A pesar de la pandemia y de ese calvario llamado 2020, un boom verde avanza por territorio bonaerense. A 45 días de la nueva reglamentación de la Ley de Uso Medicinal del Cannabis a cargo del gobierno nacional, se multiplican los municipios que regulan el uso público de la planta: al menos doce ya presentaron sus propias normativas.
El 12 de noviembre el gobierno nacional reglamentó la Ley Nº 27.350, autorizando el autocultivo de cannabis con fines medicinales, a través del Registro del Programa de Cannabis, y también para el fomento de la investigación. El enfoque pasó a ser científico y sanitario, otorgándole al médico “un rol fundamental”. Las obras sociales y prepagas deben garantizar el acceso y el Estado debe asegurar la provisión gratuita de derivados de la planta cuando haya una indicación médica de por medio.
La Provincia de Buenos Aires fue una de las primeras en adherirse, y busca aprobar un proyecto propio para fomentar la producción pública y privada con fines medicinales, terapéuticos e industriales, y habilitar el cultivo personal controlado, a pesar de que el secretario de Seguridad, Sergio Berni, destaque detenciones a cultivadores. No es casual la iniciativa. Dentro del territorio, desde el primer cordón del Conurbano hasta partidos fuertemente rurales, ya había numerosos municipios avanzando en el mismo camino, que ahora vieron la posibilidad de pasar a la legalidad.
Pioneros
Menos de 10 mil personas viven en General La Madrid. Ubicado a 450 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, se transformó en los últimos años en un ícono del cannabis medicinal en la Argentina. Desde 2014 el municipio decidió impulsar el uso medicinal de la planta atendiendo las demandas de usuarios y pacientes, pero no podía hacerlo solo. La pata científica fue fundamental, incluso hasta hoy, que trabajan con profesionales del Conicet, el INTA, y las universidades de La Plata y Mar del Plata. Desde el principio de esta historia colectiva sobresalió un nombre: Marcelo Morante. Médico, investigador de la UNLP. Su hermana, Mariela, sufría violentos episodios de convulsiones. Cuando conoció el cannabis empezó a mejorar notoriamente. Lo contó Marcelo frente a los vecinos en 2015, al volver al pueblo para una charla. El auditorio, emocionado, clamó por el cannabis medicinal. Al poco tiempo el Concejo Deliberante votó una ordenanza para exigirle al Congreso que despenalizara el uso medicinal y promoviera la investigación. El presidente del Concejo en ese momento era Carlos Morante, tercer hermano de Marcelo.
Hoy La Madrid se encuentra en la etapa final para dar vida a un espacio de 80 por 45 metros dentro del Parque Industrial con doble alambrado eléctrico, iluminación, cámaras, ingresos biométricos y custodios. Adentro producirán plantas de cannabis de manera legal, en base a dos semillas específicas con alto contenido de CBD y bajo en THC. En cuestión de días se convertirán en el primer Municipio que cultive y produzca aceite. “Tenemos un predio con un fuerte sistema de seguridad porque hay que cuidar al cannabis de nosotros, y no que la sociedad se cuide del cannabis”, enfatiza el intendente, Martín Randazzo en diálogo con Tiempo, y se muestra entusiasmado con la reglamentación reciente de la Nación: “Nos parece un gran avance y mejora la calidad de vida, con una muy buena síntesis entre la salud y la ciencia. Está pensada para las personas que sufren, y cómo tratar el dolor. El Estado estaba ausente, la ley de 2017 no era buena. En este país empobrecido y con falta de trabajo hubiese sido suicida comprar el aceite de cannabis importado. Sobre todo teniendo la posibilidad y las tierras para hacerlo nosotros. Y encima nos genera ingresos y puestos de trabajo”.
San Martín fue uno de los primeros municipios en adherirse a la Ley Nacional. En la última sesión de 2020 aprobaron una ordenanza para regular el autocultivo con fines medicinales, terapéuticos o paliativos. Incorporarán los derivados de la planta al sistema municipal de salud para el tratamiento de enfermedades, y además avanzan en la autorización de cultivos comunitarios y convenios con el INTA y el CONICET para la investigación. Crearán el “Programa de acompañamiento integral a pacientes y familiares usuarios de la planta de cannabis y sus derivados”, y un Registro Municipal de pacientes: con la patología prescripta por un médico, y de manera confidencial, la persona podrá ser usuaria de aceite y derivados.
“Es una construcción colectiva. Llevamos un año trabajando con las asociaciones de usuarios y familiares, cultivadores solidarios y profesionales de la medicina”, comenta Mercedes Contreras, subsecretaria de Derechos Humanos de San Martín. Y agrega: “Nuestro proyecto abarca cada una de las instancias relacionadas al cannabis, en relación a la investigación, el cultivo, la producción, el traslado, la siembra, el guardado de las semillas, y el cuidado y protección de todos y todas las que están involucradas en el proceso. El Estado con esto dará respuesta a demandas de muchos años para mejorar la calidad de vida, porque hasta ahora el Estado lo que hizo fue perseguirlos, incluso mandarlos a la cárcel”.
Una búsqueda esencial es que el cannabis medicinal no sea usado solo para epilepsia refractaria, como lo dictaminaba la ley original. La mayoría, como Tigre por ejemplo, amplían el rango a patologías que van desde cáncer, HIV y autismo hasta parkinson, glaucoma y estrés postraumático. “Un nuevo tiempo comienza para trabajar en el desarrollo de este proyecto de salud”, expresó el intendente de Castelli, Facundo Echarren, el 19 noviembre. Minutos antes, el Concejo Deliberante de esa localidad rural de 8200 habitantes en la zona de la Bahía de Samborombón, había aprobado por unanimidad la ordenanza que regula el cultivo. La idea de Echarren es plantarlo en 27 hectáreas fiscales, atendiendo a la demanda de ciudadanos, especialmente los adultos mayores. Para eso también fue clave que la comunidad conociera historias de vecinas y vecinas que necesitaron y probaron cannabis medicinal, con cambios comprobados en sus síntomas y disminuciones de dolor. Escuchar a otros y animarse.
Para producir en esas 27 hectáreas crearon durante julio, en plena pandemia, la primera empresa mixta municipal de cultivo y procesamiento de cannabis medicinal, con mayoría estatal, que incluye plantaciones indoor y exteriores. En el parque industrial destinarán dos lotes a una planta de procesamiento. “Hay un mercado negro que asusta. Tuvimos varios llamados de actores del sector privado. Nos propusimos ponernos a la vanguardia. Y esta es una gran oportunidad porque sustituirá un sector de la oferta farmacéutica”, se entusiasmó. «
En Tornquist, el pueblo frenó la persecución
Coronel Rosales, Rivadavia y San Vicente, con un área de Cultivo Comunitario Municipal de Cannabis Medicinal e Investigación Científica, son otras localidades del interior bonaerense que avanzaron. También en Las Flores, donde la Agrupación Cannábica habla de la nueva norma local como “un gran paso para derrumbar todos los prejuicios”. Y acotan: «El cannabis hace más de 3000 años que se usa con fines medicinales».
En marzo, el pequeño Tornquist vivió tiempos convulsionados. Un hombre de 67 años y una mujer de 65 usaban cannabis en su lucha contra la fibromialgia. El fiscal Mauricio Del Cero impulsó allanamientos en esos días. Cayeron detenidos por tener diez plantas. Otros usuarios, alarmados, buscaron ayuda en los concejales Cristian Reising y Federico Labarthe (fotos), quienes decidieron llevar las plantas de los vecinos a la sede local del INTA, donde había trabajado Labarthe. En ese momento arribó Gendarmería. Prisión para los concejales. Movilización popular, inédita en un pueblo más bien callado y de secretos guardados. A los tres días los liberaron, aunque la causa permanece abierta, incluso con teléfonos y computadoras del INTA secuestradas. “La movilización tiene que transformarse en algo”, se dijeron, y entonces presentaron proyecto de ordenanza para habilitar el autocultivo con fines medicinales, crear un Consejo Asesor que entrega licencias ante recetas médicas, e incentivar la producción estatal y el servicio público de medición de aceites. Hace un mes abrieron la inscripción para el Registro de Usuarios de Cannabis con fines medicinales.
De la investigación a la creación de más empleo
El Ejecutivo bonaerense busca legalizar el cultivo personal controlado en hogares y sedes de agrupaciones cannábicas, la investigación científica, la producción pública y privada, la importación y exportación, la creación de un banco de semillas y de genéticas de la planta, y la distribución gratuita en hospitales y centros de salud. Para esto se creará la Agencia Provincial de Cannabis (APC), una entidad autárquica que dependerá del Ministerio de Gobierno que maneja Teresa García.
En el Gran Buenos Aires, Lomas de Zamora, Florencio Varela y Berazategui ya avanzaron. En la mayoría de los casos, las intendencias dieron sus primeros pasos ante el pedido de asociaciones. Es el caso de Hurlingham con el impulso de Annanda Cultiva para que el Municipio produzca cannabis medicinal, y Florencio Varela con la ONG Colectivo Cannábico Solidario Flores de Libertad. La Plata, Ituzaingó, Avellaneda, Morón y Tres de Febrero son otros que mencionaron la intención de seguir el mismo camino.
Al aspecto sanitario, los intendentes le agregan otro punto clave en sus distritos, castigados por cuatro años de macrismo y uno de pandemia: la creación de empleo genuino y mayores ingresos a las arcas municipales.
Dos meses antes de la reglamentación nacional, el Concejo Deliberante de Tigre aprobó un proyecto –impulsado por Mamá Cultiva y Cannabis Medicinal Argentina, y trabajado con investigadores del Conicet y el INTA– que crea el Registro de Cultivadores Solidarios, Cannabicultores y Familias del Cannabis y sus derivados. Uno de sus autores, Javier Parbts, sostuvo que «el primer paso es el cultivo solidario, el segundo es avanzar con la producción para la investigación, y luego volver a tener un Delta productivo».
