Susana Teseyra recuerda que en aquella oficina de la calle Finochietto, en la sede del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC), las manos le transpiraban a pesar del eficaz aire acondicionado, y que sólo pudo decir aquello que dijo frente al Directorio porque le salió de muy adentro. De las tripas o del corazón.

“Señores –así empezó–, estamos cansados de vivir mal, estamos cansados de no tener una vivienda digna. Somos familias que dimos vueltas por toda la ciudad en busca de un techo y que seguimos igual, durmiendo en una habitación, hacinados, sin baño ni cocina, con todo compartido, sin ninguna comodidad, criando a nuestros hijos en una vida traumática, porque el que vive en una pieza no tiene las comodidades dignas para que una persona se desenvuelva normalmente: los padres duermen con los hijos, no hay privacidad para nadie. Yo tengo hijos que se murieron sin tener una casa. Se murieron en una pieza. Por favor, ya no podemos vivir así”.

El lunes 23, a un año de aquel discurso, Susana –46 años, comerciante, madre de siete hijos vivos y tres muertos– firmó, en representación de la Cooperativa Brasil 1517, el acta que precisaba, mediante un crédito facilitado por el IVC, la compra del inmueble por el que había luchado –y resistido a más de un desalojo– durante casi una década. Después lloró, abrazó a cada integrante de las 20 familias que soportaron lo mismo que ella y sintió, al fin, que era feliz.

En el Hotel Edén, de Constitución, el administrador Pedro Gianetti González cobraba puntual el subalquiler de cada una de las 20 habitaciones –algunas con baño privado– hasta que en 2008, cuando el contrato caducó, decidió que era el momento exacto para fugarse dejando atrás un tendal de deudas y familias llenas de incertidumbre. Pese a la voluntad de los inquilinos de continuar el vínculo contractual sin intermediarios, la dueña de la propiedad comenzó el juicio por desalojo.

“Hubo gente que hizo negocios fraudulentos y vendió la pieza que alquilaba. Esa gente que entró no iba a poner más plata. En un momento éramos sólo cuatro familias las que le pagábamos a un abogado particular para frenar el desalojo, hasta que nos cansamos y no pagamos más”, recuerda Elba, otra de las “históricas” inquilinas.

Las familias del Edén continuaron sin defensor fijo, con intervenciones esporádicas de la Defensoría del Menor (había 17 chicos viviendo en el hotel, además de tres personas discapacitadas) que lograron dilatar los tiempos judiciales. Y a finales de 2015, ante el agravamiento de la situación, los inquilinos comenzaron un proceso de organización: realizaron asambleas semanales, difundieron la problemática en el barrio y sumaron a la lucha a diversas organizaciones políticas y sociales, como Patria Grande, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA) y Seamos Libres.

Sin embargo, luego de dos intentos de desalojo frenados, el Juzgado Nacional en lo Civil 34 dispuso una nueva orden que se iba a hacer efectiva a las 8 de la mañana del 15 de junio de 2016. “Sentíamos mucha angustia y miedo porque no sabíamos qué iba a pasar. El lugar se llenó de policías y la dueña hasta había contratado tres camiones de mudanza para llevar nuestras cosas. No sé adónde, porque no teníamos ningún lugar. Si nos sacaban íbamos derecho a dormir bajo los puentes”, cuenta Julia, una mujer de 64 años que vive en el Edén con su marido.

Para resistir, las familias montaron un festival con la participación de artistas y organizaciones populares, partidos políticos y asociaciones de lucha por la vivienda popular desde la noche del día anterior, que continuó con una vigilia para esperar en guardia a las fuerzas federales. “El juez –recuerda Susana– quería concretar el desalojo a toda costa, pero nadie quiso asumir el costo de los incidentes o heridos que podía haber. Ni el representante del IVC, ni el oficial de justicia, ni el comisario y mucho menos la dueña”.

Lo que sucedió finalmente fue la suspensión por 180 días del desalojo y, más importante aún, la firma de un acuerdo comprometiendo al Gobierno de la Ciudad a que diera una solución habitacional definitiva a las familias.

El convenio firmado por el IVC con la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano de Nación implica la construcción en ese predio de 16 unidades habitacionales correspondientes a cada una de las familias del Edén. En la calle Brasil hay entusiasmo, porque el arquitecto a cargo del proyecto se comprometió a visitarlos la próxima semana.

“Todavía hay muchos –destaca Julia– que están luchando por una vivienda digna. Para los pobres es muy difícil vivir en Capital: los alquileres son cada vez más caros, las pensiones y los hoteles no aceptan chicos o te piden un montón de cosas, ni siquiera alcanza con tener un recibo de sueldo. Nosotros somos privilegiados, un caso único, pero si hubiera habido desunión no hubiéramos conseguido nada”. «

Déficit habitacional crónico

Si bien la problemática de las personas y familias en situación de calle es muy visible, no hay cifras oficiales. El último dato concreto disponible es del año 2011, cuando se relevaron 872 personas viviendo en las calles porteñas. Estas cifras son inferiores a las registradas por las organizaciones sociales, que en 2014 estimaba que la población en situación de riesgo habitacional ascendía a 17 mil personas. Para ACIJ, la política pública para las personas en situación de calle involucra acciones parciales y transitorias, más orientadas a la atención de la emergencia que a la búsqueda de soluciones permanentes. Esto favorece la formación de círculos de vulnerabilidad, en los que las personas están expuestas de manera permanente a situaciones de riesgo habitacional.