Siguen las malas noticias para los jubilados. A la amarga novedad de que también comenzarán a pagar impuesto a las ganancias los beneficiarios que cobren una pensión y una jubilación que en total sumen más de $55.804 pesos, se supo que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, decidió cerrar una serie de oficinas de atención al público en distintos puntos del país.
Según la resolución 2019-225, publicada por PAMI el viernes 1° de febrero, se dispuso el cierre de 10 dependencias de la obra social ubicadas en Piñeyro, Quequén, Juan Manuel de Rosas y Santa Lucía, en la Provincia de Buenos Aires; Plaza Huincul, en Neuquén; Puerto General San Martín, en Santa Fe; Dolavon, en Chubut; La Puerta, en Catamarca; Nonogasta, en La Rioja; y San Agustín, en Entre Ríos.
Al respecto, ante estas medidas arbitrarias, Valentín Mastrángelo, Secretario de la Seccional San Pedro del Sindicato de Trabajadores de PAMI, advirtió: «Primero quitaron medicamentos, ahora se cierran agencias». Según las autoridades del organismo, la normativa, que dispone los cierres de centros y bocas de atención, «busca alcanzar la eficacia y eficiencia de accesibilidad a las prestaciones».
Desde el sindicato, sin embargo, afirman que “la medida significa una grave dificultad para que los afiliados tengan un ágil y cercano acceso a la salud y a la asistencia social ya que a partir de ahora deberán trasladarse más lejos de sus hogares, siendo una población que por lo general tiene problemas de movilidad”. En ese sentido, advirtieron: «Esta modificación implicaría una caída en la calidad de atención de salud de los jubilados. Para hacerse una mamografía, una señora de Merlo, San Luis, tiene que hacer 400 kilómetros de ida y de vuelta».
La medida, que representa un nuevo ajuste en materia de salud para los más vulnerables, no sólo fue rechazada por los sindicatos y trabajadores, sino también por los mismos afiliados, quienes se movilizaron en distintos puntos del país para pedir que se revise la decisión. Por ejemplo, en la localidad bonaerense de Quequén, un gran número de jubilados salió a las calles a pie, con bastones, en bicicletas y hasta en sillas de ruedas para reclamar que no se cierre la oficina en esa localidad.