Un análisis de la historia permite observar que la mayoría de las personas que dirigieron la seguridad en los últimos 30 años han pertenecido o pertenecen a las fuerzas de seguridad. En ese sentido, el complot de la camaradería entre los diferentes uniformes es altamente probable.

Cabe destacar que el modelo de “Tolerancia Cero”, importado por Francia y Argentina y cuyo mentor es el ex jefe de policía de New York durante la administración del alcalde Rudolph Giuliani, William Bratton, está basado en un manual de seguridad vendido por la empresa “Phillips Security”, propiedad del mismo Bratton.

Giuliani fracasó en sus políticas de seguridad y eso lo llevó a la ruina, tras postularse como precandidato a presidente de Estados Unidos. El rechazo de los norteamericanos a sus políticas represoras le costó la carrera.

Mientras, en la Argentina hoy se insiste en utilizar esas políticas de intolerancia como una dictadura para los pobres. La técnica se llama “Racial Progiling”, que traducida al español significa “delito de portación de cara”. Dicha técnica fue repartida en gran parte de Latinoamérica durante el auge neoliberal.

El eje central en materia de Seguridad es el manejo idóneo o no idóneo de los funcionarios que las tienen que aplicar. Lo que hace falta son comités vecinales donde los ciudadanos participen y discutan las políticas de seguridad social.

No es casualidad que intenten destruir el concepto de “ciudadano” para remplazarlo por el de “habitante”. Porque el ciudadano reclama, exige sus derechos, hace política. Es por eso, que los referentes del poder punitivo aparecen luego en los medios de comunicación atemorizando a los ciudadanos para hacerles creer que hay que reforzar las fuerzas de seguridad y construir más cárceles.

El habitante sólo es un cliente pasivo del Estado, es decir, paga sus impuestos y no se queja, no reclama, no hace política, no cuestiona al sistema que opera con impunidad sobre las vidas de las personas en la sociedad civil. Por lo tanto, los habitantes son mucho más dóciles y manipulables que el ciudadano constituido con sus derechos y obligaciones.

Mientras sigan las mismas estrategias de seguridad, todo seguirá igual.

A las fuerzas de seguridad no les permiten armar sindicatos. Ellos no pueden discutir sus condiciones de trabajo. De qué ética, dignidad o moral les pueden hablar a personas que no tienen derecho a discutir sus condiciones de trabajo en una sociedad donde lo que prima es la relación capital-trabajo.

Patrullan la ciudad sin estar seguros de ellos mismos, y eso se traduce en el soborno y coima. La mayoría de las mujeres y hombres se mete en la policía porque no tiene otro trabajo, no por vocación, ni tampoco por amor a la Patria, y mucho menos por un compromiso social. Hay que educar a la policía.

Todo seguirá igual hasta que no se desmilitaricen las fuerzas de seguridad, y los servicios penitenciarios del país. De las cárceles las personas salen peor de lo que entran porque no recibe el tratamiento. Nadie se preocupa de lo que hacen los ex presidiarios cuando están libres. Es por eso que vuelven tan rápido y la residencia aumenta. El Patronato de Liberados es una institución empobrecida.

La criminología tiene que ser una disciplina que garantice los Derechos Humanos, donde se apliquen estrategias de prevención y de intervención; no estrategias para reprimir el delito una vez que ya ocurrió. Hay que conocer para luego ser capaz de prever. El trabajo de campo es fundamental.

Existe un mapeo social del delito, donde los sectores más desfavorecidos son estigmatizados y etiquetados como “los delincuentes, los malos, los salvajes, los negros, los pobres”, esos a quienes hay que reprimir. De algún modo se reafirma lo ya dicho por el socialista Alfredo Palacios, sobre que el Código Penal sólo se aplica a los pobres.