Ochocientos millones de pesos invirtió la Ciudad en su moderno Centro de Exposiciones y Convenciones (CEC). Pero será explotado por una empresa privada, aunque no todavía. Transcurridos 20 meses de la finalización de la obra, el enorme predio ferial de 28 mil metros cuadrados construidos en tres plantas permanece ocioso. El próximo jueves, sin embargo, albergará su primera convención, organizada por el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología porteño, la cartera que conduce Andy Freire, hoy ministro y primer candidato a legislador porteño por Vamos Juntos pero hasta hace poco menos de dos años exdirector de IRSA, precisamente una de las empresas beneficiadas con la concesión.

La Smart City Expo Buenos Aires reunirá del 28 al 30 de septiembre a 591 expositores, en su mayor parte urbanistas y funcionarios municipales de todo el orbe, entre ellos Aníbal Gaviria, exalcalde de Medellín, y Michelle Greenwald, CEO de Inventours –una firma que organiza «safaris» en busca de experiencias innovadoras–, y se espera que la visiten 17 mil personas. Desde Modernización describen la feria como una oportunidad para «poner en común ideas y soluciones en materia de tecnología e innovación que permiten abordar los grandes retos urbanos de esta época».

Será el primer evento oficial que reciba el CEC, adjudicado para su explotación por un plazo de 15 años –el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta pretendía que fueran 30 pero la jugada no pudo sortear el escollo de la Legislatura– por la UTE que integran La Rural SA, OFC SRL, Ogden Argentina y Entretenimientos Universal Argentina SA IRSA posee el paquete accionario mayoritario de Ogden y participación en las otras empresas. El vasto predio de Figueroa Alcorta y Pueyrredón tiene el potencial para convertirse en la principal sede para congresos y convenciones en el país. Sin embargo, los concesionarios aún no tomaron posesión del CEC. Los planos de obra permanecen en poder de la Dirección General de Obras y Catastros, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, y serían entregados al finalizar la Smart City Expo. Sólo entonces diseñarían el plan de inversión, que según el contrato supone una erogación de 4 millones de dólares. La fecha de entrega a los privados de las llaves del CEC no es un dato menor: determinará si los tres días que dure la feria se cuentan entre los 45 días anuales de uso sin cargo que el contrato de concesión otorga a la Ciudad.

También en ese momento los concesionarios comenzarán a pagar el canon mensual, en una operatoria muy ventajosa. Si bien fue fijado en $ 1.411.000 por mes, durante el primer año la UTE sólo pagará el 25% del total; durante el segundo año de concesión, 35%; en el tercero, 55%; y 80% en el cuarto. Recién en el quinto año deberá pagar la totalidad del canon. En rigor, la suma que la Ciudad le cobraría durante los primeros 22 meses es irrisoria. Ocurre que las obras por la nueva traza de la Autopista Illia generarían un «impacto comercial» que les permitiría a los concesionarios del CEC, gracias a un decreto firmado por Rodríguez Larreta en abril, pedir una rebaja del 50% del canon. Gonzalo Robredo, director ejecutivo del Ente de Turismo de La Ciudad, explicó que «el concesionario debe demostrar fehacientemente que la construcción lo perjudica comercialmente por ruidos, reducciones de accesos, o lo que fuera». De ese modo, durante el primer año, los privados podrían pagar un canon mensual de apenas 175 mil pesos, poco más de lo que se cobra por alquiler de un solo local en una buena ubicación de Recoleta o Palermo Soho.

Freire, director rentado de la desarrolladora IRSA hasta noviembre de 2015, participó del proceso licitatorio del Centro de Exposiciones y Convenciones, aun cuando la presentación de la UTE ganadora, única oferente, ya había sido realizada, el 28 de abril. Recién dos meses después, el 22 de junio, se excusó de participar de la evaluación, luego de que el auditor porteño Facundo Del Gaiso pidió que, en cumplimiento del artículo 11 de la Ley de Ética Pública, Freire se excusara de «tener injerencia en cualquier acto administrativo donde esté IRSA, ya que bajo su órbita tiene la Dirección de Concesiones». Otro conflicto de intereses en el oficialismo que se diluirá en amenas disquisiciones sobre «ciudades inteligentes». «