El fiscal Federico Delgado, que investiga la muerte de los cinco jóvenes en Costa Salguero, le pidió a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que la Policía Federal priorice el análisis de la prueba recolectada en la causa. “El primer paso del encubrimiento nace con el amontonamiento de efectos secuestrados”, indicó el funcionario en un duro dictamen que, según sus propias palabras, “debe ser leído como un llamado para evitar que la causa se transforme en la crónica de un encubrimiento anunciado”.

La solicitud de Delgado fue realizada al juez Sebastián Casanello el jueves pasado, un día después de que el magistrado citara a indagatoria a 28 sospechosos, entre ellos 19 prefectos, inspectores del gobierno porteño y Adrián Conci, el director de Dell Producciones, quien en las formalidades sería el organizador de la fiesta y que por consejo de su abogado Fernando Burlando, permanece prófugo desde el lunes.

A través de su escrito, el fiscal pretende que la ministra Bullrich le pida al jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, que sus subalternos pongan especial énfasis en “el escrutinio de las pruebas” y que “se respete el plazo judicial” que “debe ser de diez días”, para “avanzar lo antes posible sobre líneas investigativas aún no exploradas y evitar maniobras que tiendan a entorpecer el accionar de la justicia, cobrando especial relevancia el grado de influencia que podrían ejercer las personas investigadas”.

Delgado se quejó de que las fuerzas demoren el inicio de las pericias ya que una vez que las comienzan, suelen argumentar que “no tiene medios” para continuarlas. “Esto no puede pasar”, exigió el fiscal.

Tanto el fiscal como el juez, solicitaron a la División Apoyo Tecnológico y Apoyo Judicial de la Policía Federal Argentina que establezca los contactos de las agendas y el intercambio de mensajes de WhatsApp, Facebook, Twitter y que recuperen las fotografías almacenadas en todos los teléfonos celulares de las víctimas fatales, los jóvenes que aún permanecen internados y de los sospechosos.

Los investigadores también intentan rescatar la información de varios documentos que fueron eliminados de la papelera de reciclaje de decenas de computadoras portátiles y de escritorio, secuestradas en el marco de la causa; y verificar el contenido de unos 18 discos rígidos y unos cinco servidores de cámaras de seguridad.

En caso de que la fuerza policial no pueda llevar adelante estas pericias, Delgado sugirió que se dé “inmediata intervención a la Agencia Federal de Inteligencia”.

Esta no es la primera vez que la justicia sospecha de las fuerzas de seguridad. En la semana, Delgado consideró que hubo “connivencia o coordinación entre personal de seguridad privada contratada para el evento y el personal de Prefectura, que hicieron la vista gorda para que la fiesta continuara”.

El fundador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y experto en seguridad, Marcelo Saín le dijo a la radio AM 750 que en Costa Salguero «habrían actuado elementos de agencias internacionales, como la DEA, que está investigando la comercialización y el consumo de estas pastillas», al tiempo que aseguró que «es imposible» que la Policía Federal no estuviese al tanto de la venta de este tipo de droga sintética en una fiesta en la Ciudad.

Al cierre de esta edición, el juez Casanello decretó el secreto de sumario de la causa, suspendió todos los eventos de la empresa Dell Producciones y esperaba que Martin Gontad, conocido como el «Rey de la Electrónica», se presentara en tribunales para ser indagado.

Las fuentes consultadas creen que las sospechas en contra de Gontad sería el paso previo para dar con su socio de la movida electrónica en la Argentina, el abogado Víctor Stinfale (ver aparte), quien quedó expuesto y sería el hombre que está detrás de la organización de la fiesta Time Warp del sábado pasado.

Malcorra dijo que se trata de un problema mundial 

La tragedia –la muerte de cinco jóvenes– en Costa Salguero obligó a cambiar el discurso. En el marco de su exposición en la Sesión Especial de Drogas organizada por las Naciones Unidas en Nueva York, la canciller Susana Malcorra aseguró que lo sucedido en la fiesta Time Warp es «una clara muestra de cómo el flagelo de las drogas afecta a todos los países y personas sin ninguna distinción».

“Esta sesión –continuó– debe ser un momento clave para renovar y redoblar el compromiso político para hacer frente al problema mundial de las drogas”. En ese sentido, remarcó que “la herramienta imprescindible es la cooperación internacional» y destacó la necesidad de «fortalecer los órganos globales, regionales, políticos y técnicos especializados».

“Promovemos un enfoque integral y balanceado en el tema de la reducción de la oferta, la lucha lícita contra el tráfico de drogas y la reducción de la demanda”, explicó la canciller y consideró que “en el combate es clave evitar el desvío de precursores químicos por canales encubiertos y enfrentar otros delitos conexos como tráfico de armas y lavado de activos”. “Si no se ataca la cadena de financiamiento, nunca acabaremos la tarea”, agregó.

Por último señaló que hay que “colocar a las personas como centro de la política sobre drogas, sostenemos un cambio en la centralidad de la sustancia a la persona” y propuso “la inclusión social como elemento central”.

Stinfale: los negocios de un abogado mediático >

En la búsqueda de los responsables por la tragedia de Costa Salguero, un nombre empezó a imponerse sobre los demás: Víctor Stinfale. El primero en apuntar contra el mediático y polémico abogado fue el titular de Fundación La Alameda y legislador porteño Gustavo Vera.

“Stinfale tiene a su cargo la fabricación de Speed, y Andrea Fasano y Adrián Conci fabricaban el agua mineral trucha Block que se vende en estas fiestas. Esta banda tenía protección política y policial. Le vamos a llevar la documentación al juez Casanello para que investigue la responsabilidad de la empresa Dell Producciones y del gobierno de la Ciudad», explicó Vera.

Stinfale es organizador para América Latina de la Creamfields, una de las fiestas electrónicas más importantes del mundo, junto a Martín Gontad, productor de 2Net, quien recibió el IMS Pioneer Award 2014, el mayor galardón a la música electrónica en el mundo. Ambos manejan varias discos en Capital Federal y la Costa. eñaló que hay que “colocar a las personas como centro de la política sobre drogas, sostenemos un cambio en la centralidad de la sustancia a la persona” y propuso “la inclusión social como elemento central”.

Entre el  punitivismo y la connivencia

Opina Manuel Trufó, coordinador del CELS

Las muertes ocurridas en la fiesta Time Warp son consecuencia del enfoque que domina las políticas de drogas en nuestro país: una combinación de prohibicionismo, punitivismo y connivencia de las instancias de control con el negocio de las drogas ilegales. Este paradigma ha dado lugar a graves violaciones a los Derechos Humanos por parte de las agencias del sistema penal, con escasos resultados en la investigación y sanción de grupos criminales. Por otro, al exacerbar el prohibicionismo y agitar la condena moral del “flagelo de las drogas”, el Estado renuncia a desarrollar e implementar formas de control y regulación que podrían reducir los daños asociados al uso abusivo. Esta regulación queda en manos de mafias que en la búsqueda de ganancias no dudan en adulterar sustancias con resultados letales. Esta semana en la sesión de la ONU quedó en evidencia que el consenso internacional sobre el prohibicionismo y la “guerra a las drogas” se rompió. Muchos países impulsan cambios y nuevas formas de intervenir respetuosas de los derechos humanos. La Argentina no ha apoyado estos cambios, pero sí ha expresado su adhesión a una perspectiva de inclusión social que ponga en el centro a las personas y no a las sustancias. Para hacer realidad estas intenciones se debería corregir un presupuesto que destina casi todos los recursos a la dimensión punitiva.