El gobierno nacional comprometió poner “todos los elementos que sean necesarios” a disposición del Poder Judicial en la “búsqueda de verdad y justicia” en el caso del incendio y derrumbe en los galpones de Iron Mountain, ocurrida en 2014, donde 10 personas, entre entre bomberos y rescatistas, perdieron la vida en el barrio porteño de Barracas.
Así se lo transmitió el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks, y autoridades de la Policía Federal a una delegación de familiares de las víctimas, luego del reciente fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal que los habilitó como querellantes.
De la reunión, que se realizó en la tarde del jueves en el Departamento Central de la Policía Federal, participaron -además de Fuks- el jefe de la Policía Federal Argentina, Juan Carlos Hernández, y el jefe de la Superintendencia Federal de Bomberos, Alejandro Javier Carella.
También estuvieron presentes los legisladores porteños del bloque del Frente de Todos (FdT), Claudio Ferreño, María Rosa Muiños, Claudia Neira, Victoria Montenegro y Juan Manuel Valdés.
“La reunión fue para afirmar con certeza que el Ministerio de Seguridad y la PFA van a poner a disposición del Poder Judicial todos los elementos que sean necesarios en su búsqueda de verdad y justicia. Es hora de que quede claro cuáles fueron las responsabilidades y puedan redimirse”, aseguró Fuks en un comunicado de prensa.
Los funcionarios nacionales y porteños escucharon a Jorge Campos, Gerardo Conesa, Ariel Veliz y Ricardo Martinez, en representación de los diez trabajadores -bomberos y rescatistas- que perdieron la vida durante las tareas de rescate y combate del fuego en el depósito de la filial argentina de Iron Mountain, ubicado en Barracas.
“La reunión fue muy productiva y sabemos que contamos con el apoyo de la Policía Federal y sus bomberos. Para nosotros es fundamental que se sepa fue un incendio intencional. Queremos la verdad y el por qué. Queremos justicia y la verdad de porqué nuestros seres queridos no están más con nosotros”, detalló Campos, padre del bombero de la Policía Federal Sebastián Campos.
Por su parte, el legislador Valdés destacó: “Acompañamos a los familiares en esta celebración que es el acto de justicia que, gracias al fallo de Casación, los familiares puedan volver al expediente y sepan qué es lo que sucedió con sus seres queridos en aquella tragedia”.
“También -agregó Valdés- junto a los familiares, todos queremos saber qué grado de responsabilidad tuvo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al no haber entregado el expediente de habilitación en el cual se permitió el funcionamiento de la planta de Iron Mountain” en Barracas, Ciudad de Buenos Aires.
A fines de septiembre, la Cámara nacional de Casación Penal aceptó devolver el rol de querellantes a familiares de los bomberos y rescatistas fallecidos.
