Esta tarde, el Presidente Alberto Fernández, solicitó por cadena nacional al bloque de legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, que “evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político”. De esta manera se refirió el primer mandatario a las maniobras para encubrir la reunión en la casa del británico Joe Lewis, donde Mauricio Macri fue el anfitrión; hechos que salieron a la luz tras ser publicados este domingo en la tapa de Tiempo Argentino.
Rápidamente el bloque del FdT recogió el guante, y elaboró dos proyectos de juicio político: el primero contra el Marcelo Silvio D’ Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad; y el segundo contra el Fiscal General de CABA, Juan Bautista Mahiques. En ambos casos solicitan que se forme “causa por comisión de delito y mal desempeño de sus funciones (…) según el procedimiento del juicio político previsto por los arts. 92 a 94 de la Constitución de la Ciudad”.
Entre los fundamentos del pedido de juicio político, destacan los grupos de chats de «Operación Pagina12” y “Donato contraataca” que, subrayan en los documentos: “confirman un entramado de jueces, fiscales, ministros y dueños de medios de comunicación dando verdadera dimensión de lo que significa el «lawfare» en la República Argentina”. Entre sus párrafos destacan la creación de una mesa judicial operando en la ciudad de Buenos Aires, con “cruces de mensajes criticando dirigentes, incentivando fraguar pruebas, armado de causas, detenciones arbitrarias, promesa de «hacer cagar» a funcionarios nacionales, etc., son solo parte de algunas de las líneas que dejaron transcender los chats del autodenominado ‘Grupo Huemul’”.
El pedido del juicio es “para saber si al aceptar un viaje en avión privado incurrieron en una falta ante la ley de ética pública porteña”, publicó en sus redes el diputado de la Ciudad, Juan Manuel Valdés. Para el legislador del FdT, la ley es clara en los artículos 52 y 53 al definir la prohibición de recibir obsequios, entre ellos, el pago total o parcial de gastos de viaje. “Los funcionarios deben dar las correspondientes explicaciones”, agrega Valdés.
Puntualmente, respecto al pedido de juicio político sobre Mahiques, el documento asevera que el Fiscal General formó parte de un grupo con otros funcionarios importantes de la ciudad, de la Nación y del anterior gobierno de Mauricio Macri, “con el fin de prefabricar y adulterar pruebas, inventar coartadas, incluso fabricar facturas “truchas” para demostrar que todo fue legal”. En el mismo sentido, según surge del grupo de telegram creado por Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto, bajo el nombre ‘Donatto Contraataca’, “con fecha 28 de Octubre mediante un audio en el cual el fiscal general afirmar haber intervenido en diversas cuestiones sobre el tema que se investiga, «el viaje de los Funcionarios a lago escondido» (sic) y agrega: “Muchachos les cuento la fiscal federal de Bariloche bien, buena predisposición, ofreció mandar la causa a Py y en su defecto pedir que lo llevemos nosotros o la empresa la factura del vuelo y eventualmente del hospedaje, con los que salieron en charter y en base a eso “Cerrarla”, si todos están de acuerdo avanzo con una de estas opciones”.
Respecto al mal desempeño en sus funciones de Marcelo D’Alessandro, los fundamentos, además, recorren algunas situaciones ocurridas en los últimos meses, que configuran la causal de “mal desempeño” y que, analizados en su conjunto, demuestran que ha utilizado a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para llevar adelante sus objetivos políticos; entre las que citan: la ocurrida a partir del lunes 22 de agosto, luego de los alegatos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, en el marco de una causa judicial que tiene como único fin continuar con la persecución a Cristina Fernández de Kirchner, donde “un grupo de personas se manifestaron en el domicilio de la misma con cánticos agraviantes y diversas amenazas hacia su persona. Dentro de estas personas se encontraban integrantes del grupo Revolución Federal, hoy procesados por el delito de intimidación pública”.
También destacan que “ese mismo día, la Policía de la Ciudad empezó con un despliegue represivo injustificado hacia aquellas personas que acompañaban a la Vicepresidenta”; que hubo policías apostados en los edificios que filmaban en todo momento, como sucedió en días anteriores, a cada uno de los manifestantes, “en flagrante violación a la ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y su modificatoria 27.126”; que más tarde comenzó un despliegue represivo “que llegó al punto de que un grupo de policías sin razón alguna agredieron y golpearon al Diputado Nacional Máximo Kirchner, presidente del PJ Bonaerense e hijo de la actual Vicepresidenta”.
