Pareció traicionar su estilo Patricia Bullrich cuando dijo que «no deberían llamarse policías», en referencia a los bonaerenses acusados de la masacre de los cuatro chicos de San Miguel del Monte. La ministra de Seguridad aseguró contar con pruebas que, de confirmarse, establecerían «una situación de muchísima más gravedad de la que ya creemos que tiene». Después de descabezar a la cúpula policial de la regional, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires pidió investigar y rever una serie de causas vinculadas con narcomenudeo, zonas liberadas y desaparición de personas. Los medios afines al gobierno también desgranaron hipótesis que apuntan a que «los chicos vieron algo» y por eso los persiguieron, y que la de Monte es una policía corrupta. En realidad, lo que ni esas crónicas ni los funcionarios de Cambiemos dicen es que el accionar homicida de esos uniformados se inscribe en la lógica represiva que han propiciado, con sus discursos y protocolos, ellos mismos, con Bullrich a la cabeza, y que la «doctrina Chocobar» no ofrece garantías para nadie, ni para el delincuente que escapa y es baleado por la espalda ni para cinco adolescentes que salen a divertirse en un viejo Fiat 147 Spazio por las calles de su pueblo.
Hay responsabilidades políticas, entonces. Del gobierno y su ministra por pretender instalar, contrariando el Estado de derecho, la atribución policial de disparar primero y averiguar después. Y de la gobernadora María Eugenia Vidal, responsable de la Bonaerense, quien aún no se pronunció públicamente sobre los homicidios de San Miguel del Monte que, de no ser por sus vecinos –suman 38 los testigos del episodio que desnudaron el encubrimiento policial–, hubieran quedado, apenas, como un terrible «accidente». Como los que sufrieron Luciano Arruga o Santiago Maldonado.
La reconstrucción de lo ocurrido la noche del lunes en la colectora de la Ruta 3 comenzó con al menos dos partes contradictorios que recibió el Ministerio de Seguridad bonaerense; enseguida, los testimonios en la Justicia fueron desandando el denso camino de la masacre. En algún momento, un patrullero comenzó a perseguir al 147 que conducía Carlos Aníbal Suárez, de 22 años, misionero, que había llegado al pueblo pocas semanas antes. A esta altura se duda si se debió a que el auto eludió un control policial o si directamente salieron a cazarlo. Lo cierto es que a la altura del kilómetro 111, las víctimas chocaron contra el acoplado de un camión detenido en la colectora. El Fiat quedó destruido. El joven conductor y tres de los adolescentes que iban con él, Gonzalo Domínguez, de 14 años, Danilo Sansone y Camila López, ambos de 13, fallecieron en el acto. Una quinta ocupante, Rocío Guagliarello, de 14, resultó gravemente herida y pelea por su vida en el Hospital El Cruce, en Florencio Varela.
En un primer momento, la Bonaerense informó que habían «embestido» al camión porque «escaparon a toda velocidad» de un control policial, pero de inmediato aparecieron los testigos, uno que vio todo el desenlace fatal, la persecución, los disparos de los policías, y otros que decían haber escuchado los tiros en la noche, y que el agente que les tomó declaración ocultó como «estruendos», posiblemente de caños de escape provenientes de la ruta. Las primeras imágenes de las cámaras de seguridad, provistas por un empleado de la sala de Monitoreo, ya no dejaron dudas: por la ventanilla de uno de los móviles que perseguía a los chicos, se asoma un policía en posición de disparo. El intento de encubrimiento tuvo un último capítulo: dijeron que no era un arma sino una linterna.
El fiscal general de La Plata, Héctor Bogliolo, confirmó que uno de los chicos tenía una bala en un glúteo y que el auto tenía «orificios» de arma de fuego. Ocho policías fueron detenidos por el hecho. Cuatro de ellos fueron imputados por homicidio doblemente agravado por abuso de su función como miembros de una fuerza de seguridad y por el empleo de armas de fuego: el capitán Rubén García y los oficiales Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez. En tanto, Cristian Righero, José Domínguez, Juan Gutiérrez y la mujer policía Melina Bianco fueron acusados de falsedad ideológica y encubrimiento agravado, por redactar las actas policiales que tergiversaron las circunstancias en las que murieron los cuatro chicos. Así lo resolvió la jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia.
El ministerio que conduce Cristian Ritondo separó a los ocho y a otros siete policías que cumplían funciones en esa jurisdicción, entre ellos el superintendente de Seguridad Región Capital, comisario general Marcelo Corbalán; el jefe departamental de San Vicente, comisario mayor Óscar Osvaldo Frías; su segundo, comisario inspector Juan Carlos Sosa; y su par Mario Ángel Mistreta, jefe de la Policía Comunal de Monte.
Según describió el procurador bonaerense Julio Conte Grand, está probado que al menos dos patrulleros participaron de la persecución, y la hipótesis más certera es que fueron tres en el último tramo. Al menos tres de los policías dispararon contra el Fiat en el que viajaban los jóvenes. El proyectil alojado en uno de los cuerpos partió de la pistola 9 milímetros reglamentaria del oficial Monreal. Y las cápsulas recogidas por un vecino en el trayecto que recorrieron el Fiat y los móviles policiales, del mismo calibre, dieron positivo en la comparación que hizo la pericia balística con otra de las armas secuestradas a los detenidos, la de Gutiérrez. La figura del policía que dispara con medio cuerpo fuera del auto es la del capitán García, que iba como acompañante en el primer vehículo, conducido por Ecilape.
Circulan diversas versiones. Que los policías encubrían a una banda local dedicada al narcomenudeo y que de algún modo los chicos vieron un episodio de «transa» con drogas. Que a Aníbal Suárez, un joven sin antecedentes, ya le habían pedido una coima porque no tenía hecha la transferencia del auto, y que lo tenían marcado. Así lo aseguró su tío. También se aseguró que la policía quiso sobornar al camionero, que dormía y se despertó con el choque. Las cámaras de seguridad muestran al auto transitar desde el centro de la ciudad hacia la laguna, y luego las escenas finales, ya con un móvil detrás. El intervalo ciego no permite saber cuándo y cómo empezó la cacería.
¿Por qué murieron Aníbal, Gonzalo, Danilo y Camila? Acaso alguno de los acusados se quiebre y lo revele. Ayer, siete se negaron a declarar. Rocío, única sobreviviente, podría echar luz al episodio si se recupera de sus heridas.
Lo cierto es que este terrible caso «evidencia la violencia y la falta de profesionalismo de las fuerzas de seguridad y confirma las graves consecuencias de una política de seguridad que, además de ineficiente, viola gravemente los Derechos Humanos», como expresó en un documento la Comisión Provincial por la Memoria. «Se trata de un gravísimo caso de violencia policial que –tal como venimos sosteniendo– no es aislado, sino que se inscribe en prácticas y rutinas que asumen la violencia y la desprofesionalización como criterio rector».
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) agregaron que «estas muertes son consecuencia del endurecimiento de la política de seguridad y de los mensajes que alientan a que la policía dispare en cualquier circunstancia. La tolerancia y promoción de estas prácticas conducen a que el Estado mate y a que la policía nos imponga el miedo». «
