenciones que provocan mayor hacinamiento: las cárceles alcanzaron durante los primeros meses de este años más del doble de sobrepoblación, un 113% de su capacidad, con casi 50.000 presos en territorio bonaerense. En las comisarías, la sobrepoblación, según la Comisión Provincial por la Memoria es del 310%, con el agravante que la mayoría de los establecimientos policiales cuentan con orden de clausura.

Por eso, más allá de las pésimas condiciones de encierro, los presos pidieron “que se cumpla con el proceso de preventiva de ocho meses. Si el detenido no está condenado y lleva detenido más de dos años, liberarlo inmediatamente, conmutación de penas, que se den los beneficios en tiempo y forma, transitorias, pulseras, condicional, asistida, que se saque la ley Blumberg, que vuelva el 2 por 1 y la condicional para reincidentes. Basta de mujeres con niños en las cárceles”.

El abogado Juan Manuel Casolati explicó que “el colapso y el hacinamiento es en parte responsabilidad de los jueces y fiscales que ordenan prisiones preventivas de modo irrazonable, denegando excarcelaciónes cuando las mismas son procedentes, además de rechazar beneficios y derechos de ejecución penal de forma arbitraria y discrecional”.

“Las denigrantes condiciones de detención son responsabilidad del ministerio de justicia a cargo de Gustavo Ferrari que por corrupción e ineficiencia resultan indignas para las personas detenidas”, agregó el especialista, quien describió: “La huelga no solo intenta visibilizar y reclamar por la falta de alimentos, salud y condiciones dignas de detención. También se reclama por los retrasos judiciales y las arbitrariedades del poder judicial”.

Casolatti concluyó que “si las familias no llevan comida a las cárceles, los detenidos no comen. Los jueces deben velar por la dignidad de los detenidos. Es su obligación funcional y todo acto de los jueces da lugar a responsabilidades de los mismos oír incumplimiento de sus obligaciones”.

Movilización de familiares de presos

El próximo jueves, un numeroso grupo de familiares de presos se movilizará a la gobernación bonaerense y le presentará a las autoridades un petitorio, al que tuvo acceso Tiempo, donde se busca que la nueva gestión revierta la situación. En un escrito, la comisión de familiares recordó que el motivo de la huelga fue el “desabastecimiento de alimentación y falta de acceso a la salud” y la “falta del cumplimiento de la aplicación de la ley de ejecución penal N° 12.256, ya que a lo largo del gobierno de Mauricio Macri los detenidos no podían acceder a los distintos beneficios libertarios tales como las salidas anticipadas, libertad asistida y libertad condicional”.

Los familiares también puntualizaron en la declaración de emergencia carcelaria dispuesta por el Tribunal de Casación Penal bonaerense que propuso 11 puntos para palear la situación y descomprimir los lugares de encierro. «Los niveles de sobrepoblación son preocupantes, derivando de ello peligrosas condiciones de hacinamiento que no solo inciden en la imposibilidad de prestar asistencia básica y ambientes dignos, sino que atentan contra la integridad física de los detenidos y el personal que los custodia», había sostenido Casación.