Gritos, exigencias, tironeos, ironías, humillaciones, groserías y hasta insultos disimulados con argumentos «profesionales» son apenas algunas de las situaciones que viven las mujeres en el momento del parto. Esa pesadilla hecha realidad, que sucede día a día en diversas instituciones públicas y privadas fue reconocida por la Organización Mundial de Salud recién en 2014 como violencia obstétrica.
Se trata de una de las violencias más comunes: la que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres desde el sistema de salud, que tiene su máxima expresión en el trato deshumanizado pero también se reproduce en el abuso de la medicalización y la patologización del proceso de parto.
El año pasado, Agustina Petrella fue la primera mujer que se animó a iniciar un juicio por violencia obstétrica. La presentación judicial fue contra la neonatóloga, el obstetra, la obra social y la clínica en la que nació su hija en 2015. Antes del nacimiento de la nena, ella había presentado un plan de parto (contemplado en la Ley 25.929).
En la Argentina, la Ley de Parto Humanizado está vigente desde 2004 y fue reglamentada recién en 2015. Sin embargo, y a pesar de que es un país modelo en el tema, las situaciones de violencia se siguen repitiendo. «Hay una gran desinformación no sólo en torno a la violencia obstétrica sino también de la violencia de género», explica Julieta Saulo, fundadora de Las Casildas, una agrupación que se ocupa de generar dispositivos para visibilizar temáticas vinculadas a la violencia obstétrica, los derechos sexuales y reproductivos, y cuestiones de género.
«Cuando hablamos de violencia obstétrica nos referimos a la vulneración de derechos de las mujeres que vamos a parir. Pero este tipo de violencia también se da en situación de abortos, y además nos judicializan. Esto tiene que ver con la vulneración de derechos dentro de un sistema médico hegemónico», explica.
Para Saulo, la situación tiene que ver con la cosmovisión de los médicos. «Es un problema de los médicos. La medicina es el arte de curar y acá no hay nada para curar, nosotras las mujeres también crecemos con eso y tenemos que deconstruir esas creencias».
Las Casildas creó un Observatorio de Violencia Obstétrica con el objetivo de generar datos cuantitavos y cualitativos en torno a este tipo de violencia. Implementaron una encuesta en torno a la atención del parto y la cesárea con datos alarmantes. «Casi el 50% tuvo a sus hijos a través de una operación mayor, o nos olvidamos cómo se pare o somos víctimas de un sistema médico hegemónico patriarcal y verticalista que está cambiando el formato de nacimiento en nuestra cultura», finaliza Saulo.
Al respecto, la OMS también hizo su pronunciamiento, alertada por las altísimas cifras de cesáreas en diferentes países: en algunos alcanzó hasta un 90%, a pesar de que el organismo estipuló una cifra ideal entre un 10% y 15 por ciento.
Desde Las Casildas, el 13 de febrero se lanzó una nueva encuesta para recopilar datos acerca de las secuelas de la violencia obstétrica a la que se puede acceder en la página
La problemática atraviesa clases sociales e instituciones, la diferencia que se puede establecer se vincula a que en los hospitales públicos prevalece el maltrato verbal mientras que en las instituciones privadas, la medicalización y las cesáreas.
En la provincia de Buenos Aires, el Observatorio de Violencia de Género tiene estipulada la recepción de los casos que (se pueden realizar en el sitio
Dice la ley de parto humanizado (25.929)
Reconoce el derecho a ser informada sobre las intervenciones médicas; ser tratada con respeto, garantizando intimidad; protagonizar el propio parto; un parto natural evitando prácticas invasivas y el suministro de medicación; ser informada sobre la evolución del parto y el estado de salud del bebé; elegir quién va a acompañarla durante el trabajo de parto, parto y postparto, tener el bebé al lado durante la permanencia en el establecimiento.
¿Cómo denunciar?
Se puede recurrir a la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (Consavig), que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El trámite es gratuito y sólo se necesita la presentación de una nota (se puede descargar el modelo en
