El Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que conduce Carolina Stanley, abrió una licitación para la compra de 8.000 cajas de Misoprostol, la droga que permite la interrupción del embarazo de manera segura y no quirúgica, que serán distribuidas en hospitales y centros de salud de todo el país para ser utilizados en los casos habilitados por la ley, estipulados bajo la figura jurídica de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que existe en el país desde 1921.
La licitación se realizará por adjudicación directa al laboratorio Domínguez, que comenzó a producir la droga Misoprostol en octubre pasado, habilitado por la ANMAT.
La firma Domínguez producirá y venderá a farmacias la droga Misoprostol 200 gramos, el inductor de parto apropiado para la interrupción de los embarazos. Hasta ahora, las mujeres que debían acceder al ILE sólo podían comprar el Oxaprost 50, un medicamento indicado para problemas gástricos, pero que no se prescribe para interrumpir el embarazo.
Según se desprende del llamado a licitación el objetivo de la Secretaría de Salud a cargo de Adolfo Rubinstein es comprar 8.000 unidades. Cada unidad incluye los 12 comprimidos que se requieren para practicar un aborto medicamentoso. El Estado pagará $14.938.560 por los 8.000 tratamientos para llevar a cabo abortos de manera legal. De sostenerse ese precio – puede bajar durante el procedimiento, puede variar la cantidad que se compra o la licitación puede quedar desierta -, la Secretaría de Salud pagaría $1.867,32 por cada aborto en condiciones seguras.
